Un jury mandó al fiscal jefe de Homicidios de Mendoza a "estudiar y a pedir perdón" a las mujeres luego de que lograra salir airoso de ir a juicio. "El jury no me sancionó, hizo recomendaciones", aseguró el magistrado
Guzzo defendió su alegato en el caso de la mujer que mató al marido
La semana pasada, mandaron, literalmente, a "estudiar y a pedir perdón" a un fiscal luego de lograra salir airoso de ir a juicio en su contra.
Se trata del fiscal Fernando Guzzo, quien fue enviado a tomar clases para aprender sobre violencia y perspectiva de género, luego de que en el juicio por jurado realizado contra Claudia Cortez (2018), una mujer que mató a su esposo y que era víctima de violencia de género, Guzzo, como fiscal acusador, usara polémicos argumentos contra la mujer en el alegato, quien era víctima desde hace años: "La responsabilidad es 50 - 50", dijo entre otras cosas.
En diálogo con el programa Te digo lo que pienso que conduce Ricardo Montacuto por Radio Nihuil, Guzzo aseguró que ya tiene capacitaciones en materia de género porque aparte es obligatoria por la Ley Micaela.
"Hay cosas que fueron crudas, pero eso no quiere decir que no haya sido la prueba que se presentó en el juicio. Yo me sometí a la prueba. El jurado que estuvo ahí y vio la secuencia de todo cómo fue", dijo el fiscal.
Y explicó que con respecto a la frase de la responsabilidad compartida, "me refería a que tenemos un problema social, que es que la víctima advierta estas situaciones, y una vez que lo advierte es muy difícil salir incluso el propio entorno muchas veces no sabe cómo reaccionar, a eso me refería con la responsabilidad compartida. Incluso los psicólogos hablan de círculo de violencia recíproco, no porque la víctima sea violenta, sino porque salir de ahí es muy difícil".
Guzzo aclaró que "el jury no me sancionó, hicieron recomendaciones y sugerencias a la Procuración, algunas son obligaciones legales, como la capacitación en violencia de género por la Ley Micaela. Yo ya tenía cursos hechos en esta temática. Lo que sí es llamativo es que sugieren la eliminación del registro de los alegatos, que es un instrumento público".