España aprueba un nuevo estado de alarma y se prolongaría hasta abril

España vuelve al estado de alarma siete meses después del Consejo de Ministros del 14 de marzo que lo decretó para frenar la primera ola de la pandemia. Fue la segunda vez en democracia que se empleaba este instrumento extraordinario, previsto en el artículo 116 de la Constitución. Ahora es la cuarta, ya que también se ha utilizado de forma puntual para poder cerrar Madrid. Sin embargo, este estado de alarma no será como el de marzo, sino mucho más suave, aunque esta vez estará más clara desde el principio su duración, seis meses, hasta el próximo mes de abril.

El Consejo de Ministros se ha reunido de forma extraordinaria este domingo para aprobar un estado de alarma limitado. Esta vez está pensado sobre todo para dar cobertura al confinamiento nocturno, también llamado toque de queda, que casi todas las comunidades quieren aplicar para frenar cuanto antes la segunda ola y llegar a Navidad con las cifras, ahora desbocadas, más controladas.

Otra diferencia con el de marzo es que el Gobierno plantea directamente en su decreto un estado de alarma largo, de varias semanas.

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La Comunidad Valenciana, por ejemplo, ha planteado llevar el toque de queda hasta el 9 de diciembre. El Gobierno solo puede aprobarlo de momento por 15 días, pero en el texto del decreto ya se incluye la necesidad de prorrogarlo en el Congreso por un periodo largo. El Ejecutivo no quiere repetir el infierno parlamentario de mayo, con agónicas votaciones cada dos semanas, así que esta vez plantea una prórroga larga de una vez y confía en tener apoyo parlamentario suficiente para que España sea como Italia o Francia, dos países donde nadie discute sobre el instrumento jurídico porque está aprobado para varios meses. En Italia está en vigor desde el inicio de la pandemia y se ha renovado dos veces sin problemas.

El Gobierno ha pensado en un estado de alarma diferente también en lo jurídico. El Gobierno ha trabajado para que la autoridad delegada en la aplicación del estado de alarma y poner en marcha el confinamiento nocturno recaiga esta vez en los presidentes autonómicos, que así lo han reclamado en varios casos. Así se dará margen a las autonomías para tomar sus propias decisiones y se respetará el principio político, acordado en junio, de que son ellas las que gestionan el grueso de la crisis a partir de la desescalada de la primera ola.

El Gobierno no debería tener problemas en la votación para la prórroga en el Congreso. Sin embargo, el Gobierno insiste mucho en lograr el apoyo del PP (Partido Popular), que gobierna en cinco autonomías, entre ellas Madrid: la que más reticente se ha mostrado a aplicar de nuevo un estado de alarma.

Por otra parte, vale mencionar que el Gobierno no tiene ninguna intención de volver al confinamiento total de marzo y la paralización económica casi absoluta. Pero sí cree, como la gran mayoría de las autonomías, que un confinamiento nocturno -que implica impedir la movilidad a partir de una cierta hora de la noche salvo casos justificados y con control policial de las calles- puede reducir los contagios. Más del 30% de ellos se están produciendo en reuniones sociales en casas.

Asimismo, el confinamiento total no está encima de la mesa de momento, y de hecho este estado de alarma se plantea para evitar llegar a esa situación extrema con el destrozo evidente que provoca.

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