La fiscal Susana Muscianisi elevó a juicio la causa principal del Caso Lobos. La investigación clave de este diario y de un grupo de abogados.El matrimonio no pudo justificar incremento de patrimonio por casi cinco millones de pesos. La prueba. Los testimonios.
Lobos y su esposa van a juicio por enriquecimiento ilícito
Pasaron cinco años, cinco meses y dieciocho días. Pero finalmente, la "causa madre" del Caso Lobos llega a juicio. La fiscal de delitos económicos Susana Muscianisi elevó el requerimiento de juicio oral y público contra el ex intendente de Guaymallén Luis Lobos y Claudia Sgró por enriquecimiento ilícito, luego que no pudiesen justificar un notorio incremento de sus bienes mientras fueron funcionarios de la Municipalidad de Guaymallén, por casi cinco millones de pesos. Una pequeña fortuna en términos del valor del dinero entre los años 2003 y 2015, período analizado por la justicia. En estos más de cinco años pasaron media docena de fiscales, varias dilaciones, imputaciones penales por corrupción, recursos que demoraron la investigación y un juicio con condena a prisión para el matrimonio, antes de llegar al caso principal.
La fiscal se apoyó en una cantidad de pruebas muy contundente y poco habitual en hechos de corrupción en la función pública.
En resumidas cuentas, apoyó la acusación en la investigación publicada por este diario el 4 de diciembre de 2014. "Así se enriquece un intendente" fue el título de aquel trabajo.
También se basó la fiscal en una amplia pericia contable forense, en requerimientos de la fiscalía de Estado, en declaraciones testimoniales, pero también en los dichos de Lobos. Incurrió en varias contradicciones que hicieron injustificable su patrimonio. Incluso confesó haber ingresado al país 200.000 dólares en negro. Pero fue desmentido por su ex esposa, y por un compañero de ruta en Canadá, donde dijo haber ganado ese dinero en 1987 y 1992.
En paralelo, junto a la investigación publicada por Mendoza Post, abogados conducidos por Carlos Varela Alvarez y dirigentes y apoderados del FIT presentaron dos denuncias penales, una federal y una provincial. Luego, el caso quedó repartido en varios expedientes en la justicia local. Uno de ellos ya fue juzgado, el de la "Mucama ñoqui", y hay otras imputaciones en distintas partes del proceso. Una por el alquiler fraudulento de vehículos, y otra por la contratación irregular de una planta de asfalto a una empresa, a cuyos dueños Lobos le había "comprado" un terreno. Por el caso de la mucama que era "empleada municipal" y no lo sabía, Lobos y su esposa ya fueron condenados. La suegra de Lobos María Elena Fernández cobraba puntillosamente el sueldo de "ñoqui" de la empleada doméstica. Sólo con ese caso, los Lobos-Sgró se hicieron de poco más de 440.000 pesos de la época. Uno de los testimonios recogidos por este diario en la investigación inicial, relata que la "lista" que era regenteada por Sgró y una de sus familiares desde el Concejo Deliberante de Guaymallén era de "30 hojas del tamaño A4".
El "Caso Lobos" instalado por este medio significó una bomba de profundidad en la política y en la justicia de Mendoza en diciembre de 2014 y durante todo 2015, año electoral. Luego de la publicación de varios meses de investigación legal, registral y periodística, poco tiempo después Lobos perdió las elecciones ante el radical Marcelino Iglesias. Es claro que mucha gente de Guaymallén sabía lo que pasaba en la gestión de Lobos.
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En orden de importancia, la causa de enriquecimiento ilícito elevada a juicio el viernes es la más importante de todas, porque revela el "modus operandi" y la forma en que se enriquecieron Lobos y su esposa. Uno de los testimonios relata cómo manejaban grandes sumas de dinero en efectivo. O que ella se compraba zapatos "de a diez pares". Los peritos que trabajaron en un allanamiento en la mansión del matrimonio, en la calle Tirasso de Guaymallén, se asombraron del lujo en su interior, del mobiliario, y del despliegue de recursos. ¿Quién necesita, de verdad, ocho pantallas de 55 pulgadas en su casa?
El que sigue es el video de la vivienda de Lobos, que luego sería peritada para esta causa. Lo filmamos con un drone en diciembre de 2014.
En la investigación se constató que Lobos viajaba seguido a Chile, donde compraba muebles de alto valor, y que lograba adquirir dólares de a 10.000 y de a 20.000 en plena época del cepo cambiario, cuando Cristina era presidenta.
