A pesar del enojo de vastos sectores de la sociedad, el fallo del juez Daniel Rafecas era predecible. Qué opinan los juristas y cómo sigue el curso de la denuncia.
Cómo y por qué Rafecas desestimó la denuncia de Nisman contra CFK
Hace unos meses, el juez federal Daniel Rafecas sorprendió a propios y ajenos al decidir la desestimación, con duros argumentos, de la denuncia que el fallecido fiscal Alberto Nisman había confeccionado en contra de la expresidenta Cristina Kirchner, por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.
En lo formal, el magistrado decidió no dar curso al requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita que había pedido abrir una causa contra la expresidenta de la Nación y el excanciller, Héctor Timerman, entre otros involucrados.
Según Rafecas, en la denuncia de Nisman "no hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la ex jefa de Estado respecto a una instigación o preparación (no punible) del gravísimo delito de encubrimiento por el cual fuera no sólo denunciada sino también su declaración indagatoria requerida, delito que, además, y como ya expuse previamente, no existió, en ninguna de las dos hipótesis planteadas (por el fiscal Pollicita)”.
La resolución del juez ostenta más de 60 carillas y echa por tierra muchos de los argumentos utilizados por Nisman para fundar su denuncia, principalmente el corazón de la misma. Esto es, que el Memorándum con Irán por el tema AMIA era una herramienta ofertada por el Gobierno Nacional para desvincular a los sospechosos iraníes de perpetrar el atentado. Para Rafecas, "el presunto delito nunca se cometió".
Al mismo tiempo, el juez puso el foco en las Alertas Rojas de Interpol, también para desestimar la argumentación de Nisman: "La evidencia reunida, lejos de sostener mínimamente la versión fiscal, la desmiente de un modo rotundo y lapidario, llevando también a la misma conclusión de la inexistencia de un delito".
Sobre la base de lo mencionado, Rafecas argumenta que no es posible dar inicio a un proceso penal "por cuanto no sólo dejan huérfano de cualquier sustento típico al hecho descripto como una supuesta maniobra de 'encubrimiento' y/o 'entorpecimiento de la investigación' del atentado a la AMIA destinado a dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní, sino que por el contrario, tales evidencias se contraponen de modo categórico al supuesto 'plan criminal' denunciado".
Finalmente, el juez hizo hincapié en las supuestas evidencias contra Cristina Kirchner: después de un análisis de rigor de la documentación y de las escuchas telefónicas —de las cuales no surge la intervención de ningún funcionario nacional—, Rafecas concluyó: "No hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la otrora jefa de Estado respecto -aunque sea- a una instigación o preparación (no punible) del gravísimo delito de encubrimiento por el cual fuera no sólo denunciada sino también su declaración indagatoria requerida".
Para Rafecas, de las escuchas que aparecen en la denuncia no surge "una sola mención, una sola referencia, una sola gestión, una sola participación, ni del Canciller argentino, ni de absolutamente nadie de la cartera que conduce".
Opinan los juristas
A fines de enero del año pasado, diario La Nación decidió consultar a algunos de los juristas que más conocen sobre derecho penal a efectos de analizar la presentación que Nisman preparó contra Cristina Kirchner.
Según los especialistas, se trata de un relato verosímil y hasta bien escrito, “pero para el mundo del derecho, la prosa no es todo. Las 290 páginas que escribió el fiscal Alberto Nisman, mediante las que denunció a la expresidenta Cristina Kirchner por encubrir a Irán en la causa AMIA, podrían encontrar varios escollos a la hora de transitar el duro camino de la prueba ante un juez federal”.
La abogada penalista María Eugenia Talerico explicó al mismo matutino que este delito -artículo 277 del Código Penal- “requiere realizar acciones concretas tras la comisión de un delito, ejecutado por otro y en el que no se hubiera participado (de otro modo se es autor o partícipe), para eludir la investigación de la autoridad o sustraerse de la acción de la Justicia”.
"El fiscal hace un pormenorizado relato de cómo sucedieron las cosas. Pero parte de una premisa que, desde mi punto de vista, no es tal. Dice que el Memorándum implicaba per se la impunidad de los acusados iraníes en la causa AMIA, y ello no es así", dice Talerico. Ese documento implicaba formar una Comisión de la Verdad, que si bien fue criticada con sólidos argumentos por la oposición en el Congreso, la sola aprobación no llevaba consigo la impunidad.
"Si esto fuera un encubrimiento, ¿no deberían estar acusados todos los diputados que votaron?", se preguntó ante La Nación un juez penal que prefirió no revelar su nombre. "Siguiendo la línea Nisman, es decir, que la aprobación implicaba impunidad, deberían estarlo, ya que fueron parte fundamental para que el acuerdo sea operativo."
Ese mismo magistrado consideró que otro punto para mirar con detenimiento es el andamiaje de pruebas, que en este caso se construye sobre escuchas telefónicas. "Si están legalmente ordenadas por un juez competente, son una prueba como cualquier otra", dijo el abogado penalista Gonzalo Díaz Cantón al mismo diario.
