Es falso que la construcción de la represa en Malargüe compensa "los daños causados en Mendoza por la promoción industrial". De lo contrario, Nación debería construir, cómo mínimo, 16 diques de la envergadura de Portezuelo del Viento.
Hoy en Memo: Qué paga Portezuelo del Viento
"No quiero financiar una obra que es resistida por cuatro provincias", fue la frase de Alberto Fernández que disparó una serie de réplicas de todo el arco político de Mendoza, ya que los fondos para construir la represa Portezuelo del Viento son de la Provincia. Sin embargo, surgieron otros conceptos erróneos, vinculado con el origen de la deuda que mantiene Nación.
En primer lugar, es falso que los 1.000 millones de dólares que debe transferir Nación a Mendoza responden al daño que produjo en la provincia la promoción industrial. En este sentido, muchos cayeron en un error al remarcar este factor como el origen del reclamo que inició el exgobernador Arturo Lafalla.
De hecho, funcionarios, legisladores y cámaras empresarias destacaron este fin de semana, en diversos comunicados, que la construcción de Portezuelo del Viento representaba un resarcimiento por los daños que generó la promoción industrial en Mendoza. Si el argumento fuese válido, un dique como compensación sería una estafa.
¿Qué paga Portezuelo del Viento entonces?
Lafalla presentó una demanda porque la Ley de Promoción Industrial fue prorrogada en 1996 por decreto del entonces presidente Carlos Menem. El exgobernador, avalado por el exfiscal de Estado Pedro Sin y el exasesor general de Gobierno César Mosso Giannini, consideró aquello inconstitucional, y fue a la Justicia.
La promoción industrial fue legal hasta 1996 ya que había sido implementada a través de leyes, pero desde entonces, como fue prorrogada por decreto, Mendoza consideró que se transformaba en una herramienta inconstitucional. Por lo tanto, el reclamo que inició Lafalla no podía incluir los daños económicos retroactivos.
¿Qué se calculó? Se consideró que debía reclamarse lo que dejaría de percibir Mendoza en conceptos de coparticipación desde 1996 hasta el año 2000, año en el que la Ley de Presupuesto suspendió la promoción industrial (no se autorizaron más proyectos y a los beneficios que quedaron vigentes, Cristina Kirchner intentó prorrogarlos en 2010).
Posteriormente, con el paso del tiempo, se calculó que lo que dejó de percibir Mendoza en coparticipación entre 1996 y 2000 fue aproximadamente 1.000 millones de pesos-dólares. Así lo recordaron a Memo dirigentes políticos de activa participación en aquel entonces.
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Si, de lo contrario, el reclamo hubiese sido por lo daños económicos y fiscales que causó a Mendoza la promoción industrial desde su inicio, la cifra alcanzaría para financiar la construcción, como mínimo, de 16 diques como Portezuelo del Viento. Esto se puede concluir a partir de un informe que elaboró el Consejo Empresario Mendocino (CEM) en 1999.
En el libro "Impacto económico de los regímenes de promoción de las provincias de San Juan, La Rioja, San Luis y Catamarca", el CEM destacó que las pérdidas totales en nivel de actividad y recursos fiscales de Mendoza alcanzaron los 16.600 millones de pesos-dólares que deberían actualizarse (en 2019 se acordó entre Mendoza y Nación una cifra de 1.023 millones para construir Portezuelo del Viento y su forma de pago en cuotas).
Aquel informe, de todos modos, sirvió para respaldar el reclamo judicial de Mendoza, que comenzó a abandonarse durante los pocos meses en los que convivieron el gobernador Roberto Iglesias y Néstor Kirchner: en agosto de 2003, comenzaron las charlas para llegar a un acuerdo extrajudicial entre la Provincia y la Nación, que terminó de concretar Julio Cobos.
Afirman algunos de los que participaron de aquellas negociaciones que Kirchner, en todo momento, se mostró comprensivo con Mendoza: contaba que como gobernador de Santa Cruz había sufrido en carne propio los efectos de la promoción industrial en Tierra del Fuego. Finalmente, se acordó que Cobos retiraría la demanda judicial a cambio de la construcción de Portezuelo del Viento.
Después de 13 años, con trámites que se demoraron más de lo esperado, la Nación comenzó a pagar la deuda. Desde octubre de 2019 hasta ahora, depositó cerca de 37 millones de dólares, y debería pagar la próxima cuota el 8 de julio.
Sin embargo, a 30 días de la licitación, nuevamente surgió la incertidumbre. Ahora, a raíz de declaraciones del presidente Fernández que, además del blooper de confundir el nombre del río vinculado a Portezuelo del Viento, dejaron errores conceptuales graves de quien dependería la suerte de la obra civil más importante de la historia de Mendoza.
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