El propósito del Ejecutivo es excluir e impedir la participación en el sistema educativo, de aquellos educadores condenados por diversos delitos, incluyendo el abuso sexual.
El hecho que terminó de impulsar la decisión es el rechazo al paro general por parte del sector "dialoguista".
Si bien el Gobierno aseguró que pertenecía a la UNMa, desde la universidad presentaron pruebas de que el edificio fue transferido en 2023.
La defensa de la ex mandataria se presentó ante el organismo previsional como paso previo a la instancia judicial.