Destacó que "el Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo".
Y agregó: "Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo. Pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído".
Para finalizar, el presidente hizo hincapié en que "la intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial". "En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores", concluyó.
He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado.
La detección de estas inconsistencias surgió en medio de una auditoría integral que el Gobierno ordenó sobre ANDIS tras un escándalo por audios en los que su ex titular, Diego Spagnuolo.
"El bloque necesita una reforma institucional e integral", sostuvo el Presidente en la cumbre, con duras críticas al bloque. Además, pidió por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, preso en Venezuela.
Antes de desempeñarse como jefe de Gabinete, Manuel Adorni inició una demanda laboral contra su exempleador por trabajo parcialmente no registrado y consiguió un acuerdo que hoy equivaldría a más de US$60.000.