El intendente Lobos fue imputado por fraude al Estado

Imputado. Y acusado en medio de las peores sospechas que pueden caer sobre un funcionario público. Así terminará Luis Lobos su mandato "suplente" en Guaymallén después de casi dos años de gestión al frente de la comuna.

Finalmente, casi un año después de la investigación y denuncia llevada adelante por el FIT y un grupo de abogados y al mismo tiempo publicada por el POST, la justicia provincial acusó hoy formalmente al intendente de Guaymallén Luis Lobos por algunos de los delitos que se detallaron en aquella presentación, y en sucesivas ampliaciones. El fiscal de Delitos Complejos Daniel Carniello le imputó por fraude al Estado y administración fraudulenta. Otros funcionarios -como el secretario de Obras Públicas Federico Sampieri- también fueron imputados. La lista de los acusados incluye a:

Luis Lobos (Presidente de HCD de Guaymallén, a cargo de la Intendencia), Federico Sampieri, Secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio;  Matilde Musotto, Contadora General del municipio; Rubén Carrera, Director de Servicios Públicos, Javier González, Director de Obras; Daniel Adove, Director de Espacios, Daniel Magallanes, Subdirector de Obras. También directores de empresas que contrataron con la municipalidad. Se detectó que un reprsentante de la firma Freeway, por ejemplo, firmó también como un oferente distinto. Es decir, se habrían fraguado licitaciones.

Luis Lobos y Federico Sampieri fueron imputados como autores. Todos los demás, funcionarios y empresarios, como partícipes de esta modalidad especial de la estafa que contempla de seis meses a seis años de prisión.

Leé: "Así se enriquece un intendente"

Las últimas denuncias conocidas esta semana y anticipadas por el POST fueron clave para movilizar la imputación. En la primera de ellas, una auditoría del Tribunal de Cuentas de la Provincia encontró significativas irregularidades en la contratación de camiones por parte de la comuna, al punto que no fue posible establecer siquiera si los trabajos se habían realizado. 

Ese informe “apareció” de manera anónima en la oficina del concejal del FIT Federico Telera, uno de los denunciantes de Lobos. En tanto ayer dimos a conocer una nueva derivación del caso, debido a irregularidades en la contratación de una planta de asfalto por la que se habría pagado un sobreprecio significativo. La empresa que contrató con la comuna, además, tiene allegados y directivos que les “venden” lotes a dirigentes de la “cooperativa” política de Guaymallén.

Leé "Otro contrato millonario complica a Lobos"

Antes, en diciembre del año pasado, el concejal Telera junto a los abogados Carlos Varela Álvarez, Lucas Fallet y Pablo Moreno, habían presentado una frondosa denuncia contra Lobos. Su esposa Claudia Sgró y varios funcionarios de su entorno por presunta evasión, lavado de dinero, peculado, enriquecimiento ilícito, y fraude al Estado, por maniobras con “ñoquis”  (se enriquecían cobrándoles parte de su salario), compras extrañas, manejos de grades sumas de dinero y adquisición de inmuebles y vehículos de alta gama. 

Con el correr de los meses y la declaración de testigos que aportaron pruebas, la situación de Lobos fue empeorando. Sin embargo, es posible que la prueba principal de su enriquecimiento haya estado a la vista de todos. Basta ver la casa de Lobos y Sgró en Guaymallén, para entender la magnitud de su enriquecimiento. El año pasado, cuando el POST publicó la investigación, mostramos la propiedad acercándonos con un drone. Este es el video:

Además de la causa provincial, el juez federal Walter Bento investiga a Lobos y su familia por presunto lavado de dinero. También hubo presentaciones de los denunciantes ante la UIF y ante la Fiscalía Antilavado, una unidad especial que creó especialmente la procuradora Alejandra Gils Carbó.

Leé: la auditoría que demostró irregularidades con las contrataciones.

La imputación al intendente es la primera medida judicial de relevancia que se toma contra Lobos en este caso. Los denunciantes la habían vuelto a pedir esta semana junto con la detención del funcionario. Carniello cedió en la acusación formal pero no encerrará al jefe departamental mientras se instruye el caso.

El paquete de denuncias que involucran al intendente, funcionarios, amigos, familiares y empresarios “desarrolladores inmobiliarios” está llamada a convertirse en una “megacausa” de la que surgen numerosos delitos. Por lo pronto, y pocos días antes de dejar el poder, el jefe comunal y cabeza visible de una red de corrupción como no se ha visto antes en ningún municipio del Gran Mendoza, deberá declarar, pero lo hará como imputado. Es decir, como sospechoso de los delitos por lo que fue denunciado.