La investigación por el secuestro extorsivo del empresario hallado muerto, ya tiene cuatro procesados. El Ministerio Público Fiscal reveló detalles del hecho que conmocionó a la provincia y al país.
Caso Aliaga: la investigación del crimen del empresario, en detalle
La Fiscalía Federal Nº2 de Mendoza fue notificada de la identidad del cuerpo de Diego Aliaga el sábado pasado, tras la necropsia que finalizó esa misma madrugada.
La medida fue comandada por el Cuerpo Médico Forense del Ministerio Público Fiscal mendocino y se espera que los resultados del análisis de los restos, junto con la posible información sobre la causa y fecha probable de muerte, se conozcan en aproximadamente 15 días.
Aliaga se encontraba desaparecido desde el 28 de julio, secuestro por el cual la semana pasada se había dictado el procesamiento de cuatro personas como coautoras del delito de secuestro extorsivo agravado.
El hallazgo
Según detalles del Ministerio Público Fiscal, el cadáver fue encontrado el jueves en Costa de Araujo. El lugar fue señalado por una persona con el que la Fiscalía celebró un acuerdo de colaboración y acompañó el procedimiento, que estuvo bajo la dirección del fiscal federal Fernando Alcaraz.
La dirección de la investigación está a cargo del Ministerio Público Fiscal de la Nación por versar acerca de un secuestro extorsivo, según lo previsto en el artículo 196 bis del Código Procesal Penal de la Nación.
Procesamientos
El martes de la semana pasada el Juzgado Federal N°3 había dictado el procesamiento con prisión preventiva de Diego Barrera, su pareja Bibiana Sacolle, y los hijos de la mujer, Lucas y Gastón Curi, todo ello de conformidad con lo solicitado por la fiscalía.
De acuerdo a la hipótesis acusatoria expresada por el MPF en los actos de declaración indagatoria - que se realizaron el 5 y 7 de agosto- y receptada por el juzgado, los cuatro habrían planificado y ejecutado de común acuerdo la sustracción, el ocultamiento y la retención de Aliaga para obtener el pago de una suma de dinero como rescate.
La finalidad extorsiva se habría hecho conocer mediante un llamado telefónico al hermano de la víctima el 30 de julio, ocasión en que le habrían reclamado "un palo verde" a cambio de la liberación.
Al momento de solicitar los procesamientos, Alcaraz había considerado comprobadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos. En ese sentido había explicado que, según surgía de los elementos de prueba reunidos por las divisiones Antisecuestros Extorsivos y de Delitos Tecnológicos de la Policía de Mendoza -mediante testimoniales, informes policiales, registros fílmicos y allanamientos-, el lunes 27 de julio Aliaga y Barrera habían compartido el día, y luego la noche junto a dos mujeres en el barrio residencial Palmares.
Aproximadamente a las 5 de la madrugada, Barrera se habría retirado a bordo de un Chevrolet Camaro que tenía la víctima. Aliaga hizo lo propio a las 08:48 en una camioneta BMW X6 que le prestó un amigo, llevó a la mujer hasta las inmediaciones de su vivienda y luego se dirigió a un predio de su propiedad en Rodeo de la Cruz, a donde llegó entre las 09:46 y 09:53 de la mañana. Aliaga ingresó al lugar, pero no se lo observó salir. Desde ese momento no se tuvo más conocimiento de su paradero.
El representante del MPF señaló que ese inmueble y las construcciones que se encuentran en su interior "estaban siendo refaccionadas para instalar y poner en funcionamiento un presunto centro de rehabilitación para personas con discapacidad".
En esa línea se agregó que los imputados Barrera y Sacolle participaban con Aliaga de ese proyecto e inversión, por cuanto la mujer sería "la persona que más conocería sobre la temática" y "habría intervenido personalmente en el proyecto de las refacciones y/o actividades propias de las obras".
"Diego Aliaga concurrió a esta propiedad para reunirse con Diego Alejandro Barrera, quien ya previamente se encontraba en el predio. Asimismo, Gastón Nicolás Curi y Lucas Agustín Curi habrían estado presentes en el predio (...) durante la mañana del 28 de julio de 2020, de donde desapareció la víctima", agregó Alcaraz.
Es que a las 10:27 "llegó e ingresó al lugar el automóvil marca Chevrolet modelo Celta de color rojo" y diez minutos después salió de allí mismo "una camioneta marca Mercedes Benz modelo Sprinter tipo furgoneta de traslado de pasajeros de color naranja y capot de color blanco, donde presuntamente habrían trasladado a la víctima oculta y retenida". Luego arribó otro auto, un Golf GTI. Ambos rodados serían los habitualmente utilizados por los hermanos, de acuerdo a la fiscalía.
También se estableció que, tras la desaparición del empresario, Barrera se dirigió a la residencia de la víctima en el complejo Palmares en la tarde del 28 de julio, y dos minutos después de su ingreso al domicilio se comprobó que "se cortó el sistema de cámaras de seguridad instalado en el interior". Barrera permaneció adentró del lugar un lapso aproximado de 35 minutos y después fue captado por las cámaras de salida a las 19:34.
A las 21:41 del día siguiente -29 de julio-, luego de que los familiares no tuvieran noticias sobre el paradero de Aliaga, se inició en la Oficina Fiscal 19 del Ministerio Público de Mendoza un expediente por su desaparición. En esa dependencia judicial, el hermano del hombre recibió un llamado al mediodía del 30 de julio, en el que le dijeron "dejá de revolver el avispero y andá juntando el palo verde que ya te vamos a llamar". Esa comunicación motivó la intervención de la justicia federal, que tras una compleja investigación de casi 43 días, logró dar con el paradero de la víctima.
Investigación en aislamiento
El caso tuvo la particularidad de estos días: parte del personal policial a cargo de la investigación resultó positivo de Covid-19, una de las dependencias de investigaciones se clausuró y tuvo que intervenir otro grupo de policías en las tareas operativas. A su vez, el fiscal, secretaria y prosecretario fueron aislados 14 días por ser contactos estrechos. Sin embargo, la investigación no se retrasó y continuó con los principales investigadores desde sus domicilios. El fiscal general de la jurisdicción, Dante Vega, coadyuvó con la instrucción en las medidas presenciales que debieron tomarse en esos días -allanamientos, pericias y testimoniales que exigían presencialidad-. Las declaraciones testimoniales que la fiscalía estimaba fueron producidas mediante la plataforma Zoom.
Por otra parte, en el marco de la ley 27.272 y sin perjuicio de que las víctimas del caso se constituyeron en querellantes, se las mantuvo informadas en todo momento de los avances procesales y se las contactó con las profesionales de CENAVID. Una de ellas manifestó, incluso, que "antes no creía en la justicia" y que con esta causa estaba agradecida con el equipo de trabajo de la fiscalía y con la policía.
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