La justicia rechazó planteos de las defensas del ex presidente Macri y de ex funcionarios. No querían que les peritaran los teléfonos en la causa de extorsión denunciada por el Grupo Indalo. El piloto Orlando Terranova e Ignacio Rosner, empresarios complicados.
Empresario mendocino involucrado en la causa para quedarse con Grupo Indalo
La jueza federal María Servini ratificó el entrecruzamiento de llamados entre teléfonos del expresidente Mauricio Macri y otros investigados en una causa por supuestas maniobras ilegales contra el Grupo Indalo, al rechazar planteos de nulidad contra esa medida de prueba presentados por las defensas. Ex juncionarios de su gestión e integrantes de la mesa judicial habían pedido que no les periten sus teléfonos, pero la magistrada les negó el pedido de nulidad. En la causa está involucrado el empresario mendocino Orlando Terranova (h).
"La medida de prueba ordenada cumplir con todos los requisitos necesarios para su dictado; el conocimiento de todo el universo de llamados resulta necesario a efectos de poder determinar si eventualmente hubo variaciones en los flujos de comunicaciones en las cercanía a los hitos individualizados", concluyó la magistrada en la resolución. La medida de prueba sobre los teléfonos y las comunicaciones fue objetada por las defensas de Macri y de Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana y José Torello.
Orlando Terranova (hijo).
Gustavo Urquieta es el abogado defensor de Rodríguez Simón. Planteó la nulidad para que no se entrecrucen los registros de llamados con los antes mencionados, pero también están mencionados en la investigación Nicolás Martín Caputo, Mario Eugenio Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad, y Leandro Germán Cuccioli, y los empresarios Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Jorge Rosner.
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Servini ordenó la prueba el 6 de julio pasado y dispuso un entrecruzamiento de llamados entre Macri, Rodríguez Simón, Quintana, Torello y los ex titulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli, entre otros, para establecer si se comunicaron en las fechas en que los denunciantes Fabián De Sousa y Cristóbal López afirmaron haber recibido presiones o advertencias de dictado de medidas contra el grupo Indalo, grupo ahora en el foco de la tormenta por el plan de moratoriaa del gobierno que beneficiará, según dicen en la oposición, a Cristóbal López.
La jueza Servini de Cubría.
La medida ordenada, sostuvo Servini, no está entre aquellas que pueden ser recurridas por las partes y tiene como objetivo determinar además "los abonados telefónicos que fuesen usados por los imputados y no estuvieran a su nombre; ello considerando la gravedad de los hechos que se investigan, que involucrarían a una parte importante de altos funcionarios del gabinete del anterior gobierno nacional".
Ver: Macri le pidió a la Justicia que no investigue sus celulares
Servini descartó además el argumento usado por las defensas vinculado a una supuesta violación a la "seguridad nacional".
Cristóbal López.
"Tampoco se encuentra fundado el argumento que la medida de prueba violaría la seguridad nacional, ya que no se expusieron las razones que motivarían tal afirmación, más allá de la mera enunciación de las atribuciones constitucionales que tiene el presidente de la Nación", agregó en la resolución.
Ver: Así fue la declaración de Cristóbal López, clave para imputar a Orly Terranova
El primero en pedir la nulidad de la medida de prueba fue Rodríguez Simón, cuya defensa sostuvo que lo ordenado era "innecesario, inadecuado y absolutamente desproporcionado a sus fines, y violentaba el derecho a la intimidad y privacidad".
Al adherir al recurso, el abogado del expresidente Macri, Pablo Lanusse, presentó un escrito en el que sostuvo que la decisión "aplicaba estereotipada y mecánicamente un medio de prueba sin la debida fundamentación, ni el análisis sensible que los derechos y garantías comprometidos exigían, como tampoco la función que ejerció Mauricio Macri durante el período de tiempo del cual quería obtenerse el registro de todas sus actividades telefónicas y su ubicación".
Lanusse aludió a la "indiferencia por las consecuencias que ello podría generar en cuestiones de seguridad nacional y de Estado que todo ello podría comprometer".
Servini ordenó determinar "los registros de comunicaciones con activación de celdas" en el período comprendido entre el 01 de enero de 2016 y 31 de agosto de 2019 y también confeccionar "un detalle de interlocutores comunes y frecuentes, y un entrecruzamiento de llamadas entre todos los involucrados.
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