Por estos días, gobierno y oposición brindan un show legislativo penoso en una disputa por el presupuesto. No acordar significa un grave perjuicio para todos los mendocinos.
Tienen que llegar a un acuerdo
El momento más importante en el año de cualquier gobierno de Mendoza es la elaboración y sanción del presupuesto. Es el plan de gobierno para el año entrante con la pauta de gastos, recursos, inversión y toma de deuda. Es, a la vez, un momento trascendente para la oposición porque puede influir en aquellos planes, proponer, sumar, y a la vez controlar. Por eso para aprobar ciertos tramos de un presupuesto se requiere de mayorías legislativas especiales. Quiere decir que quienes hicieron la Constitución de Mendoza hace ya más de cien años, dieron un mandato trascendente para las generaciones futuras: tienen que acordar. Deben trabajar en los consensos que permitan gobernar esta provincia.
Actualmente y desde 2015, la ciudadanía de Mendoza le viene dando a Cambia Mendoza, la alianza entre la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y varios partidos más, la responsabilidad de gobernar. Y al peronismo, a la vez, le ha asignado el papel de principal minoría opositora, tanto durante la gestión anterior, como en la presente. Ambos roles son imprescindibles y pilares de la democracia. Sin embargo, desde hace varios años, oficialismo y oposición se han dado a una riña legislativa penosa y perjudicial -además- para la economía de Mendoza. En ese fango al que buena parte de la sociedad se ve arrastrada abundan las acusaciones, las viejas facturas, las cuestiones personales, e incluso resentimientos políticos del pasado. También el odio. Como si de repente los principales actores de la clase política de Mendoza hubiesen perdido el sentido de la negociación y de la necesidad de acordar, dominados por contextos negativos que los desbordan. El factor común es la grieta. Se han olvidado de construir confianza y diálogo a través del ejercicio constante de la política.
Suarez y Fernández Sagasti compartieron algunos actos este año.
Como se sabe, luego de 45 días de supuestas negociaciones, el gobierno y el peronismo -después de la intervención de ministros, dirigentes, legisladores, intendentes- no han conseguido acordar el presupuesto 2021, cuya primera media sanción ocurrió esta semana sin el "roll over" de la deuda pretendido por el gobierno, y sin toma de crédito para el plan de obras, también presentado por el oficialismo y que en trazos gruesos, estaba supuestamente acordado con la oposición. Lo que hubo fue -en ambas partes- una negativa cerrada a considerar y eventualmente aceptar la visión del otro. Los que gobiernan no admitieron ninguno de los planteos de la oposición. Los que no gobiernan, tuvieron la idea de imponer un plan de obras, recursos y gastos que a juicio de quienes administran, sólo podría llevar a la cesación de pagos de la provincia.
En medio de esta disputa hay miles de empleos en juego, decenas de miles de empleados estatales preocupados por su futuro, cientos de pymes ahogadas tras la extensa cuarentena y con dudas por el futuro, sistemas de salud, educación, justicia y seguridad jaqueados por un virus que probablemente tendrá una segunda versión el año que viene, tan o más virulenta que la actual, lo que podría insumir decenas de miles de millones de pesos. La amenaza externa es la concreción de una catástrofe social, sanitaria, educativa, y económica de proporciones nunca vistas en Mendoza. Hay casi dos millones de personas pendientes de cómo se va a resolver esta pelea de perros y gatos, ciertamente triste, que enoja, desilusiona y aleja cada vez más a los ciudadanos, de sus dirigentes políticas.
Mendoza presume de la alternancia política, de la civilidad, de nuestra institucionalidad. No es ésta una provincia feudal. Los casos de corrupción institucional son aislados. Durante mucho tiempo desde 1983 se gobernó con mayorías ajustadas o aun en minoría, y sin embargo la mayor parte de los gobernadores tuvieron su presupuesto, que es la herramienta para gobernar. Hoy, todos esos atributos que nos hacen mejores que muchos de nuestros vecinos, han desaparecido en el aire.
La Legislatura, el lugar en que tienen que ponerse de acuerdo.
Está claro que puede y debe haber una discusión profunda, férrea, sin tregua, también agotadora alrededor del presupuesto de la provincia y está bien que así sea. Pero hay un momento en que quienes dirigen, los referentes, deben poner un freno a tales disputas, y llegar a un acuerdo. Para luego votar en consecuencia un presupuesto que permita gobernar a quienes son mayoría y que a la oposición le parezca aceptable. No hacerlo es de una irresponsabilidad política mayúscula, lo que ahonda el abismo entre "la política", legisladores, dirigentes, funcionarios, jueces, y hasta sindicatos, y el ciudadano de a pie que sólo ve a personas importantes, o con roles trascendentes, que se insultan y acusan mutuamente sin lograr avances productivos.
Tienen, unos y otros, la obligación de acordar. No pueden hacer menos que eso. Es la carga que les impusimos los ciudadanos de esta provincia a los dirigentes y a los partidos políticos, desde el mismo momento en que ocurrió la elección. La tarea que tienen les fue asignada por los mendocinos. Y están, todos, faltando a ese mandato cívico supremo.
Hay un referente oficialista excluyente que es el gobernador de Mendoza. Hay una referente de la oposición, recientemente elegida, que es la nueva presidenta del peronismo. Ambos fueron cruzados por calificativos destemplados, hirientes, y fuera de lugar. Pero a la vez son quienes deben reconducir el diálogo político hacia la normalidad, a la que todavía estamos sanamente acostumbrados.
(*) Los autores son presidente del directorio de Plataforma Digital SA y socio director periodístico de Mendoza Post, respectivamente.
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