Los diputados por Mendoza escribieron acerca de la inconstitucionalidad del decreto que categoriza como servicios públicos internet, la tv por cable y la telefonía celular
Latorre y Cornejo contra "otra mentira populista" de Alberto Fernández
Los diputados nacionales mendocinos Jimena Latorre y Alfredo Cornejo publicaron hoy una nota en el diario La Nación donde advierten sobre la inconstitucionalidad del decreto que declara "servicios públicos" a la telefonía celular, internet y TV por cable.
En la nota, aseguran que el presidente hizo el anuncio en las redes sociales, "mientras la conectividad subsista y aprovechando lo conveniente explicarla en 280 caracteres, ahorrando ahondar en detalles que delaten su insolvencia".
En este sentido, señalaron la inconstitucionalidad del decreto 690, "que viene a reformar una ley dictada por el Congreso de la Nación, arrogándose el Poder Ejecutivo facultades legislativas y abusando de la aplicación de un instituto de excepción devenido en regla al igual que el desprecio por la división republicana de poderes".
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Remarcaron que en Argentina todavía hay muchos hogares que carecen de acceso a servicios públicos como agua de red, electricidad, gas natural, cloacas y otros servicios básicos y esenciales y acusaron que el decreto 690 "introduce reglas de servicio público, para los que no fueron concebidos así, desnaturalizando el régimen y por ende los servicios".
"En el afán de legislar por DNU, en la ambición de ejercer competencias ajenas y en el absurdo populista, crea un híbrido jurídico buscando más poder para un Gobierno que ni a duras penas cumple con las funciones propias. La consecuencia directa de este híbrido jurídico es elegir del menú las normas que implican ejercicio de autoridad y eludir las que implican responsabilidad y control", opinaron los legisladores.
A la vez, vaticinan que el control de precios de esos servicios redundará en un coste para las empresas que terminarán achicando el gasto por el lado de la inversión como sucedió ya con los otros servicios.
"La reincidencia de este gobierno nacional en las malas prácticas de doce años de kirchnerismo, no conforme con las restricciones de acceso de millones de argentinos a esos servicios esenciales redobla apuestas, sumando más servicios a aquél sistema ineficiente. En este sendero los argentinos seguiremos dividiéndonos entre argentinos con acceso y sin acceso. El acceso lo garantiza la infraestructura y el congelamiento es aliado de la desinversión", alertaron.
"Este nuevo DNU trae consigo un daño emergente, el mal servicio; un lucro cesante, los juicios que los argentinos tendremos que pagar ante el Ciadi y una pérdida de chance, la falta de seguridad jurídica y credibilidad que ahuyenta a cualquier inversión nacional o extranjera", culminaron.