Hoy en Memo: la defensa del mendocino procesado por robo de caños

Una persona sin antecedentes en el rubro que meses atrás se robó 35 kilómetros de caños del gasoducto del NEA con el aval del intendente de Aguaray Jorge Prado. Así fue presentado el mendocino Diego Alos el último domingo en Periodismo Para Todos, en un informe en el que se aludió a la causa federal en la que el empresario está procesado, junto al jefe comunal salteño y otras personas, por "fraude en perjuicio de la administración pública". Sin embargo, la versión que presentan desde su entorno difiere sustancialmente.

En primer lugar, desde su entorno afirman que Alos no es improvisado en el tema. Con otras sociedades, anteriores a su actual empresa Osyp S.A., comenzó a retirar ductos a mediados de la década del 2000, realizando trabajos en Barrancas (Mendoza), Cañuelas y San Francisco del Monte (Buenos Aires) y provincia de Córdoba, entre otros. En este tipo de trabajo, el dueño de las cañerías permite que una empresa las retire a cambio de una contraprestación, que puede variar desde una remediación ambiental hasta obras complementarias.

Un factor que llamó la atención fue la creación de su última empresa Osyp S.A., en 2018, apenas un año antes de comenzar a extraer caños de gasoducto salteño, hoy bajo la mira de la Justicia. En este punto, se sugirió que esta razón social habría sido fundada con el único objetivo de realizar el trabajo de Aguaray. Sin embargo, ése no fue el primer proyecto que llevó adelante la flamante Osyp: previamente, realizó obras de cloacas en San Juan, específicamente en Caucete, donde tuvo problemas con otro empresario mendocino.

A fines de 2018, Osyp fue subcontratada para estas obras en Caucete por DYGA Ingeniería y Obras, del excandidato a gobernador Daniel Gaido. Sin embargo, meses después, la empresa de Alos abandonó el proyecto aludiendo una deuda por parte de la segunda. Esto generó algunos cruces de cartas documento que no llegaron a plasmarse en una causa judicial.

Ahora bien, ¿cómo llegó el mendocino Alos a retirar tuberías del gasoducto NEA? Fuentes cercanas a Osyp S.A. señalaron a Memo que ante el abandono de las obras en el gasoducto NEA (el empresario Raúl Vertúa, procesado en la causa cuadernos, dejó paralizado el proyecto en 2017), tomaron conocimiento de que había interés de algunos intendentes salteños de retirar parte del gasoducto que atravesaba las comunas que gobernaban: Aguaray, entre otras. Ante eso, Alos y Prado se habrían contactado y terminaron firmando un acuerdo.

Aquí, por parte de fuentes cercanas a la empresa, surge una versión distinta a la conocida: "No retiraron ni loco 35 kilómetros, a lo sumo se levantaron 1.000 metros", remarcaron, y agregaron que dejaron de trabajar en el lugar en el mes de febrero. "Diego (Alos) firmó un convenio con el intendente, hizo todo de manera legal, como corresponde. En todo caso, debería explicar el intendente por qué lo contrató para que retire parte del gasoducto", indicaron a este diario.

En este punto, el intendente quedó muy complicado después de intentar justificar su decisión. Declaró Prado en una radio salteña, meses atrás, que había recibido una orden del Ministerio de Ambiente de la Nación, en manos de Juan Cabandié, para autorizar el levantamiento de las tuberías. Y sugirió que el empresario Alos sería el que habría arreglado esto con el funcionario nacional. Incluso vinculó al mendocino con La Cámpora.

La primera respuesta no llegó por parte de Alos, sino de Cabandié: desde el Ministerio de Ambiente le pidieron formalmente al intendente Prado, del peronismo, que se retractara, ya que Ambiente estaba al margen de todo lo vinculado al gasoducto NEA. "No tiene nada que ver con La Cámpora, no conoce a nadie de esa agrupación", agregaron desde el entorno de Alos, insistiendo en que su llegada a Aguaray estuvo acordada solamente con el intendente.

Por otra parte, allegados al mendocino hicieron hincapié en que Alos "no se llevaría gratis los caños: a cambio tenía que hacer obra pública en el pueblo, como plazas con juegos y otros espacios públicos". Sin embargo, los trabajos fueron interrumpidos en febrero de 2020 cuando, tras una denuncia, quedó en suspenso lo acordado con el intendente Prado, un joven dirigente peronista que apenas supera los 30 años.

La causa

La investigación se inició a comienzos de 2020 tras una denuncia de Raúl Vertúa, quien había iniciado la obra del gasoducto NEA, cuya adjudicación fue puesta bajo la lupa después de que el empresario apareciera en los cuadernos de la corrupción, causa por la que estuvo detenido y permanece procesado.

Vertúa fue advertido por Adrián Zigarán, secretario de Participación Ciudadana de la Provincia de Salta, de la presencia en la ruta de camiones con caños del gasoducto con tierra colorada (señal de que habían sido retirados de algún lugar).

Al tratarse de una obra ejecutada por Vertúa, Zigarán se contactó con él y fue este empresario quien realizó la denuncia pertinente en el fuero federal.

Más allá de la versión de Alos, para la Fiscalía el intendente y su secretario de Hacienda habrían procedido a enajenar caños que no le pertenecen, accionar en el cual también estaría comprendido el empresario mendocino, que aparece como el adquirente de los bienes de propiedad del estado nacional.

Semanas atrás, por videoconferencia, la Fiscalía Descentralizada de Orán, representada por el fiscal general Eduardo Villalba, procesó al intendente Prado y al empresario Alos, además del secretario de Hacienda de Aguaray, Freddy Marcelo Céspedes, entre otros. Se les atribuye "fraude en perjuicio de la administración pública".

Otro mendocino

A la par de la difusión del caso de Aguaray, surgió el nombre de un joven de 26 años, oriundo de Mendoza, que está acusado de robar caños en distintas provincias, incluida Salta, desde hace años. Se trata de Adrián Antonio Vera, quien según el diario El Tribuno está prófugo de la justicia. Además, el diario publicó una foto de él, justamente, llevándose caños en provincia de Buenos Aires.

Asimismo, El Tribuno publicó que el "saqueo" del gasoducto del NEA había comenzado antes de la autorización que otorgó el intendente de Aguaray. Al respecto, el diario publicó que funcionarios de Ieasa (Enarsa) habían radicado 19 curiosas denuncias en sedes policiales, incluso antes de que asumiera el actual jefe comunal.

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