De acuerdo con lo informado por La Nación, el expediente debe ser sorteado para que otro juez federal siga adelante con la investigación. Se investigan presuntas presiones a Cristóbal López y Fabián de Sousa para quitarles el Grupo Indalo.
Servini se inhibió en causa que investiga a empresario mendocino
La jueza federal María Servini se inhibió de seguir interviniendo en una causa en la que investiga a Mauricio Macri y a altos exfuncionarios de su Gobierno acusados de haber presionado a Cristóbal López para que vendiera su grupo económico. Argumentó que lo hacía por "violencia moral", porque uno de los periodistas del canal C5N, de propiedad del empresario, le dijo que se dejara "de hinchar las pelotas", que se jubilara, se dedicara "a la jardinería" y que se pusiera "un vivero". La jueza indicó que el periodista cometió discriminación de género y edad, en violación a tratados internacionales.
De acuerdo con lo informado por La Nación, ahora que la jueza se apartó de la causa, el expediente debe ser sorteado para que otro juez federal siga adelante con la investigación, donde se está realizando un peritaje sobre las llamadas telefónicas efectuadas por Macri en los cuatro años de su gobierno, para determinar si se contactó con López, con su socio Fabián De Sousa o con empresarios, supuestamente contactados para que se quedaran con el negocio que incluye la señal de TV.
En esta causa están siendo investigados Macri, José Torello, Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, y los empresarios Martín Rappallini, Ignacio Rosner y el empresario mendocino Orlando Terranova Dalera (a) "Orly", titular de la organizadora de eventos y editora de MDZ, el Grupo OSD, uno de cuyos directores es un exsecretario de Estado de Mauricio Macri, Pablo Bereciartúa.
Servini consideró que una de las "ofensas" consistió en haber informado que ella nunca trabajó "de verdad" y agregó: "Que por el solo hecho de mi género y edad sostuviera que debía ir a realizar trabajos de jardinería o 'poner un vivero' resulta inadmisible a la luz de los derechos reconocidos y obligaciones asumidas por la República Argentina a partir de la suscripción de diferentes instrumentos internacionales, a saber: la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará), la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, como así también de la legislación nacional: la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Por eso, la jueza se inhibió y esa decisión no es apelable por los querellantes ni los acusados. Ahora, el juez que resulte sorteado para tomar el caso puede aceptar la inhibición de Servini y quedarse con la causa o rechazarla y plantear un conflicto que deberá resolver la Cámara Federal.
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