Prisión preventiva en Mendoza… ¿es viable?

Susana García es profesora titular de Derecho Procesal Penal de la UNCuyo y trabajó durante 30 años en el Poder Judicial, donde se jubiló después de 21 como fiscal de la Séptima Cámara del Crimen.

En las últimas horas fue entrevistada por el portal Unidiversidad donde habló sobre el proyecto del Ejecutivo que busca regular las prisiones preventivas.

Según la profesional, la norma no va a solucionar en absoluto el problema de la inseguridad, ya que la iniciativa “es parte de la misma receta que se reitera desde años y que está comprobado que no dio, ni dará resultados: poner el foco en el agravamiento de las penas y en las condiciones para obtener la excarcelación”.

García subrayó que la problemática de la inseguridad es multicausal, seria y profunda; por lo que necesita un abordaje igual de serio, y no legislar para dar respuestas rápidas. 

La mujer está convencida que el proyecto es la respuesta del Ejecutivo al fallo de diciembre de la Suprema Corte de Justicia, que ordenó regularizar la situación de 874 presos detenidos bajo la figura de la prisión preventiva, sin la intervención de un juez de Garantías, tal como lo establece la ley.

Para García, un abordaje serio debería incluir no sólo una mejora de los aspectos sociales relacionados con los problemas de inseguridad, sino el análisis profundo de todos los eslabones de la cadena: la acción de la policía, de la Justicia y del sistema penitenciario. Para ella, este último punto es clave, porque si se aumenta el número de detenidos, hay que pensar en qué condiciones viven en las cárceles y cómo saldrán.

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“Me parece que hay que trabajar en serio adentro de la cárcel, porque si encerramos a la gente en prisión preventiva o a cumplir una pena y la cárcel es un desastre, donde se vende droga, pasa de todo y es un posgrado del delito, esto es seguir mintiéndole a la gente. Cuanto peor sean los penales, peor va a salir la gente y algún día va a salir, esto también hay que pensarlo, algún día va a salir mucho peor de lo que entró”, fueron sus palabras.

García no evade la responsabilidad del Poder Judicial. Dijo que hay una gran morosidad, que existen cámaras que trabajan bien, otras que trabajan menos de lo que deberían y que hay tiempos y controles que no se cumplen. Y aseguró que estas falencias siempre se pagan con la misma moneda: la privación de la libertad de una persona, es decir que mientras se demoran las respuestas, la persona sigue detenida.

Luego, García explicó que la prisión preventiva es una medida cautelar –es decir que se concreta sólo a los fines de la efectiva realización del juicio-, que no es un anticipo de pena y que debe estar fundada en una acusación con pruebas concretas. Dijo que hoy se aplica en todos los casos graves, ya que ningún acusado, por ejemplo, de homicidio llega a juicio en libertad y que tiene un plazo máximo de dos años, con una posible prórroga de uno más.

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La profesional aseveró que el sistema ya está regulado y que si se busca modificar algunos aspectos, los legisladores deben estar seguros de que los cambios no violarán ni la Constitución ni los tratados internacionales de Derechos Humanos a los que Argentina adhirió y que tienen rango constitucional desde 1994. Subrayó que el proyecto sólo estará en sintonía con estas normas, si se sigue considerando a la prisión preventiva como una medida excepcional, que se haga efectiva sólo cuando estén dados los requisitos previstos en la ley, con plazos claros, con controles y para los delitos graves. 

García comentó que ninguno de los profesionales que formar parte de la cátedra de Derecho Procesal Penal de la UNCuyo fue consultado para elaborar el proyecto. Y adelantó que si la invitan, dará su opinión ante los legisladores, al tiempo que destacó uno de los aspectos positivos de la iniciativa: la posibilidad de realizar audiencias orales donde se discuta y justifique la conveniencia o no de una prisión preventiva.

Finalmente, la abogada se refirió a las reacciones sociales que generan los delitos. Consideró que siempre se pide endurecer las penas, porque se piensa que este es un tema de otro, que nunca me va a tocar a mí o a mi familia.

“Uno no tiene que pensar en el delincuente, tiene que pensar que puede ser uno el que está sospechado de un delito y estar preso cuando es inocente. No hay un derecho para los delincuentes y uno para los buenos, hay un derecho para las personas que viven en una sociedad”, sostuvo.

Y culminó: “Siempre pensé que la dirigencia, sea política, judicial o en el lugar donde se encuentre, debe ser responsable y pensar más allá de la coyuntura. Si planteamos que la solución es encerrar a los potenciales autores de delitos, creo que nos equivocamos, porque sería bueno que el gobernador chequeara la cantidad de absoluciones que hay después de que las personas pasaran dos o tres años presas en prisión preventiva, es decir que fueron absueltos porque eran inocentes o no existieron las suficientes pruebas para condenarlos. Tenemos que tener claro que para que una persona sea condenada tiene que haber certeza de que cometió el delito, y que la mera sospecha no debe alcanzar para privar de libertad, eso es lo que dice la Corte y no inventó nada, es lo que plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.