Jorge Castillo deberá permanecer bajo arresto mientras se lleva a cabo su juicio.
Dictaron la prisión preventiva para el rey de La Salada
El juez de Garantías 3 de Lomas de Zamora, Gustavo Gaig, dictó la pidió la prisión preventiva del empresario Jorge Castillo, conocido como "El Rey de la Salada", al considerarlo líder de una asociación ilícita que amenazaba y extorsionaba a puesteros en los alrededores de esa feria de la localidad de Ingeniero Budge, informaron hoy fuentes judiciales.
La medida, dispuesta ayer por la tarde y que había sido solicitada por el fiscal Sebastián Scalera el 21 de julio, también alcanzó a otros 22 imputados incluídos en el expediente y a quienes se acusa de ser "miembros" de la organización delictiva con distintos niveles de importancia. Esta decisión del juez implica que todos continuarán detenidos, excepto dos de ellos, a quienes se les dictó la falta de mérito y recuperaron la libertad.
Respecto de Castillo, además de acusarlo de ser uno de los jefes de la organización, el fiscal le imputó la "tentativa de homicidio" de uno de los policías que lo fue a detener el 21 de junio último a su casa, ubicada en un country del partido de Luján.
Un gran operativo se montó para la detención del Rey de la Salada.
Es que el dueño de "Punta Mogote", una de las tres ferias habilitadas que funcionan en La Salada, se resistió a los tiros cuando los efectivos se presentaron en su vivienda e hirió en la cara a uno de ellos. Además de Castillo, en el marco de la causa seguirán detenidos sus sobrinos, Adrián y Leandro; su hermano Hugo y su cuñada, Gladys Arrieta.
También continuarán en prisión cuatro efectivos: Orlando Fasone, subcomisario de la División Narcotráfico de Lomas de Zamora; Pablo Randone, cabo primero de la Policía Federal asignado a la División Custodia de Funcionarios, y los oficiales de la Policía bonaerense Orlando Fernández y Héctor Esteban Peralta, alias "Taco", quien prestaba servicio en la Jefatura Distrital Norte del mismo partido del sur del conurbano.
Esta causa comenzó en abril de 2015, cuando tras un desalojo se determinó que un grupo tenía el control de miles de puestos callejeros que funcionaban afuera de los tres predios habilitados, Urkupiña, Cooperativa Ocean y Punta Mogote, este último administrado por Jorge Castillo.
Jorge Castillo, con prisión preventiva.
La pesquisa avanzó y se estableció que explotaban de manera ilegal los puestos, cobraban un canon a los feriantes para poder permanecer en el lugar y otros montos por seguridad, limpieza, estacionamiento, además de un bono contribución.
Todo era realizado bajo amenazas y, en caso de que no se pudieran concretar los cobros, los feriantes eran golpeados, al tiempo que los miembros de la organización que actuaban como "seguridad" atacaban a las denominadas "mecheras" que descubrían robando en el predio sin previamente "arreglar" con ellos.
Según videos que constan en la causa, a las mujeres las llevaban a galpones, las hacían desnudar y las azotaban con cinturones.
