Las reglas excepcionales y restrictivas que muchos aceptamos para combatir la pandemia de coronavirus, no deben aplicarse de ningún modo al derecho a la propiedad, la libertad de comercio o la vida política y social de los argentinos. El Caso Vicentin es una muestra de lo que el Estado no puede ni debe hacer.
Pandemiocracia
En nombre del control de la pandemia el presidente Alberto Fernández ha tomado atribuciones que competen al Congreso, a los gobernadores e incluso al poder judicial. Gran parte de la sociedad -nos incluimos- las hemos justificado y aceptado en el marco del estado de excepción que significó el coronavirus, sus tremendos riesgos y consecuencias, y la necesidad de tomar medidas urgentes y drásticas para evitar males mayores. Casi, como en un estado de guerra.
Sin embargo, el caso de la empresa Vicentin no tiene nada que ver con este estado de excepcionalidad. El gobierno eligió el último instrumento y más drástico, una expropiación a una empresa que fue previamente "intervenida" por el propio gobierno de modo dudoso. Todo ello, para resolver un problema para el cual el capitalismo progresista en el mundo tiene otros remedios económicos y legales. Había un concurso judicial en proceso, había inversores interesados, había posibles compradores, había (hay) un juez concursal.
No había ni urgencia ni motivos justificables para elegir caminos apartados de la ley y la Constitución. No se trata de una propiedad o un campo que se declara de utilidad pública y se expropia para hacer un dique, o una ruta. Se trata de un proceso irregular que genera dudas sobre convicciones muy básicas de la democracia y la República.
Una de las movilizaciones en contra de la intervención.
La arbitrariedad que han puesto en juego en el gobierno nacional para intervenir la empresa nos hace preguntar: ¿Querrá extender el método de gobernar por decreto y resoluciones a otros temas de la vida, por ejemplo la economía? ¿Estaremos ante una nueva versión del "Quedate en casa que yo te cuido", pero para temas que no tienen nada que ver con la pandemia?
Empecemos por lo actual. Mientras todos discuten, opinan y pelean, Vicentin ya es manejada por el Estado Nacional.
Fue intervenida discrecionalmente por Alberto Fernández a través de un decreto de Necesidad de Urgencia. Todas las decisiones de esta empresa que factura u$s. 4.000 millones al año, las toma desde hace unos días un funcionario designado por el presidente. Es Alberto Fernández a través del funcionario designado quien decide comprar, vender, pagar, o no pagar, qué hacer y qué no hacer en una empresa que no es del Estado ni está expropiada. Vicentin es privada. Tan privada como el comercio de la esquina de nuestro barrio o la casa donde habitamos. Ni siquiera se ha presentado al Congreso Nacional formalmente un proyecto que en caso de ser aprobado, habilitaría legalmente una expropiación. Pero en la práctica ya la maneja un interventor del Gobierno.
La intervención de una empresa privada por el presidente de la Nación, ya sea Vicentin, un drugstore, una bodega o un bar, no está prevista en la Constitución Nacional ni en las leyes de la República Argentina. El decreto 572 que la ejecuta no tiene fundamento legal, por lo menos en las leyes actuales. Recurrieron a una "ley" de expropiación de la dictadura que permitiría algo así como la "ocupación temporal anormal" del bien que se va a expropiar. Resulta atemorizante saber que bastaría un "anuncio" o intención de expropiar cualquier empresa, para que pueda ser intervenida por el gobierno nacional tomando el extraño "atajo" del caso Vicentin.
El presidente insistimos no puede firmar un decreto y ponerse a administrar empresas a través de sus interventores, cualquiera fueran sus motivaciones. Igualmente, los motivos profundos de la intervención de Vicentin, quiénes son los verdaderos autores de la iniciativa o las intenciones reales de este avance contra la propiedad privada, serían motivo de otro editorial. Los comunicados revolucionarios, el silencio de muchas entidades empresarias y las numerosas informaciones al respecto del proceso Vicentin no hacen otra cosa que generar más y más dudas incluso respecto del poder y la autoridad presidencial, que son claves en este momento del país en el que se lucha contra una pandemia y se negocia la deuda externa argentina. Alcanza con destacar que incluso el ministro de Agricultura de la Nación Luis Basterra reconoció no haber participado de las negociaciones, ni del plan, ni de las herramientas elegidas o la oportunidad para la "solución" al problema de Vicentin. Al ministro Guzman encargado de terminar de cerrar las negociaciones con los acreedores externos, no lo pudimos ver ni siquiera en una foto.
Los ataques a silobolsas se han vuelto recurrentes.
