Se trata de dos empresas de venta de artículos para el hogar y cuatro supermercados que habrían demorado la entrega de productos y brindado información engañosa.
Imputaron a empresas por presuntas infracciones al consumidor
Dos empresas multinacionales y cuatro supermercados fueron imputados por presuntas infracciones a la Ley Defensa del Consumidor por incumplir con la entrega de sus ventas en línea y brindar información engañosa durante la emergencia sanitaria, informó hoy el Ministerio de Desarrollo Productivo. Se trata de Musimundo, Falabella y los supermercados Disco, Vea, Jumbo y Coto.
Según las denuncias que recibió la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC), esas firmas no cumplieron con las fechas pactadas para la entrega de los productos y operaron sin previo aviso o información al consumidor.
En el caso de repactar el envío, fue denunciado que volvieron a incumplir, o terminaron pidiendo al comprador que retirase los productos en la sucursal, indicó la cartera productiva.
Supermercados no habrían entregado los pedidos en tiempo y forma.
También incurrieron en supuesta información engañosa al advertir los consumidores, a través de avisos en sus páginas oficiales, que debido a las restricciones de circulación podían sufrir demoras en las entregas.
Sin embargo, las empresas poseen autorización para circular y realizar las entregas a domicilio, y son las que establecen los plazos y formas de distribución, ya que el consumidor sólo se limita a elegir entre las opciones informadas, aclaró el Ministerio.
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Aseguró que, según la Ley de Defensa del Consumidor, informar un plazo de entrega cierto es una obligación para todos los proveedores, incluso durante la cuarentena, y las leyendas o cláusulas que adviertan sobre posibles incumplimientos son abusivas y no están permitidas.
Las denuncias fueron ingresadas a través de la Ventanilla Única de Reclamos de Defensa de Consumidor y el COPREC, donde los usuarios refieren a la falta de obtención de respuestas por parte de las firmas.
"En el marco de la emergencia sanitaria y el aislamiento social preventivo y obligatorio, estas conductas colocan a las y los consumidores en situaciones de mayor vulnerabilidad y los deja a merced de plazos de entrega indefinidos", alertó el Gobierno.
Alberto Fernández había advertido a las empresas.
Sostuvo que también "inducen a error a los consumidores acerca de cuáles son sus derechos y, por lo tanto, pretenden desalentar los reclamos para que ellos puedan ejercerlo".
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Tras la imputación, las empresas pueden realizar su descargo y la SSADC determinará las sanciones que correspondan.
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