La UNCuyo en medio de otro escándalo, ahora en Ingeniería

Decir que la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) no es pródiga en escándalos, es una verdad de Perogrullo.

Esta misma semana, el Post publicó las últimas novedades respecto del expediente que investiga la compraventa de materias en la Facultad de Ciencias Sociales, donde quedó claro que la Justicia solo parece decidida a mirar hacia un solo costado, el de los alumnos, y no hacer lo propio con los responsables de esa casa de estudios.

Es que, como ya contó este diario, seis alumnos fueron imputados mientras que el director de Alumnos fue beneficiado con una oportuna falta de mérito. La corrupción funciona en este caso de un solo lado: están quienes pagan, pero parece complicado encontrar a los que cobran.

En esta nueva entrega, la cuestión roza a la Facultad de Ingeniería, en el contexto de un hecho que ya fue mencionado por el Post en diciembre del año pasado y que involucra al mismísimo decano, Daniel Santiago Fernández, acusado de falsificación de documentación pública, un delito federal.  

Todo, de acuerdo a evidencia que publicó este diario, nace de las severas incompatibilidades en el desempeño de su tarea como profesional docente en la UNCuyo.

Para entender la cuestión, debe mencionarse que Fernández ostenta simultáneamente una dedicación exclusiva en esa casa de estudios y al mismo tiempo presenta tres dedicaciones simples como profesor titular de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Mendoza (UTN FRM). Entre todo lo que hace, el decano suma 70 horas semanales, lo cual viola la reglamentación vigente: se trata de las ordenanzas 28/2000CS y 12/2000R.

Ciertamente, no se trata de ningún secreto: en el año 2014 el entonces rector de la UNCuyo, Arturo Somoza, presentó una solicitud de investigación respecto de la figura de Fernández. Lo hizo con total reserva, pero lo hizo.

Esa solicitud generó a su vez la Resolución 1.599 del 15 de mayo de 2015, emitida por el actual rector Daniel Pizzi, en la que resuelve "instruir información sumaria a fin de comprobar la existencia de los hechos denunciados". Lo curioso es que ese pedido no ha tenido dictamen alguno a la fecha.

Ver además: Escándalo en la UNCuyo, ahora Ingeniería

No obstante, lo más interesante es que, luego de que el Post publicara los detalles del escándalo en diciembre pasado, el Ministerio de Educación de la Nación le pidió a la UNCuyo que actúe en consecuencia. Fue a través de la nota SPU/DNPEIU N° 000157/16 de la Dirección Nacional de Presupuesto e Información Universitaria, dependiente de la Secretaría de Política Universitaria.

Luego de que la universidad recibiera la nota, ocurrió algo inédito e insólito: la propia UNCuyo le pidió al decano cuestionado —Fernández— que regularice la situación de los docentes a su cargo que presenten incompatibilidades… ¡dentro de cuyo listado se encuentra él mismo!

Como publicó este diario en la nota ya referida, la del año 2015, el decano de Ingeniería presentó en su momento una declaración jurada apócrifa, donde omitió mencionar que ostenta tres cargos en la UTN FRM. No fue casual: si lo hubiera mencionado, hubiera superado la máxima dedicación que puede tener un docente, que es de 50 horas a la semana.

Tal vez ello explique por qué, hasta el día de hoy, Fernández no presentó su nueva DDJJ.

Ver además: Compraventa de materias en la UNCuyo

Frente a lo dicho, dentro de la Facultad de Ingeniería hay sobrada inquietud. Por caso, una agrupación que se autodenomina “Asociación Ética y Transparencia”, que en su momento alertó a Pizzi sobre lo sucedido, ha prometido contar detalles escandalosos de lo que sucede en esa casa de estudios en torno a la figura de Fernández.

Se trata de la misma agrupación que en su momento le hizo saber al rector de la UNCuyo que el falseamiento de la DDJJ del decano de Ingeniería configuraba una “falta grave a la ética y una ofensa hacia la Institución Pública Universidad Nacional de Cuyo, es decir un funcionario público del más alto rango que debería ser modelo a seguir por docente y personal”.

A través de una dura misiva, los denunciantes aseguraron a Pizzi que “la declaración jurada obligatoria fue falseada en lo sustancial por omisión y como lo establece el artículo 13 de la ordenanza 28/2000CS, la falsedad de la información presentada dará lugar a la realización de los sumarios correspondientes pudiendo ello ser causal de juicio académico”.

Si lo antedicho puede parecer escandaloso, debe mencionarse que hay mucho más. De acuerdo a documentación que posee el Post y que se publica en esta misma nota, hay muchos otros casos como el de Fernández, con incompatibilidades de funciones y funcionarios que cobran sueldos por funciones que superan la carga máxima permitida, ocupando cargos que podrían ser cubiertos por otros profesores con disponibilidad horaria y capacitación acorde.

Las autoridades de la UNCuyo conocen esta situación y la toleran, a sabiendas de que los infractores han realizado declaraciones juradas falsas, omitiendo cargos en otras reparticiones nacionales. A continuación, algunos de los casos que hasta el día de hoy persisten en permanecer impunes.

No hay mucho más que agregar: está claro que, de haber voluntad política, esta situación se podría cortar de cuajo rápidamente. Hasta ahora no ha ocurrido.

Como bien señala la mencionada agrupación “Ética y Transparencia”, la inacción ante una denuncia de este tenor puede dar lugar a considerar mal desempeño del funcionario público responsable de controlar la situación planteada.

“Es preciso poner de relieve el costo social que esta situación genera en el conjunto de la población universitaria y no universitaria, toda vez que la Universidad ha sido considerada siempre la reserva moral de la sociedad, que con este mal ejemplo cae al nivel de todas las organizaciones hoy tan cuestionadas por su accionar deshonesto”, culmina advirtiendo la misma agrupación.

Como dice un viejo dicho, “a buen entendedor, pocas palabras”.