Habían sido procesados por el juez Sebastian Casanello por administración fraudulenta en la construcción de dos centrales eléctricas.
Revocan procesamientos de exfuncionarios K y empresarios
La Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal decidió revocar los procesamientos de dos exfuncionarios del kirchnerismo y de un grupo de empresarios, acusados de administración fraudulenta por su accionar en la construcción de las centrales térmicas Ensenada de Barragán y Brigadier López.
Los exfuncionarios beneficiados por el fallo son el expresidente de Enarsa, Exequiel Espinosa, y el exgerente de Energía Eléctrica de la compañía estatal, Santiago Pierro. Mientras tanto, entre los empresarios hay directivos de las empresas Isolux e IECSA, vinculado a Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.
El fallo de Cámara lleva la firma de los jueces Mariano Llorens y Martín Irurzun. Sobre el primer magistrado, llamó la atención la dureza con la que cuestionó la decisión de primera instancia tomada por Sebastián Casanello. Incluso, Llorens replicó los argumentos de los acusados, mientras que Irurzun dijo que no hay aún pruebas suficientes.
Concretamente, si hubo alguna irregularidad en la licitación, para el juez Llorens se trató de un "yerro administrativo".
Casanello, quien consideró que hubo cartelización para la construcción de las usinas durante la gestión de Julio De Vido, había justificado el procesamiento detallando el proceso que llevó a la construcción de las centrales y concluyó que hubo una licitación arreglada, incrementos injustificados de precios y una irregular inclusión de obras nuevas una vez asignados los contratos.
Espinosa con su exjefe, De Vido.
Además de los exfuncionarios (Espinosa y Pierro), la Cámara federal desestimó el procesamiento de los miembros de Isolux e IECSA Juan Carlos De Goycochea, Héctor Javier Sánchez Caballero, Alejandra Kademián, Osvaldo Macías y Santiago Altieri.
El juez Llorens, uno de los dos que revirtieron el procesamiento, cuestionó la ausencia de documentación capaz de demostrar el arreglo y no puso el foco en los vínculos que advirtió Casanello entre las competidoras, tal como replicó el sitio Econojournal.
"Si existieron defectos al tiempo de elaborar los pliegos de condiciones de las licitaciones es asunto que bien puede discutirse. Que era conveniente que esas obras estuviesen previstas desde el inicio, es absolutamente cierto. Ahora, pretender leer en la soledad de esas afirmaciones una defraudación al Estado, es validar la interferencia del derecho penal para reparar un yerro administrativo. Las obras eran necesarias, se hicieron y a precio razonable. Cualquier otro factor que pretenda colarse en esa ecuación implica torcer el eje de este proceso penal", remarcó Llorens en el fallo.
Todos los nombres: el "abece" de la corrupción kirchnerista
Irurzun, en cambio, fue mucho más cauteloso: "En su fallo, el juez enfocó su presunción -sobre un actuar coordinado desde un origen- en que la única UTE oferente fuere la finalmente adjudicada, entre otras cosas. Insisto: esa lógica no me parece infundada y es generadora, en efecto, de sospechas aún no disipadas".
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