Por ahora, sólo cinco sufrieron descuentos. Otros 21 pelean por no tener rebajas tras la ley impulsada por Rodolfo Suarez.
Los funcionarios que fueron a la Justicia para seguir cobrando sueldos altos
Luego de que saliera a la luz que algunos judiciales de alta escalafón cobraban alrededor de $400 mil sin ser magistrados, Rodolfo Suárez decidió enviar un proyecto a la Legislatura para reducir esos haberes.
Esto ocurrió en marzo pasado, aunque la sanción se dio el 10 de junio pasado. Desde ahí, solo cinco vieron afectado su sueldo, ya que otros 21 presentaron amparo de inconstitucionalidad y una cautelar para evitar que esto ocurra y de momento no han sufrido ningún descuento.
De los que iniciaron acciones legales 9 pertenecen al Ministerio Público Fiscal y 12 al Poder Judicial. En el grupo de los primeros que reclamaron a la Justicia están cuatro inspectores (Beatriz Chaves, Sandra Canese, Alfredo Clavel y Jorge Rubio), Gerardo González (hijo del exprocurador Rodolfo González); el contador Jorge Frigerio; el director del Cuerpo Médico Forense y Criminalístico, Javier Salinas Díaz; y los delegados del MPF en San Rafael (Mario Gabriele) y San Martín (Alberto Tonelli).
Mientras que los que iniciaron acciones legales dentro del Poder Judical hay ocho que pertenecen al equipo administrativo de la Corte y serían remplazados por el futuro Gabinete de la Corte.
Entre ellos están: Elizabeth Carbajal (cuyo caso fue el que destapó el escándalo), el secretario de Gestión, Carlos Quiroga Nanclares (sobrino del ex titular de la Corte Jorge Nanclares); la Administradora del Poder Judicial, Mónica González; la directora del Cuerpo Auxiliar Disciplinario, Beatriz Naves; la subdirectora de Contabilidad, Silvina Cataldo; el director de Contabilidad, Gustavo Abaca; el director de Informática, Mariano Cano: y el jefe de Recursos Humanos, Hugo Correas.
Por último, se encuentran quienes trabajan en la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia: la directora del área, Milagros Nolli; la subdirectora de Derechos Humanos Eleonora Lamm; el subdirector de Niñez, Adolescencia y Familia, Javier López Maida; y la subdirectora de Ejecución Penal, Romina Cucchi.
Ver: Dalmiro Garay fue elegido como nuevo presidente de la Corte
Las acciones ante la Corte fueron dos: una declaración de certeza y un pedido de inconstitucionalidad. Aunque también hay una medida cautelar para que sigan cobrando como venían haciéndolo, hasta que la Justicia lo resuelva.
Hasta el momento ninguna de las acciones tiene fecha de resolución, incluso el pedido podría llegar hasta la Corte nacional con tal de encontrar un fallo favorable, de todas modos en caso de no hacerlo se seguirían extendiendo los plazos.
Ver: Nota al pie: Cómo llegó Day, cómo se fue Nanclares