La publicación sostiene que el gobierno local estaría promoviendo iniciativas que podrían en riesgo la independencia del Poder Judicial.
El diario El País y un duro editorial sobre "los jueces" de la Argentina
El diario El País, de España, publicó el pasado 1 de octubre un editorial donde sostiene que el gobierno argentino estaría promoviendo iniciativas que podrían poner en riesgo la independencia del Poder Judicial local.
El texto expresa que la decisión unánime del Tribunal Supremo de Argentina de paralizar el traslado de tres jueces federales relacionados con una causa en la que se ve envuelta la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, supone un revés para el gobierno de Alberto Fernández, a quien desde el medio español consideran como promotor de un proyecto legal que podría poner en riesgo la independencia del Poder Judicial.
En su contextualización, el editorial comenta que tras una hipotética irregularidad cometida durante la administración de Mauricio Macri, el gobierno peronista, su bancada parlamentaria y el Consejo de la Magistratura -controlado por el kirchnerismo- habían intentado apartar de sus puestos a tres jueces federales.
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Pero, el escrito también comenta, que cada uno de esos tres magistrados ha estado o está a cargo de una causa que afecta directamente a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Uno, que investiga la causa de los cuadernos. Pero, además, entre los jueces afectados se encuentran el que aprobó la instrucción del caso, el que emitió una condena contra Amado Boudou -vicepresidente de Cristina- y el magistrado que todavía tiene que terminar de juzgar el escándalo.
En este sentido, también expresan que el Poder Judicial argentino, como en cualquier democracia, coexisten ramas de magistrados más conservadores y más progresistas, pero significativamente el tribunal argentino ha sido unánime en esta ocasión al adoptar su resolución de frenar al gobierno.
"Los jueces han entendido que los hechos tienen una gravedad institucional inusitada. La separación de poderes es fundamental en el armazón institucional democrático, y aunque el presidente, Alberto Fernández, asegure que de lo que se trata es de restaurar ?el orden perdido', es difícil no interpretar este movimiento como una interferencia en la labor judicial y un intento, más bien brusco, de evitar que su vicepresidenta tenga que dar explicaciones ante la Justicia por unos hechos debidamente investigados como tendría que hacer cualquier otro ciudadano", expresa el diario El País.
Además, el editorial afirma que este no es el único preocupante avance del Ejecutivo peronista sobre el Poder Judicial mencionando la reforma judicial sosteniendo que la misma debería ser fruto de un gran acuerdo político nacional pero que el gobierno está poniendo todas sus energías en una reforma que afecta a jueces y servicios secretos.
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