Tres motivos para estar a favor de la IVE

La secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, anunció esta semana que el proyecto de legalización del aborto que elaboró el equipo del presidente Alberto Fernández se enviará al Congreso durante el mes de noviembre para ser tratado mientras duren las sesiones extraordinarias que se extenderán hasta febrero.

La funcionaria también aseguró que junto con este documento, también se debatirá el proyecto de acompañamiento de gestación y primeros tres años de vida llamado "Plan de los Mil Días". La otra buena noticia es que este proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo contiene los consensos alcanzados durante el debate social que se llevó adelante en 2018.

Vale decir que en Argentina el aborto es legal desde 1921 en todas las causales que indica el artículo 86 de nuestro Código Penal contemplando casos en los que la mujer ha sido violada o corre peligro su vida si continúa con la gestación.

Además, en nuestro país existe la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) y el Programa Nacional de Educación Sexual Integral que previenen la necesidad de practicarse un aborto pero no se aplican de manera correcta.

El acceso a información para el cuidado de la Salud Sexual y Reproductiva es considerado un Derecho Humano y es por esto que el Estado y las instituciones educativas tienen la obligación de garantizarlo. Por este motivo es que no es necesaria la autorización de las familias y tampoco estas u otros actores pueden oponerse a la implementación de estas políticas públicas.

Desde hace dos años en Argentina, la ciudadanía entendió que el debate no se trata de aborto sí o no, se trata de que la mujer corra peligro de muerte o no. Se trata de que una mujer que decidió someterse a ese procedimiento de la mejor forma posible sin tener el riesgo de perder parte de sus órganos o la vida dejando muchas veces hijos desamparados.

Ver también: Actrices Argentinas reclama el urgente tratamiento del aborto legal

Este es el momento de hablar con la verdad, más allá de pañuelos, creencias personales o ideologías, los datos hablan por sí solos:

#1 Reduce la mortalidad materna

El mayor riesgo de un aborto clandestino es sin duda la muerte de la mujer. La profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) e investigadora en temas de derecho a la salud y género, Paola Bergallo, aseguró en diálogo con el portal Chequeado que "en la mayoría de los países el aborto se legalizó en la década del 70 y el 80, por eso es que no hay datos oficiales de esos años". Porque entonces prácticamente no existía la digitalización de la información pública.

Uno de los ejemplos más cercanos es Uruguay, donde el aborto es legal desde 2012 y el país ocupa uno de los lugares con menor tasa de mortalidad materna de América Latina. En el país limítrofe los abortos eran responsables del 37% de las muertes maternas durante el quinquenio 2001-2005 y cayeron hasta representar alrededor de 8% entre 2011 y 2015, según datos oficiales de dicho país.

"La disminución acelerada de la mortalidad materna que se observa desde 2005 es coincidente con la implementación de una batería de acciones sociales y sanitarias de protección de la mujer, que aumentó aún más desde 2010 con la aplicación de políticas específicas, como la creación y ampliación de los servicios de salud sexual y reproductiva universales", explica un trabajo de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia.

En este sentido, Natalia Gherardi, directora de ELA, indicó: "Las muertes maternas por aborto son muertes evitables cuando los abortos se realizan en condiciones de seguridad. Y la legalidad brinda esas condiciones de seguridad porque habilitaría que se realicen con mejor información y con disponibilidad y accesibilidad a métodos seguros para la interrupción del embarazo".

#2 Si es legal, hay menos abortos

La Organización Mundial de la Salud asegura en un informe que "Hacer legal, seguro y accesible el aborto no aumenta de manera apreciable la demanda. En cambio, el efecto principal es pasar de abortos clandestinos, inseguros, a procedimientos seguros y legales".

Otro análisis de casos concretos, publicado por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, concluye que "en Francia e Italia la tasa de abortos cada mil mujeres de edad reproductiva mostró un aumento menor en los primeros dos o tres años después de las descriminalización, pero cayó de manera constante al menos entre 1980 y 1996".

En España, por dar otro ejemplo, hasta 2010 se permitía solo en algunas causales y desde que se legalizó hasta la semana 14 de embarazo, el número de aborto se redujo de 113 mil abortos a 93 mil por año.

En este punto vale destacar que muchas veces no es la legalización del aborto puntualmente lo que disminuye las prácticas sino las políticas que acompañan estos proyectos: "La legalización del aborto suele hacerse con mayor acompañamiento a mujeres que antes eran expulsadas del sistema", explicó a Chequeado Laura Belli, bioeticista y presidenta de la organización Economía Femini(s)ta.

#3 Ahorro del sistema de salud

En 2018, la economista Sonia Tarragona, miembro de la Asociación de Economía de la Salud, expuso ante el plenario de comisiones del Senado su informe sobre el costo para el Estado de mantener la práctica penalizada.

Ella demostró que sería de al menos dos veces y media mayor si se compara con lo que le costaría al sistema de salud la aprobación del proyecto de ley de aborto.

"En el escenario de mínima (suponiendo que se realizan 300.000 abortos por año), mantenerlo penalizado implica un gasto de $ 6257,1 millones al año, mientras que legalizarlo (dependiendo de la práctica) podría representar entre $ 1863 millones y $ 2600 millones anuales", según publicó el diario El Cronista en 2018. Es decir, los costos caerían un 70% si se hicieran todos con medicamentos.

Además de los menores costos que significaría para el sistema de salud legalizar la práctica, Tarragona indicó que se pueden conseguir ahorros de entre $ 500 millones y $ 800 millones al año si el Estado produjese el misoprostol o la mifepristona, la dos drogas indicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para interrumpir el embarazo de manera segura.

Ver también: Aborto legal: el Gobierno envía al Congreso el proyecto

Los abortos clandestinos dejan hombres viudos al cuidado de sus hijos, niños huérfanos destrozados de dolor de haber perdido a su madre; padres que despiden a sus hijas, hermanos a sus hermanas y amigos a sus amigas.

En el contexto legislativo actual de nuestro país, con un promedio de entre 371.965 y 522.000 abortos cada año según un estudio encargado por el Ministerio de Salud de la Nación en 2005 a las investigadoras Edith Pantelides (CONICET) y Silvia Mario (Instituto Gino Germani) está ampiamente demostrado que la decisión de una mujer de abortar nada tiene que ver con la posibilidad de que recaigan sobre ella consecuencias legales o de salubridad.

Penalizar la práctica, ha fracasado. Una mujer decidida a abortar lo hará cueste lo que cueste. Si esta sociedad y nuestros legisladores permiten que esa práctica se encuentre en el sistema sanitario formal ella será contenida y no tendrá las secuelas en su salud o el riesgo de morir.