El diario oficialista publicó un análisis de cómo la expropiación beneficiaría al sector agropecuario y alimenticio.
El plan de Alberto para Vicentin, según Página/12
Vicentin se convertiría en una "empresa testigo" que, bajo control estatal compraría el trigo a los productores y administraría las ventas a la molinería a lo largo del año, facilitando al mismo tiempo las operaciones de exportación. Sería en amplio beneficio de los pequeños y medianos productores, con mejoras en las condiciones de comercialización y financiación en relación a las que imponen las cerealeras y las grandes industrias. También funcionaría como una herramienta de control de la inflación, al transparentar actividades y bajar costos, según publicó hoy David Cufré en Página 12.
Algunas de estas ideas forman parte de la propuesta que Alberto Fernández puso sobre la mesa esta semana. El objetivo es rescatar a Vicentin de la quiebra, desguace y probable extranjerización, y transformarla en un instrumento de gestión potente en los mercados de granos, aceites, alimentos y el dólar. Ese plan tiene como beneficiarios principales a los segmentos más desprotegidos del campo y a los consumidores. También es una forma de que la banca pública y el fisco recuperen la monumental deuda que dejó Vicentin, por la cual deberán rendir cuentas Javier González Fraga, ex presidente del Banco Nación, y el gobierno de Cambiemos.
La reunión de Fernández con directivos de la empresa
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La reacción en bloque de las cámaras empresarias que representan a los grandes capitales nacionales y extranjeros, como AEA, el Foro de Convergencia Empresarial y la Sociedad Rural, expone la trascendencia que le asignan a la transformación en marcha. Lo mismo hay que decir de la respuesta de las entidades pymes vinculadas a la producción para el mercado interno, que también salieron con fuerza, pero a respaldar la iniciativa.
El Gobierno tendrá que ser efectivo en la explicación de su proyecto a los chacareros, que por razones económicas y de interés sectorial deberían ponerse al frente de los apoyos, pero que en términos ideológicos en su mayoría son refractarios a cualquier intervención del Estado. La lucidez de la dirigencia agropecuaria que los nuclea y los caminos que encuentre el Gobierno para acercar al movimiento cooperativo y a los trabajadores serán factores decisivos para la implementación de la nueva Vicentin.
En cuanto a la Unión Industrial Argentina, en su reunión de junta de esta semana hubo gritos y peleas por la posición a asumir, ya que la movida del Gobierno proyecta un modelo de desarrollo con base en la agroindustria y derrame sobre distintas producciones fabriles, pero a los dirigentes de las empresas más grandes les gana su corazón liberal, el antiperonismo y el rechazo a la presencia del Estado en negocios y prácticas del sector privado, que opera bajo la ley del más fuerte. Esos grupos son al mismo tiempo propietarios de grandes explotaciones agropecuarias y sacan provecho de la desregulación del sector.
Desde el punto de vista del Estado, el Gobierno analiza que YPF Agro Vicentin determine valores de referencia para las exportaciones de cereales y oleaginosas. Ello pondría en evidencia maniobras de elusión y evasión impositiva por parte de las grandes exportadoras, la mayoría multinacionales, que generan un drenaje de divisas al exterior mediante la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones. Se sospecha que lo hacen de manera reiterada en operaciones de comercio intrafirma, algunas con sede en paraísos fiscales. Esa es una razón central de por qué el proyecto genera tanto rechazo entre los grandes exportadores del campo y sectores empresarios asociados.
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Otro motivo es que esas empresas apetecen los activos y mercados que manejaba Vicentin. De pasar a incrementar su posición dominante en el sector, a las grandes compañías como Cargill, Dreyfus, Cofco, Bunge, Noble, Aceitera General Deheza, entre otras, les está por surgir un competidor bajo dominio estatal que vendría a regular sus operaciones, controlar la liquidación de impuestos y el manejo de las divisas.
Otra idea en estudio para la nueva Vicentin es reconocer con mejores precios la materia prima de mayor calidad. El hecho de que los exportadores no trasladen un diferencial de precio por calidad al productor generó un deterioro constante de los granos argentinos, tanto en soja como en trigo, provocando un perjuicio en sus cotizaciones en los mercados mundiales.
Con una empresa testigo en manos del Estado se podrá facilitar la compra de insumos como semillas, agroquímicos y fertilizantes, disminuyendo los costos de producción y atenuando los perjuicios de prácticas oligopólicas de los proveedores de esos insumos. El objetivo de fondo es favorecer la exportación de manufacturas agroalimentarias con mayor valor agregado.
El Gobierno deberá trabajar intensamente para asegurarse los votos en el Congreso que le permitan aprobar la ley de expropiación. Tanto de legisladores propios como aliados. Es un proyecto bisagra como lo fueron en su momento las estatizaciones de las AFJP e YPF. Igual que entonces, se le oponen los aliados del PRO y la UCR, las grandes corporaciones empresarias y los medios de comunicación del establishment.
Las iniciativas del campo popular requieren la construcción de mayorías consolidadas para imponerse. Esta semana hubo una prueba de que ello es posible con esfuerzo, paciencia y perseverancia, como se vio con la aprobación de la nueva Ley de Alquileres. El desafío de la nueva Vicentin va por la misma senda.
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