Suarez enviaría esta semana su proyecto de ley para iniciar un proceso que reforme la Constitución de Mendoza. Sin reelección del gobernador, ni modificaciones sobre los institutos del agua.
Una reforma con más poder para la gente y menos para la política
Parece difícil pensar en algo más que en la plata y en el avance del coronavirus. Las preocupaciones de un gobierno no son muy diferentes a la de cualquier familia. Sin embargo, gobernar es mucho más que gestionar una crisis por enorme que sea, o hacer lo que hay, o lo que se puede.
Mientras existió la famosa "mayoría Kemelmajer", que ponía a las reformas constitucionales un piso de votos populares casi imposible de alcanzar, ningún gobernador consiguió reformas integrales. Sí, modificaciones puntuales. Pero nada que metiera la mano demasiado profundo en las instituciones pudo progresar. Ahora, parecería ser la oportunidad. La nueva interpretación de la Suprema Corte de Mendoza respecto de las mayorías necesarias para una reforma, dejarían la meta más cerca y a Rodolfo Suarez cerca de la línea de gol. Aquello ocurrió en agosto del año pasado, después que Alfredo Cornejo provocase a todo el andamiaje institucional de Mendoza, en noviembre de 2018, promulgando una reforma de 2009 que ponía límites a las reelecciones indefinidas. Luego de una larga batalla legal, la Corte permitió presentarse por última vez a los cuatro intendentes peronistas que se oponían a la promulgación de aquella enmienda. Luego de aquel paso, será Suarez quien tenga ahora la posibilidad de impulsar una reforma integral de la Carta Magna de los mendocinos.
¿La Constitución de Mendoza necesita ser reformada, luego de más de cien años? Es otra discusión y se dará en la Legislatura. El gobierno enviaría esta semana el proyecto que declare la necesidad de la reforma. Contendrá los enunciados generales, es decir, los "límites" en los que una convención constituyente debería moverse, una omisión expresa, y una prohibición. No habrá en el texto de la ley ni una letra que cambia el actual estatus del agua en Mendoza, ni de sus instituciones. Luego de la fallida reforma de la ley 7722 y de la reacción en la que decenas de miles de ciudadanos se rebelaron, nadie quiere volver a ver a la vaca y quemarse con leche. Ni arriesgarse a que haya una "ola populista" del agua y terminen determinando que no se puede beber, por ejemplo, o que se le debe rendir culto sagrado. Es una exageración, pero asuntos más extraños se han visto por el mundo en materia de hacer constituciones y leyes. Sí habrá en el texto del proyecto que declare la necesidad de reformar la Constitución una expresa prohibición de tratar un cambio al actual régimen de la reelección de gobernador. En esto, Suarez sería menos flexible que varios de sus antecesores. Entiende que parte del valor institucional de la provincia es -justamente- que el gobernador no puede ser reelecto. Y que siempre que se habló de reelección, los suelos reformistas se fueron al tacho.
La reforma que impulsará el radicalismo tendrá varios cambios institucionales de esos que "entran por los ojos". Bajar el gasto de la política es bueno, sobre todo cuando uno mira alrededor y ve el ruinoso efecto que tiene la cuarentena más larga del mundo en la economía. Será un desastre. Por eso, uno de los principales cambios de la próxima Constitución, si se avanza, será el de pasar de un sistema legislativo bicameral, a uno unicameral. Hay bibliotecas a favor y en contra de ambos formatos. Una legislatura de una cámara puede trabar una ley para siempre porque habrá poco espacio para negociar. Los temas debieran salir mejor debatidos en dos cámaras, aunque tampoco hay garantía de ello.
El proyecto contendría un fuerte avance en las autonomías municipales. Las comunas no pueden dictar sus cartas orgánicas y están regidas por una ley. Luego, habría modificaciones que le quitarán poder político a las instituciones y de alguna manera lo devolverán a la gente. La remoción de mandato y las consultas vinculantes serían dos de esas herramientas.
Cortando más profundo, otra de las ideas de Suarez para plasmar en el proyecto sería la de eliminar las elecciones intermedias, dar rango constitucional a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y el voto voluntario a chicos y chicas de 16 años. Algunas de estas ideas ya fueron plasmadas en los anuncios que hizo el gobernador el 1 de mayo, cuando abrió las sesiones ordinarias. A propósito de ello, la nueva Constitución contemplaría un período ordinario más largo, desde el 1 de marzo.
Además de estas reformas institucionales, bien harían el gobierno y la oposición en abrir la discusión a los nuevos derechos del consumidor, y a los derechos de cuarta y quinta generación, que son los derechos digitales, al acceso a la sociedad de la información, al espacio radioeléctrico, a la informática, al habeas data, a las nuevas tecnologías, a la seguridad digital. De esto, nada se ha dicho aún. Sería una pena perderse la oportunidad.
Los pasos políticos
Si el gobierno envía el proyecto que declare la necesidad de la reforma esta semana, habrá casi un año para conseguir en la Legislatura la probación por dos tercios de ambas cámaras. Ello permitiría votar en las próximas elecciones de legisladores provinciales, el año que viene, a favor o en contra de esta ley. Si Suarez lograse dar estos pasos, podrá luego convocar a elección de convencionales, y ponerlos a trabajar en una nueva Constitución.
Hoy los acuerdos con el peronismo parecen lejanos. La relación entre el gobierno de Cambia Mendoza y el planeta panperonista local es casi inexistente. Nula por completo. El PJ vota hoy por el "no" a casi todas las iniciativas del oficialismo. Las discusiones por el reparto de fondos nacionales y por Portezuelo del Viento, ajustaron más las tensiones en la relación. El desbarajuste que armó ATE en la Ciudad de Mendoza con algunas complicidades kirchneristas empeoraron las cosas. Deberá negociar mucho el gobierno para que el peronismo -habitualmente reformista, al menos en lo declarativo- preste sus votos a una ley para reformar la Constitución de Mendoza. Sin votos peronistas en la Legislatura, sería prácticamente imposible.
¿En qué nos cambia la vida? En que tendremos instituciones más dinámicas, más certeras, más rápidas, menos tiempo para la "rosca", y por sobre todo, los ciudadanos de a pie podremos opinar de modo vinculante en los asuntos públicos que nos afectan: la seguridad, la educación, la matriz económica, o la forma en que nos gobernamos.
Podría ser una oportunidad histórica.