La expropiación a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia

Ante la reciente exposición del presidente de la República, anunciando la intervención y posterior envío de una ley al Congreso para la expropiación de la empresa Vicentín, me es oportuno exponer lo que la Doctrina Social de la Iglesia, manifiesta sobre situaciones como la detallada.

Antes de adentrarnos en el tema de "nacionalización" de una empresa, es oportuno conocer lo que implica el principio de subsidiaridad que enseña la Iglesia Católica, para ello precisamos lo que enuncia el Concilio Vaticano II.

"Porque el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana, la cual, por su naturaleza, tiene absoluta necesidad de la vida social".

Por consiguiente, todas las instituciones, incluido el Estado y aún la misma institución religiosa, como al Iglesia, desde el punto de vista del fin trascendente de la persona humana, se hallan como medio; por lo que deberán en su actividad específica cuidar de no cercenar la libertad y responsabilidad de aquél a quien deben servir: el hombre.

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La formulación del principio, se halla también en la Rerum novarum de León XII. Dice así:

"Pues aun siendo verdad, y la historia lo demuestra claramente, que por el cambio operado en las condiciones sociales, muchas cosas que en otros tiempos podían realizar incluso las asociaciones pequeñas, hoy son posibles sólo a las grandes corporaciones, sigue no obstante, en pie y firme en la filosofía social aquel gravísimo principio inamovible e inmutable: como no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos ni absorberlos."

Este principio cubre todas las áreas sociales de la actividad humana: educación, económica, cultural.

Bien ahora ingresando en el tema propiamente que nos incumbe y que da pie a esta nota, y como antes hemos dicho que el Estado debe cumplir una función subsidiaria respecto de la producción y prestación de servicios. El principio es que esta actividad debe quedar en manos de la iniciativa privada. Por ello la Iglesia no apoya la llamada "nacionalización" o "estatización" de empresas, como sistema normal y ordinario. Conforme con el sentido común, solamente admite una intervención directa del Estado, cuando la actividad económica implicada, y su envergadura, escapan a las posibilidades de los privados o, de estar en manos privadas, produciría un serio trastorno al bien común y al orden público. Supuestos ambos que en el caso de referencia no se aplicarían, dado que los privados la vienen ejerciendo y de manera eficiente, dado que el sector agroexportador es el que mayor crecimiento ha tenido en el País y tampoco es un trastorno al bien común, por lo que quedaría descartado usar estos argumentos para expropiar. Juan XXIII expresó:

"Nuestra época registra una creciente ampliación de la propiedad del Estado y de las demás instituciones públicas. La causa de esta ampliación hay que buscarla en que el bien común exige hoy de la autoridad pública el cumplimiento de una serie creciente de funciones. Sin embargo, también en esta materia ha de observarse íntegramente el principio de la función subsidiaria, según el cual la ampliación de la propiedad del Estado y de las demás instituciones públicas sólo es lícita cuando lo exija una manifiesta y objetiva necesidad del bien común, y se excluye el peligro de que la propiedad privada se reduzca en exceso o, lo que sería peor, se la suprima completamente.

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Varios son los inconvenientes de la injerencia estatal en la actividad económica: a) la empresa estatal carece del vuelo creador del empresario; al frente de ella se hallan funcionarios que responden, la más de las veces, a planes políticos y no a objetivos planes de producción; b) al faltarle dinamicidad la empresa estatal tiende a anquilosarse y burocratizarse: no hay "riesgo" y, en el peor de los casos de que la actividad se torne deficitaria, el dueño, es decir el Estado, cubrirá el déficit con emisión monetaria o algún otro subterfugio incorrecto; c) el gasto público se incrementa hasta límites intolerables produciéndose una desestabilización monetaria que perjudica a todo el organismo social.

Por lo tanto como ciudadanos debemos defender la intromisión del Estado en asuntos que los privados pueden desarrollar y en el caso que haya inconvenientes, resolver.