El avance recuerda inevitablemente a los duros enfrentamientos entre el gobierno y el campo en 2008, por la Resolución 125 de retenciones móviles, con consecuencias de desabastecimiento de varios meses en muchos productos, y una grieta política y social en el país de magnitud tal, que no se ha superado. Hay quienes en este marco comienzan a prestar oídos a personas que vienen advirtiendo sobre el modelo venezolano. Las expropiaciones del chavismo en aquel país resultaron un desastre.
Aparte de las motivaciones políticas y sociales, el presidente consideró que la empresa Vicentin había que intervenirla y expropiarla-aunque ya está en un proceso de concurso de acreedores y controlada por un juez - porque corría el riesgo de "caer" en manos extranjeras.
El "riesgo" de "extranjerizar" (textual usado incluso por el presidente) por la crisis financiera de la cerealera, sería un equivalente económico del "virus" que habilitaría al presidente a pasar por encima de las leyes vigentes y decretar la intervención y la futura, (porque insistimos todavía no hay proyecto en tratamiento en el Congreso) estatización de la empresa, a modo de "remedio" o de "vacuna".
Vale la pena detenernos un momento y hacer un paréntesis, para explicar que hay miles de empresas nacionales y extranjeras en dificultades. Muchas de ellas han llegado allí por manejos financieros poco transparentes de sus directivos, por errores propios y también por las consecuencias de la desastrosa macroeconomía argentina plena de recesiones, tasas de interés arbitrarias, devaluaciones repentinas, crisis recurrentes, y otras linduras que son responsabilidad -como mínimo- de los malos gobiernos de Cristina Fernández y Mauricio Macri. A los que luego se ha sumado la crisis aun mas profunda que causó la pandemia. Hay en el país empresas del sector metalúrgico, industrial, comercial, agroalimentarias, constructoras, de las comunicaciones, con situaciones de deudas pesadas. Incluso, en Mendoza y con el criterio seguido por el presidente, cualquiera de ellas podría ser intervenida primero y expropiada después , si nos basamos en el caso Vicentin.
El presidente y ministros, reunidos con directivos de Vicentin.
Sin embargo, en la República Argentina el proceso de una empresa en crisis que ingresa en el concurso de acreedores, no lo controla ni lo decide el presidente de la Nación, sino el Poder Judicial a través de un juez del concurso y un síndico nombrado para asistirlo y controlar. Este proceso que seguramente debería ser más rápido y eficaz, como casi todo en la Argentina, puede terminar en un plan de pagos con los acreedores, un arreglo de capitalización donde los acreedores desplazan a los accionistas y se quedan con las acciones de la empresa. Y en el peor de los casos sucede la quiebra, que es adonde nadie quiere llegar porque significa el remate de los activos. En el medio del proceso concursal, en varios momentos están abiertas todas las opciones para que intervengan terceros, eventualmente se organice un rescate de la empresa, con o sin los accionistas actuales. Lo importante siempre, para las leyes vigentes en la argentina, es la continuidad de la empresa más allá de la suerte de los accionistas.
Toda esta explicación es para poner en evidencia que las soluciones existen y que pueden implicar incluso el rescate de la empresa con aportes de nuevos accionistas públicos o privados. Pero no están en manos directas del Poder Ejecutivo, ni del presidente de la Nación. Al intervenir arbitrariamente la empresa, que ya estaba en concurso de acreedores, se pasó por alto el "detalle" de que un juez de la nación ya nombrado y trabajando, es quien debía conducir el proceso.
Como en toda la democracia, lo que parece un tema de forma es en realidad de fondo. Consiste en definir si a las leyes actuales se las respeta o se las gambetea. Si más allá del estado de excepción producido por la pandemia, vamos a tratar los problemas económicos con los instrumentos legales (que pueden ser mejorados y mucho), o de "prepo" en nombre de la soberanía alimentaria o cualquier otra causa "noble" que surja de las usinas del poder de turno. Democracia o "pandemiocracia". Los que invierten para hacer buenos negocios, generan a partir de allí empleos y confían en un capitalismo sano, sean de aquí o de allá, pero especialmente los de aquí, los argentinos, están mirando con suma atención, atentos y callados. Para ellos la propiedad de sus inversiones no es un tema menor, como no lo es para ningún argentino que llega a su emprendimiento, su comercio o su casa después de mucho esfuerzo, trabajo, imaginación, y toma de créditos. Y en nuestra región, países como Chile o Uruguay estarían gustosos de recibirlos para que lleven sus fondos y "extranjericen" sus economías. Mejor que lo tengamos en cuenta.
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