Polémica por un fallo mendocino que permitiría liberar presos

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza dio a lugar un hábeas corpus - presentado por abogados y la organización de Derechos Humanos Xumec- que establece un nuevo procedimiento para las detenciones y pone límites a las prisiones preventivas.

El fallo despertó las críticas de la UCR local al asegurar que "institucionaliza la puerta giratoria que todos saben que es una de las causales de la inseguridad que azota en estos tiempos, dejando a la población, presa de la delincuencia y la violencia, en lugar de estar presos los delincuentes y los violentos".

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y los secretarios Gerardo Milman y Gonzalo Cané junto al gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Seguridad de Mendoza, Gianni Venier, definieron las líneas de acción para evaluar la inconveniencia y la imposibilidad de la puesta en marcha del fallo de la Corte provincial. También, determinaron los pasos a seguir, tanto a nivel operativo como a nivel judicial, que serán definido a lo largo del fin de semana.

¿De qué se trata el fallo?

Permitirá la inmediata liberación de más de 800 personas procesadas sin sentencia. Asimismo, le ordenó a los órganos jurisdiccionales y al Ministerio Público la "regularización" de las persones con órdenes de detención fiscal sin control jurisdiccional.

¿Qué quiere hacer Cornejo?

El objetivo planteado por el gobierno provincial es que la Corte Suprema no implemente y no ejecute en forma material este fallo y buscar que se dicte una acordada de suspensión o prórroga hasta tanto se convoque a los otros poderes del estado provincial para tratar el tema. 

A la vez el Gobernador evalúa convocar, en el marco de la ley de Seguridad Interior, a la mesa de crisis en conjunto con el Ministerio de Seguridad ya que al ser Mendoza una provincia de frontera esta decisión podría alterar la política de seguridad dictada a nivel nacional y disponer de una cantidad de recursos que deberían ir a la lucha contra el narcotráfico a la ejecución del mencionado fallo.

¿Qué piensa el gobierno provincial?

Según los funcionarios, la decisión posee diversos efectos, entre los cuales destacaron "crear un ambiente de indefensión en la población de la provincia, poner en peligro la integridad de quienes colaboraron como testigos con el sistema judicial y, fundamentalmente, generar un claro estado de gravedad institucional al provocar una situación de emergencia de seguridad".

"Esta decisión judicial es contraria al diagnóstico efectuado por las autoridades locales en la última reunión del Consejo Federal de Seguridad, donde se votó unánimemente por la necesidad de declarar la emergencia en seguridad pública", agregaron en un comunicado de prensa.