Son agentes de la AFI y funcionarios durante la gestión de Macri.
Estos son los delitos por los que están acusados los espías detenidos
El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena acusó a los detenidos en la causa por presunto espionaje ilegal desde la AFI en el macrismo, de ser parte de una "organización con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local" dedicada al "uso abusivo y sistematizado de medios investigativos ilegales". Entre los presuntos líderes de estaba "banda" está Darío Nieto (Foto), exsecretario privado de Macri.
Los cargos se desprenden de la imputación leída ayer a los acusados indagados y en la que se les atribuyó ser parte de "una organización con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, integrada por una cantidad indeterminada de personas, entre quienes se encontraban funcionarios públicos y agentes de distintas Fuerzas de Seguridad y de Inteligencia", informaron a Télam fuentes judiciales.
"Esta organización se habría dedicado, mediante el uso abusivo y sistematizado de medios investigativos ilegales o bajo un aparente manto de legalidad, a la realización de seguimientos, toma de vistas fotográficas, obtención de video filmaciones, recopilación de datos y confección de informes personales", agregó la acusación del juez.
El momento en que los detenidos eran llevados a los calabozos.
También al "acceso ilegítimo a base de datos, a la infiltración en distintos grupos y organización sociales y a provocar el inicio irregular de investigaciones judiciales, entre otras maniobras ilícitas, afectando la intimidad de las victimas".
Ver: La estrategia de Macri: pasividad, refutación y apuntar a CFK
Además se habría colocado a las víctimas "en situaciones de vulnerabilidad, como ser el desprestigio personal, la violencia moral y la coacción psicológica, entre otras".
Algunas de las personas espiadas.
"Todo ello, tuvo por finalidad influir en la situación institucional, política, social, judicial y económica del país, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo", agregó la imputación judicial.
Ver: Espionaje ilegal: comienzan las indagatorias a los detenidos
La acusación sostiene que la actividad ilegal se habría iniciado en 2017 para obtener información ilegal sobre "acciones privadas, opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones religiosas, partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollaran las víctimas en cualquier esfera de acción".
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