En el contexto de la pandemia se hizo una adquisición directa de elementos para pacientes intubados a un proveedor no autorizado y a valores superiores del mercado. La repuesta del Gobierno.
Fiscalía de Estado denunció compras con sobreprecios en el Lagomaggiore
El Fiscal de Estado, Fernando Simón, presentó una denuncia penal ante la unidad Fiscal de Delitos Económicos por la compra con presuntos sobreprecios en el Hospital Lagomaggiore. Se trata de la adquisición directa de diez cabinas de acrílico para el tratamiento de pacientes de la enfermedad Covid-19.
"De constatarse la irregularidad, el acto representaría un presunto perjuicio económico para el Erario Público y una presunta irregularidad administrativa por parte del o los agentes de la administración que participaron en los procesos", señalaron desde el órgano de control.
La transacción se concretó con un proveedor no habilitado, de acuerdo a los informado desde la Fiscalía de Estado. Y sobre todo "a un precio considerablemente superior a los valores de mercado". La operación fue concretada por el centro sanitario dentro de la emergencia sanitaria, social, administrativa, económica y financiera que nos rige desde hace más de dos meses.
Fernando Simón denunció corrupción en la compra de elementos pandémicos.
Las cabinas adquiridas, diez en total, son de acrílico y permiten al médico realizar la maniobra sin contagiarse de coronavirus.
La denuncia, que llegó al organismo de control daba cuenta de que las mismas se habrían adquirido a 24 mil pesos por cada una cuando el valor de mercado oscila entre los 7 y 9 mil pesos.
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Ante esta situación, la Fiscalía de Estado pidió al hospital que rindiera un informe detallado y documentado sobre la adquisición realizada, a la que hace referencia la denuncia.
Roxana Cabrera, directora del Lagomaggiore, junto a la ministra de Salud Ana Nadal.
Desde el Lagomaggiore respondieron que la compra fue en dos etapas y bajo la modalidad de "contratación directa con el marco legal que prevé el Art. 144 de la Ley 8706 y de los Decretos 1000/15 y 401/20".
Simón por su parte, para contrastar la valuación de las cabinas pidió una cotización a una empresa proveedora del rubro sanitario y le presupuestaron un precio de 6500 y 8400 pesos por habitáculo.
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El informe brindado por el Hospital, indica que la adquisición fue realizada a la empresa CUYUM. Desde la Dirección de Compras y Suministros informaron que se encuentra en estado inhabilitado desde marzo de 2018.
Los servicios sanitarios insumen muchos elementos que son comprados de modo directo por la emergencia.
El proveedor tampoco se encuentra preinscripto en el Sistema de Compras Electrónicas Comprar Mendoza, recaudo que es exigible para todos los procedimientos de contratación con llamado o publicación a partir del 1 de Marzo de este año. Además que, cuando solicitó su inscripción, lo hizo como empresa proveedora de agua y soda, descartables gastronómicos, artículos de librería y limpieza; no encontrándose ningún antecedente referido a la provisión de insumos médicos.
Primera conclusión
Para Fiscalía de Estado hay elementos suficientes para sospechar que la compra realizada por el Hospital, además de haberse realizado con un proveedor no habilitado y que no se dedica al rubro de insumos médicos, habría sido realizada a precios notoriamente superiores a los de plaza. Si es así abría un presunto perjuicio económico al Erario Público y una posible irregularidad administrativa por parte de ,los que participaron de la compra.
Monitoreo de fiebre del gobernador quien hace un seguimiento de la política sanitaria para controlar la propagación del coronavirus.
"Es por esto que decide realizar la denuncia penal -en base a lo normado por el art. 329, inc. 1) del CPPM - a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos en turno. Este artículo impone la obligación de todos los funcionarios o empleados públicos de denunciar los delitos perseguibles de oficio. Mediante la denuncia se solicita que se investigue si los hechos denunciados se encuentran atrapados en normas tipificadas por el Código Penal Argentino", dice el texto oficial de la Fiscalía.
Consecuencia concreta
El Fiscal de Estado envió una compulsa a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública para su intervención en base a lo normado por la Ley 8993, y al Tribunal de Cuentas de la Provincia a fin de poner en conocimiento el presente proceso de compra directa efectuado al momento de revisar lo actuado en el presupuesto para el corriente año.
El órgano de control que investigó los sobreprecios.
El organismo de control también envió la denuncia a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la pandemia que controla las medidas realizadas por el Gobierno dentro de la emergencia declarada con motivo de la epidemia por coronavirus, creada por la Ley 9.220.
Simón notificó a los efectores de salud pública y al Ministerio de Seguridad para que produzcan auditorias sobre las contrataciones directas que sean realizadas por la pandemia.
Investigación administrativa en marcha
Desde el Ministerio de Salud se informó que se abrió un expediente para auditar la operación de la compra de las cajas de acrílico. La auditoría urgente gubernamental arrojará un resultado que determinará si se abre un sumario administrativo para investigar al personal que intervino en la gestión.
Esta fase del caso está comandada por la directora de la Administración de la cartera de Salud, Sandra Tenerini.
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