Análisis. Las consignas fueron múltiples. Pero pueden ensayarse algunas conclusiones. El gobierno debe oír las señales. Pero también la oposición.
#17A: No hay peor sordo que un gobierno que no quiere oír
El gobierno nacional acaba de enfrentar en plena pandemia y con amplias zonas del país en transmisión comunitaria del virus, la mayor movilización ciudadana de tono opositor desde que asumió hace apenas ocho meses. Esto, luego de haber llegado a índices de apoyo y popularidad cercanos al 80 % al principio de la pandemia, una adhesión similar a la que tendría Dios, por mencionar una entidad universal que todo el mundo conoce.
Una población sin miedo al "botón rojo" con el que amenazó el Presidente, decidió enfrentar las advertencias, las admoniciones, correr el riesgo de ser multados e incluso ir a la cárcel este lunes 17 de agosto, e ir igualmente con banderas argentinas a los grandes centros urbanos del país para pedir por una cantidad de cuestiones muy difíciles de abarcar. Pero entre las que sobresalieron dos: el hartazgo social por la cuarentena eterna, y la reforma judicial. Explicar lo primero es sencillo. Se cumplieron 150 días de restricciones y buena parte de la población ya no soporta que el gobierno le indique cuándo reunirse, dónde, con quién, a qué horas, quién puede trabajar, cuándo salir a comprar, o -lo más duro, probablemente- cuándo ver a las familias. Todo ello mientras muchos sectores siguen sin poder trabajar. En la Argentina es delito ir a abrazar a los abuelos a su casa o juntarse con amigos. ¿Se entiende?
Hablando de "banderas".Esto pasó en el centro de Mendoza.
La desobediencia civil creció muy fuerte en los países de cuarentenas extenuantes. Tal como ocurre en Mendoza, como lo confirmó el propio gobernador Rodolfo Suarez en un Zoom ante empresarios el viernes, organizado a modo de networking por la publicación Punto a Punto. Casi nadie cree que la cuarentena extensa y sin distinguir objetivos sea el único remedio mientras esperamos la vacuna. Por el contrario, hay grandes franjas de población dispuestas a creer que la restricción de las libertades es un método de control político, de fines inconfesables.
Mucho más difícil es explicar por qué a las personas que salieron a manifestarse este lunes violando incluso todas las normas sanitarias como hemos visto aquí en Mendoza, les puede importar un asunto tan inasible, tan técnico, tan ajeno a las preocupaciones diarias como una reforma judicial.
El simpático gesto de un policía, ante la caravana.
El kirchnerismo más rudo ordenado por Cristina retomó su agenda de 2011. La justicia, el campo, las empresas, y en algún momento serán los medios. Es la tarea que quedó interrumpida cuando perdieron las elecciones de 2015 frente a Cambiemos. Ya el 20 de junio, el banderazo por el plan de expropiación de Vicentín fue un aviso importante. Sólo los relacionados al negocio del agro sabían de qué trataba esta empresa santafesina. Pero mucha gente se brotó con la palabra expropiación. Y hubo una movilización de rechazo que se repitió el 9 de julio con mayor intensidad.
El país no es el mismo de 2011, cuando Cristina ganó con el 54 % y el segundo -falleció hace poco, Hermes Binner- obtuvo sólo el 16 % de los votos. Tampoco es la Argentina de 2015, ni la del año pasado, cuando Alberto y Cristina les ganaron sólo por siete puntos a Mauricio Macri y Miguel Pichetto. Estamos infinitamente más arruinados, con el país partido por mitades y atravesando una pandemia. Entonces, las mismas personas que no votaron al peronismo, o que sí lo hicieron y ahora temen por el extravío de la moderación inicial de Alberto, olieron detrás del proyecto de "reforma judicial", un plan de impunidad y venganza para favorecer a Cristina, Cristóbal López, y otros imputados en causas de corrupción que aún se investigan con diversa suerte. Quienes marcharon son personas, además, para quienes la libertad es más importante que la cuarentena y la pandemia.
En auto, a pie, en motos, y como se pudo. El #17A en Mendoza.
El gobierno debe escuchar. El presidente Alberto Fernández debe leer con precisión lo que ocurrió ayer en la Argentina, porque es un hombre razonable de la política y de la democracia. Sería un grueso error emprender el camino del insulto, la descalificación, la negación del otro, como lo están haciendo mientras estas líneas se escriben decenas de referentes kirchneristas de los medios, la cultura y la política.
El peronismo mendocino intuyó la prudencia luego de la movilización. Su referente más importante es la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. Sólo se refirió ayer al discurso de Alberto Fernández sobre el 17 de agosto, la situación en que el gobierno de Macri dejó la economía, la deuda, y la probabilidad de tener una vacuna argentina. El senador provincial Adolfo Bermejo pasó un día espantoso con sus hijos imputados por haber ido a una fiesta ilegal. Fue el propio Bermejo como padre dolido y avergonzado el que habló del caso con nosotros en Te digo lo que Pienso, y en sus redes. Luego, ninguno de los seis intendentes del peronismo Matías Stevanato, Emir Félix, Fernando Ubieta, Flor Destéfanis, Roberto Righi y Martín Aveiro, pronunciaron palabra respecto del #17A. Sí lo hicieron y en tono moderado el senador provincial Lucas Ilardo y la diputada nacional Marisa Uceda.
Sólo el presidente del PJ Guillermo Carmona, que siempre hace una jugada "de más", presentó una denuncia penal para que el Ministerio Público investigue a manifestantes y dirigentes que participaron de la manifestación en Mendoza. Luego, hizo un posteo anunciando la hazaña. No era necesario. Ya había una fiscal investigando. No se indignó tanto Carmona cuando la impericia de la Anses lanzó a miles de jubilados a la calle a cobrar sus sueldos generando unas filas escandalosas, o en las decenas de movilizaciones algunas destituyentes durante el gobierno de Macri, ni le pareció motivo para opinar la serie de maniobras violentas del moyanismo contra Mercado Libre, la empresa de mayor valor de la Argentina, apenas días atrás. El peronismo quiere pelear la próxima gobernación. El camino será el dialogo y la moderación. No la grieta, ni el fuego.
La movilización en la CABA fue imponente.
Llegó la hora de escuchar. Mal haría la oposición en arrogarse la propiedad de la marcha de ayer. El hartazgo social de los argentinos excede la cuarentena, la reforma judicial, la economía desde la segunda mitad del primer gobierno de Cristina hasta aquí, el desastre que dejó Macri... El enojo es por la falta de respuestas de la clase política a las demandas de una población que en vez de vivir en un país próspero, lo hacemos en otro hecho jirones, que desperdicia su riqueza, o permite que se la roben. Las consignas de ayer -es cierto-tuvieron clima opositor. Pero no fue sólo "anti K". La gente marchó contra la impunidad, contra la justicia que no funciona, contra la liberación de los presos, contra las injusticia sociales que no abarcan sólo a los que lograron cobrar el IFE o reciben la AUH porque no hay otra cosa, contra los políticos que se enriquecen, contra los jueces corruptos, y por la falta de trabajo para muchos. En Juntos por el Cambio no pudieron ponerse de acuerdo antes de la marcha, respecto de qué hacer. Probablemente tendrán visiones distintas de lo ocurrido, pero mal harían en intentar apropiarse de los nuevos indignados, que pese a las advertencias, las amenazas, el miedo, las multas, las detenciones bizarras como la ocurrida en Bariloche con una mujer que paseaba a su perro el día en que no le correspondía; decidieron salir a la calle a manifestarse contra todo.
Porque la libertad, es más importante que el miedo.
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