La iniciativa de Anabel Fernández Sagasti pide que los trabajadores puedan acceder a la jubilación a esa edad, sin distinción de sexo, en tanto acrediten 25 años de servicios y con aportes.
Tiene dictamen el proyecto para que los contratistas se jubilen a los 57
La senadora nacional obtuvo el respaldo de sus pares en comisión y hubo dictamen de tres iniciativas que beneficiarán a estos trabajadores en las provincias vitivinícolas del país.
El dictamen unificado establece un régimen previsional especial para trabajadores de establecimientos viñateros y para contratistas de viña, para que puedan acceder a la jubilación con un mínimo de 57 años, sin distinción de sexo, en tanto acrediten 25 años de servicios, con aportes. Y, por otro lado, amplía las mensualidades de contratistas a todo el año.
Fernández Sagasti agradeció a los senadores y senadoras por apoyar la iniciativa que beneficiará a más 44 mil trabajadores de viña y 3.500 familias contratistas de viña en Argentina. En detalle, la legisladora explicó el contrato laboral atípico del contratista de viñas y frutales, que conforma sus ingresos con una mensualidad que percibe durante 10 meses (de mayo a febrero) y un porcentaje (del 15 al 18%) de la cosecha. Con este proyecto de ley se pretende llevar de 10 a 12 meses los ingresos por mensualidad. Se sabe que en marzo y abril el contratista no recibe mensualidad y en muchos casos tampoco ingresos, ya que el contratista se queda con el 15% de la producción pero acopiadores e industriales no abonan la fruta al contado.
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"Cuando entregan la uva no se paga en efectivo y de forma inmediata, lo que sucede, es que las bodegas lo reciben sin precio y luego se paga en cuotas al productor. Por ende, el contratista no sabe cuánto le van a pagar y recién en junio o julio le pagan, hay que decir sin pago de cargas sociales o sueldo anual complementario", explicó la senadora.
Fernández Sagasti apuntó que las cámaras empresariales están totalmente de acuerdo con el planteo, y el Sindicato de Contratistas de Viña hace años está intentando modificar la ley (n° 20.539) para revertir esta situación. "Créanme que hay 3500 familias que viven gracias a este contrato específico de trabajo y están esperando que llegue cierta previsibilidad y puedan acceder a 12 meses de sueldo, aportes patronales y seguridad social", explicó.