Luego, La Nación pone el foco en algo harto relevante: “Poco quedaría en pie de la acusación de Nisman si las escuchas se desplomaran. Claro que, como se informó oficialmente, existen 19 CD que contienen 967 discos comprimidos con las escuchas. Allí quizás haya más material para aportar a la causa. Por ahora, lo que está transcripto en la denuncia son tramos cortos, la mayoría de los cuales ya trascendieron”.
El tema de las escuchas de Nisman es todo un dogma de fe: a pesar de que todos hablan con naturalidad de que existen 900 horas de grabaciones, ello no está probado más que por lo que alguna vez dijo el fiscal.
Todo indica que alguien le acercó las “desgrabaciones” —el contenido escrito de lo que estaría registrado— y le habría prometido darle los audios respectivos. Ello nunca ocurrió. Lo poco que existe es parte de lo que se conoció en su momento: unas pocas horas donde se puede escuchar al siempre polémico Luis D’Elía.
Sigue La Nación con su consulta a juristas: Juan Pablo Vigliero, penalista del estudio Casal, Romero Victorica & Vigliero, dice que la prueba de las escuchas tiene un riesgo. "Las circunstancias o el hecho que se intente probar no pueden ser fruto de un medio probatorio ilegal".
Con una prueba nula, el camino sería llegar al mismo resultado por otra vía distinta que, obviamente, esté a derecho. "Un acto ilegal no puede rendir frutos", resume Vigliero.
Díaz Cantón vuelve a opinar: hay que tener en cuenta que en las conversaciones no están las voces de funcionarios públicos, sino que se escucha a emisarios que hablan, llevan y traen mensajes oficiales. Bien podría sostener Luis D'Elía que sus dichos se tratan de mentiras. "Podría decir que quiso pasar por alguien que tenía prerrogativas e instrucciones del Gobierno, pero que se cortaba solo", dice el abogado.
Y culmina Talerico que una cosa es que el acuerdo sea inmoral, irritante, ofensivo a la identidad nacional o inconstitucional, "pero de allí a asegurar la existencia del delito de encubrimiento, con base en la construcción probatoria de la denuncia, quizá resulte un exceso".
En las últimas horas, otro de los que opinó a favor del escrito de Rafecas fue el exministro de Justicia bonaerense, León Arslanian: "El fallo de Rafecas está seriamente fundamentado”, dijo al portal Infojus.
A ello agregó: “Estoy totalmente de acuerdo con la resolución”, opinó el jurista después de leer el texto de 63 carillas. En el escrito, Rafecas plantea que no hay delito: ni siquiera entró en vigencia la Comisión por la Verdad, nunca se pidió la baja de las alertas rojas".
Lo que sigue
Gerardo Pollicita ya anticipó que apelará el fallo dentro de los tres días que dispone el Código Procesal Penal de la Nación e insistirá en la denuncia que originalmente hiciera Nisman.
Para ello, el fiscal recurrirá ante la Cámara Federal para que revea la decisión de Rafecas. Ese cuerpo puede confirmar la resolución u ordenar que se investigue la denuncia y se avance con las medidas de pruebas pedidas por el fiscal.
Por lo pronto, tal cual anticipó el Post a mediados de enero de 2015, la desestimación era algo esperable frente a lo endeble de la denuncia de Nisman. No se trata de algo nuevo ni novedoso: así de débil fue casi todo el trabajo que el fiscal llevó adelante en los diez años que estuvo al frente de la causa AMIA, mal que le pese a más de uno.
Sus escritos, manoseados por el ex SIDE Antonio Stiuso y supervisados por la embajada de Estados Unidos, son un cúmulo de datos sin asidero concreto. Wikileaks no miente.
Es bien cierto que Nisman era de hacer declaraciones rimbombantes, siempre, pero jamás nadie le pidió la evidencia que sostuviera sus dichos.
Por eso, se vio sorprendido cuando hizo la denuncia contra Cristina: jamás pensó que sería convocado al Congreso de la Nación para confirmar sus dichos.
Nunca se sabrá qué es lo que iba a decir cuando estuviera en el parlamento, aunque está claro que sus contradicciones lo acompañarán más allá de su desaparición física.
Por caso, Rafecas reveló que en su caja fuerte aparecieron una serie de papeles firmados por el propio fiscal donde destacaba como "positiva la política del gobierno nacional".
"Se agregaron al expediente dos documentos idénticos recientemente presentados y firmados por Alberto Nisman en diciembre de 2014 y enero de 2015, en donde no sólo no hace ningún tipo de alusión a la inminente o consumada presentación de la denuncia en contra de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, sino que, a lo largo de sus páginas, presenta una postura diametralmente opuesta", indicó el magistrado.
Esos escritos contrastan con las duras palabras pronunciadas por el propio Nisman el 15 de enero pasado en Canal TN —tres días antes de morir— donde aseguró que Cristina Kirchner terminaría presa.
Las contradicciones del fiscal especial de la causa AMIA eran parte de su propia personalidad. Sin embargo, ello no debe opacar la investigación independiente que debe hacerse respecto de las circunstancias que rodearon su dudosa muerte.
De una u otra manera, el gobierno de Cristina aparece implicado, ya sea contaminando la escena del hecho, ya sea entorpeciendo la labor judicial.
Sea como fuere, más tarde que temprano, la propia expresidenta tendrá que dar las explicaciones del caso.