En concreto, la fiscal dio por acreditado que Lobos no pudo justificar su incremento patrimonial por tres millones novecientos veintitrés mil noventa y nueve pesos, ($3.923.099) y en el caso de Claudia Verónica Sgró, no pudo justificar un enriquecimiento patrimonial de un millón dieciocho mil ochocientos treinta y siete pesos, ($1.018.837). Entre los dos, un total de 4.941.936 pesos.
Cuando la Fiscalía de Estado les pidió a los integrantes del matrimonio que justificasen su fortuna, en junio de 2017, hace tres años, el dólar cotizaba 15,67 para la venta. Como había libertad cambiaria, no había casi dólar blue. Aquel patrimonio sin justificar, a precio del "dólar blue" que compraba Lobos, significaría hoy unos 40 millones de pesos a moneda constante.
Los bienes
Mientras fue empleada municipal y luego funcionaria, Claudia Verónica Sgró construyó una vivienda de 620 m2 cubiertos en el lote ubicado en calle Tirasso n°4357 de Guaymallén, y adquirió un departamento ubicado en calle Cangallo 3862 PB de Guaymallén, un lote de 519 m2, del Barrio Sol Andino, manzana "C", lote 16, sito en calle Mathus Hoyos esquina Nuestra Señora del Carmen de Guaymallén, un terreno en el Loteo Nautilus Country Náutico, lote 79, el cincuenta por ciento de camioneta Volkswagen Amarok 2.0 TDI, el cincuenta por ciento de un Peugeot 308 Feline 2.0, el cincuenta por ciento de un cuatriciclo Can Am, modelo Outlander Max 800 R, y Gerenciar SA (sociedad de la que es accionista) adquirió un lote de 519 m2, del Barrio Sol Andino, manzana "C", lote 2.
En tanto que Lobos, entre el 28 de noviembre de 2003 y el 26 de noviembre de 2015 construyó la vivienda de 620 m2, compró un terreno de 1.666 m2 de superficie, ubicado en calle Tirasso n°4357 de Guaymallén, el departamento ubicado en calle Cangallo, cincuenta por ciento de la Amarok, cincuenta por ciento del Peugeot 308, cincuenta por ciento del cuatriciclo Can Am y Gerenciar SA (de la que es accionista) adquirió el lote de Barrio Sol Andino.
La causa refiere además numerosos bienes muebles que no fueron contados en la pericia, pero que son "de alto valor comercial".
En la decisión de la fiscal hay numerosas menciones a la investigación del Post. También, a la increíble cantidad de familiares que los Lobos-Sgró habían contratado en diversos puestos de la municipalidad. La comuna era su "pyme" familiar.
La prueba fiscal
El presente documento, es la elevación a juicio completa. Vale la pena detenerse en cada párrafo de las 35 hojas del documento. Hay allí una muestra cabal de cómo funcionaba la corrupción:
Lobos y su esposa fueron exonerados como empleados municipales, cuando la comuna tuvo acreditado el método de enriquecimiento a través de "ñoquis". Fue en marzo de 2016. En agosto de ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza le dio la razón al intendente Iglesias. Lobos y Claudia Sgró no podrían volver a ser empleados municipales. En esos días, se viralizó un audio en el que Sgró se quejaba amargamente de la situación:
El ex intendente de Guaymallén y su pareja podrían ir a prisión si son condenados. Ya fueron sentenciados por el caso de la "mucama ñoqui", un año atrás. El 9 de mayo de 2019 se dio la sentencia. Lobos fue condenado a cuatro años y medio de prisión y ella, a tres años y cuatro meses. No fueron a la cárcel, en tanto se tramitan apelaciones. Pero serán encerrados si se produce una nueva condena. El juicio por enriquecimiento podría ocurrir en diciembre, si es que el ex intendente apela el cierre de la investigación de la fiscal Muscianisi.
Además de la acusación fiscal, la causa por enriquecimiento cuenta con varios querellantes particulares. Los principales son los abogados Carlos Varela Álvarez, Lucas Fallet y Pablo Moreno, quienes participaron de la investigación que sustentó la denuncia. Técnicamente representan a Lorena Meschini, ex diputada radical y actual funcionaria del gobierno provincial. También son acusadores los que firmaron la denuncia original, el ex concejal Federico Telera (FIT), el ex legislador Héctor Fresina (FIT), el docente y ex legislador del FIT Martín Dalmau, el actual senador del FIT Víctor Da Vila, y el abogado Lucas Lecour, por Xumek. También es querellante el intendente de Guaymallén Marcelino Iglesias. En el juicio lo va a representar Armando Chalabe.
Por la Fiscalía de Estado, es parte acusadora también su fiscal titular y jefe del organismo, Fernando Simón.