La doctora que la atendió, mintió sobre las semanas de gestación, según publicó el diario Página/12, y no pudieron realizarle a tiempo la interrupción legal del embarazo.
Le negaron el aborto legal a una nena 12 años en Santiago del Estero
Una niña de 12 años deberá terminar su embarazo luego de que la médica que la recibió en la maternidad de Santiago del Estero mintiera en las semanas de gestación e impidiera que su embarazo fuera legalmente interrumpido.
En esa provincia, no existe un protocolo para la aplicación de la Interrupción Legal del Embarazo amparada en el Código Penal desde 1921. Por lo que el abordaje de los casos depende del criterio del médico que atienda cada uno.
En este caso, según publicó Página 12, la doctora María de los Ángeles Pereyra, coordinadora de la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) n°3 de Villa Griselda, fue la primera que mintió con la cantidad de semanas de gestación para evitar que le realizaran el procedimiento de ILE.
El 2 de abril la pequeña asistió al centro de salud dirigido por Pereyra donde la revisaron y la enviaron a hacerse otra ecografía a otro UPA y se la realizaron finalmente el 6 de abril. Esa ecografía arrojó una edad gestacional de 20 semanas.
Según pudo reconstruir la referente en Salud Sexual y Reproductiva de Santiago del Estero, nunca le brindaron la consejería en derechos sexuales y reproductivos que se le debería haber garantizado. Es decir, tanto la nena como su madre no recibieron información completa, adecuada y conforme a su autonomía progresiva contemplada en la Convención sobre Derechos del Niño (artículos 3 y 5) y el Código Civil y Comercial de la Nación (artículo 26).
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Esa consejería debería cubrir aspectos relativos al origen de ese embarazo, los derechos que la asisten, las opciones de acuerdo a la edad gestacional, los riesgos de continuación o interrupción de embarazo, y los apoyos posibles en cada caso. Esta información debe estar científicamente validada, ser oportuna y expresada en términos sencillos. La nena no está escolarizada.
Imagen ilustrativa
Pereyra demoró 18 días, casi tres semanas, informar a las autoridades provinciales sobre el embarazo de la niña que es considerado violencia sexual por ser menor de 13 años. El informe de Pereyra está fechado el 26 de abril pero llegó al Ministerio de Salud de la provincia dos días después. En ese documento informa que a la niña se le constató una gestación de 26 semanas. Es decir, mintió en la edad gestacional, agregándole seis semanas.
Además, dice que la niña "refiere haber estado de novia con un joven, y ahora ya no, negando la identidad del mismo". Y más adelante, detalla: "Con antecedente de transgresión alimentaria, se indica dieta y seguimiento, programándose control obstétrico". Es decir, se la trata como una mujer embarazada más. Aunque se aclara que "ante la irregular situación de una menor embarazada, se dispone parte a la comisaría del menor y la mujer N° 2". Nada más.
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Cuando el informe ingresó al Ministerio de Salud, teniendo en cuenta la información notificada por la médica Pereyra, se presumió que la niña ya tenía un embarazo avanzado, que entraba en la semana 30 de gestación, lo cual dificultaba la posibilidad de ILE, confiaron fuentes de la gobernación.
Con ese cuadro, intervino el área de Fortalecimiento Familiar de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y se decidió derivarla a un hospital de mayor complejidad, el Centro Integral de La Banda, la segunda maternidad más importante de la provincia, para que la atendiera un equipo especializado.
El 7 de mayo fue con su madre a atenderse y quedó internada por un día para realizarle los estudios necesarios y, con sorpresa, se descubre y constata que, en realidad, cursaba la semana 24 de gestación. Con esa información, se podría haber ofrecido una ILE. Pero el sistema de salud provincial, tampoco respondió a tiempo: ni siquiera se le brindó la consejería adecuada. La mamá, al día siguiente, dijo que tenía que regresar a su casa, donde había dejado a sus hijos pequeños, y firmó el alta voluntaria de su hija. Y se fueron las dos.
Recién el miércoles 13 de la semana pasada, fue convocado un tocoginecólogo especializado de la provincia que le dio garantías, siguiendo el protocolo de ILE de Nación, de que se estaba a tiempo para ofrecer la práctica a la niña.
Pero desde la dirección de Maternidad e Infancia se echaron para atrás alegando que en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, le dijeron que no era apropiada la práctica. Pero según consta en la nota de la periodista Mariana Carbajal, el 14 de mayo una abogada y una médica del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva elevaron a su titular, Valeria Isla, un reporte con todas las irregularidades que se habrían cometido en la atención de la pequeña, y recomendaron dar intervención a las autoridades competentes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social y la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para que adopten las medidas de protección para garantizar la preservación y restitución del ejercicio de los derechos "extremadamente vulnerados" de la nena.
La nena vive con su mamá, su padrastro y sus dos hermanos de 6 y 8 años. Se dedican a ser cartoneros y viven todos en una habitación muy precaria que alquilan, en un barrio humilde de las afueras de La Banda, a unos sesenta kilómetros al norte de la capital provincial. No tienen agua potable.
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