La Asociación Civil por los derechos de los familiares de las víctimas de homicidios, Usina de Justicia, publicó pidiendo la aplicación efectiva de la prisión perpetua.
Prisión perpetua en Mendoza: una asociación exige que se cumpla
En medio de la pandemia, Mendoza debate la legalidad y constitucionalidad de la condena a prisión perpetua a partir de un juicio que se llevó adelante el año pasado.
En las últimas horas, la Fundación Usina de Justicia publicó un video en el que se destacan "los derechos de las víctimas" en el marco de un conversatorio virtual que auspician y que se realizará esta misma tarde a las 18.
El año pasado, el debate comenzó durante el juicio por el brutal asesinato de Juan Leonardo Lucero. El fiscal pidió la condena a prisión perpetua para los acusados y el juez dictaminó que esa pena es inconstitucional por considerar que el objetivo de privar a una persona de su libertad es la reinserción en la sociedad y no el castigo.
Los tres acusados, los hermanos José Rafael (46) y Abel Augusto (39) Yañez, y a Mariano Alan Gutiérrez (24), fueron encontrados culpables del homicidio por un jurado popular (integrado por doce mendocinos, seis hombres y seis mujeres).
Ver: El fiscal le pidió prisión perpetua... pero el juez dijo que es inconstitucional
El fiscal Gustavo Pirrello, quien fue el instructor de la causa, y el fiscal jefe de Homicidios, Fernando Guzzo, habían solicitado prisión perpetua para los tres. Esa pena está contemplada en el Código Penal pero el juez técnico Eduardo Martearena se opuso porque la considera inconstitucional.
El magistrado sostuvo que dicha pena atenta contra la Constitución y los pactos internacionales a los que adhirió la Argentina con la reforma de 1994. En esos tratados se establece que las penas tienen como objetivo real la resocialización del delincuente. Entonces, argumenta Martearena, que la prisión perpetua impide que se cumpla ese principio de reinsertar socialmente a quien quebró la ley. Agregó que cuando juró lo hizo por la Carta Magna y por su honor, y que su honor no estaba en juego en este juicio, pero sí la Constitución que está por encima del Código Penal -según sus dichos-. Por lo tanto, prima la madre de todas las leyes y la perpetuidad de una condena va en contra la finalidad de la misma que es volver al individuo a la sociedad.
Al respecto, la directora de la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad, Stella Spezia, aseguró en diálogo con el Post que "en caso de un femicidio, la prisión perpetua es constitucional".
También destacó que la última modificación del Código Penal incluyó la posibilidad de una condena a prisión perpetua en el artículo 80 inciso 11 al que matare: "A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género" y aclaró: "aunque no se use la palabra femicido, se interpreta como tal".
Stella Spezia
"Un femicidio es el acto de mayor sometimiento de un varón hacia una mujer. Después de haber ejercido violencia física, haberla humillado, haberle quitado bienes o el sueldo, el hombre mata a la mujer quitándole la vida, su bien más preciado. Yo creo que en esos casos la prisión perpetua es constitucional, cuando una mujer es asesinada por ser mujer", aseveró.
Ver: Hoy jueves 15: Debate sobre prisión perpetua en Mendoza con foro virtual
La especialista en crímenes contra las mujeres recordó la incorporación de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, conocida mundialmente como CEDAW, a la Constitucional Nacional argentina en la que se reconocen los derechos de las mujeres como un grupo históricamente discriminado.
Al respecto, el subsecretario de Justicia de la Provincia, Marcelo D'Agostino, en diálogo con este medio se mostró en contra de la postura de Martearena y aseguró que no coincide con sus argumentos jurídicos al declarar la inconstitucionalidad de la prisión perpetua.
Marcelo D'Agostino.
"Creo que la prisión perpetua es constitucional. La resocialización es importante, y el Estado debe hacer todo lo posible para que esto ocurra, pero no es la única función de la pena sino que también es una sanción por el delito cometido y una protección a la sociedad de criminales peligrosos que elijen vivir al margen de la ley con un desprecio absoluto sobre la vida de otra persona", sostuvo.
"Esto forma parte de una corriente ultragarantista que elije proteger al delincuente e invisibiliza a las víctimas", dijo y resaltó la importancia de la participación ciudadana en la audiencia pública convocada por la Corte para el 22 de octubre "porque pueden aportar el sentido común que a veces falta en algunos operadores del sistema de justicia y porque el tema a discutirse puede afectar a la sociedad en su conjunto ya que en la provincia hay 221 condenados a prisión perpetua y si la doctrina Martearena triunfa vamos a tener una catarata de recursos de delincuentes peligrosisimos pidiendo que se revise su condena y pidiendo por su libertad".
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