Los bloques del PJ, Protectora y el Frente de Todos denunciaron ayer adjudicaciones con irregularidades en un acueducto y en Vialidad,
Comunicado de Godoy Cruz ante denuncia de irregularidades
A fines de enero de este año, senadores del Bloque del FDT - PJ, Lucas Ilardo y Florencia Canali, se reunieron con miembros del Sindicato de Trabajadores Viales (SITRAVI).
En ese marco, requirieron la creación de una Comisión Investigadora, y citaron al titular de Vialidad, Oscar Sandes, para que brinde explicaciones por la supuesta malversación de los fondos públicos en la cartera a su cargo, tal cual publicó en su momento el Post.
Entre los involucrados se destacaría la responsable de Recursos Humanos, Corina Gallardo, una de las personas que trabajaba desde hace años con el administrador general de Vialidad, Oscar Sandes; la tesorera, Juana Miriam Nancy Herrera, y el ex jefe de Mesa de Revisión ya fallecido, Jaime Obrador.
Ilardo, uno de los impulsores de la denuncia
Ello derivó en una sanción del Tribunal de Cuentas de Mendoza, esta misma semana, de acuerdo a lo publicado por este diario.
En ese contexto, la municipalidad de Godoy Cruz emitió un comunicado que puntualiza que, "atento a lo señalado por legisladores del Frente de Todos en relación a la situación que reviste la agente Corina Gallardo en el Municipio de Godoy Cruz consideramos importante realizar algunas consideraciones".
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Acto seguido, el documento reconoce que Gallardo "efectivamente tiene un cargo de planta en esta Municipalidad que fue reservado cuando pasó a cumplir funciones en la Dirección Provincial de Vialidad".
Sin embargo, "una vez concluido su vínculo con esa dependencia provincial la agente regreso al municipio y fue reincorporada y destinada a prestar servicios en la Secretaría de Desarrollo Humano, porque no había ninguna inhibición en su contra que lo impidiera, atento a que como todo empleado público tiene estabilidad en su cargo de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 5892".
Oscar Sandes, de Vialidad
En segundo lugar, el documento sostiene: "No somos ajenos ni desconocemos las sanciones que desde el Tribunal de Cuentas pesan sobre esta agente pública, pero debemos aguardar una resolución judicial al respecto".
Acto seguido, recuerda que la ley 5892 en su artículo 42 establece como causales de exoneración de un agente público:
a) delito cometido en contra de la administración en la que el agente presta el servicio;
b) resistencia a la autoridad o incumplimiento intencional de ordenes legales, en el servicio;
c) condena judicial por delitos dolosos en cuyos tipos penales, los bienes protegidos sean: la vida, la salud de la población, la propiedad pública, la seguridad o la libertad de los individuos.
Prosigue el comunicado: "En tercer lugar, y en virtud de la estabilidad referida en el párrafo anterior debemos esperar el resultado de la investigación penal pertinente, la que, en caso de contener en la condena, la accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos, cesaría en su cargo inmediatamente".
Y culmina: "Suponemos que los Legisladores de la oposición conocen la ley referida y en todo caso los instamos a que si lo consideran pertinente trabajen en una norma que modifique el estatuto del empleado público para poder resolver de una manera acabada situaciones de este tipo mientras se aguardan las resoluciones judiciales correspondientes".
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