La intempestiva decisión sorprendió a propios y ajenos.
Canicoba Corral presentó su renuncia como juez federal
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral presentó su renuncia al cargo y la envió al Ministerio de Justicia de la Nación cuando aún se desconocía si el oficialismo iba a enviar al Senado su pliego para renovarlo en sus funciones.
El magistrado venía este lunes de poner fecha a las indagatorias contra dos funcionarios claves de la gestión anterior acusados de haber favorecido a empresas del ex presidente Mauricio Macri en la causa de los peajes: el ex responsable de Vialidad Javier Iguacel y el ex Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías para el 16 y 17 de julio para escucharlos como sospechosos.
Al arrancar 2020 había tres jueces federales que permanecían en sus cargos desde el menemismo, pero con la muerte de Claudio Bonadio en febrero y ahora esta dimisión, solo queda al frente de su juzgado María Servini, quien este año cumple 30 años en el cargo.
Canicoba, uno de los jueces más cuestionados del fuero Federal
Fuentes judiciales informaron que Canicoba Corral presentó su renuncia con fecha del 29 de julio próximo, justo el día en el que cumple 75 años, por lo que un día después quedarán vacantes los juzgados federales 6 y 12, en este último es subrogante en reemplazo del hoy integrante de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires Sergio Torres.
En tanto, en el juzgado federal 6, donde está radicada la causa por el atentado contra la AMIA, del que el próximo sábado se cumplirán 26 años, se encuentra desde 1993.
Justamente aquel años, el entonces titular Miguel Guillermo Pons pasó a integrar un Tribunal Oral Federal y el 16 de junio Canicoba Corral fue designado para reemplazarlo.
En diciembre de 2003, la Cámara Federal apartó a Juan José Galeano de la investigación de la causa AMIA por considerar que el juez no era imparcial.
Una renuncia intempestiva
Fue así que tras la realización del sorteo, el expediente fue derivado al juzgado de Canicoba Corral y casi tres años más tarde, el juez ordenó la captura internacional de los siete imputados iraníes, en línea con el dictamen que había recibido del entonces fiscal Alberto Nisman (encontrado muerto el 18 de enero de 2015).
De esa manera, declaró crimen de lesa humanidad al atentado contra la mutual judía.
