Incremento de Ingresos Brutos a bancos y entidades financieras: ley necesaria

 El sistema tributario es una pieza clave para definir el sentido del sistema productivo, establecer un esquema de incentivos dentro del modelo económico vigente y modificar la distribución de los recursos de la sociedad. El esquema más virtuoso que tuvo nuestro país fue durante la Industrialización por Sustitución de Importaciones, vigente desde 1945 hasta 1975, período durante el cual nuestro país creció y se desarrolló en términos industriales, creó infraestructura energética y civil que ha sostenido el crecimiento de las últimas décadas, llegó al pleno empleo de toda la fuerza de trabajo y logró la distribución del ingreso más justa y equitativa de la historia, una trayectoria coherente con la creciente participación de los salarios industriales en el ingreso total del país, que coronó al año 1974 como el año con más bienestar y más equitativo de la historia argentina.

Con la llegada de la dictadura militar los logros obtenidos tras años de industrialización e inclusión, en materia tributaria, económica y productiva fueron desmantelados. Se privilegió darle acceso a ganancias extraordinarias a las entidades financieras, en perjuicio de la industria y del poder adquisitivo de los trabajadores. El resultado de esta decisión, al elegir privilegiar al sector financiero por sobre el sector productivo fue desastroso para toda la economía: caída de más de 30% de poder adquisitivo de los trabajadores, y un aumento récord de la desigualdad y la pobreza, llevando estos indicadores hacia un nuevo piso más alto que la democracia argentina no ha conseguido eliminar.

El macrismo, en materia económica, siguió la misma senda que los gobierno militares, de los cuales es tributario intelectual y políticamente, pero también heredero en su ideología económica. El conjunto de medidas que implementó Macri a través de su equipo de gerentes importados a la política, tuvieron como resultado que la ganancia del sector bancario durante ese período fuera récord, y además, se diera en un contexto donde las pymes y el sector productivo nacional retrocedían de forma alarmante. El sector bancos e intermediación financiera fue el que más creció durante la gestión Cambiemos. A principios de 2019 crecía más del 8% mientras que la economía en su conjunto caía casi 1%. Cambiemos significó un muy buen negocio para muy pocos. En síntesis, las reformas instrumentadas por los gobiernos liberales, desde la dictadura hasta el macrismo, aumentaron la rentabilidad de los instrumentos y negocios financieros en desmedro de las actividades productivas que, en cambio, padecieron la brutal competencia importadora y altos costos financieros. Ese estado de cosas es lo que el mandato democrático de las últimas elecciones pidió modificar, para retomar un sendero de esperanza para nuestro país y de crecimiento con desarrollo e inclusión social.

Al doble desafío de lograr retomar el sendero al desarrollo y revertir el impacto de la recaída al modelo liberal que tuvo la Argentina con Macri, se le suma la irrupción de la pandemia mundial del Covid-19, con devastadoras consecuencias en la economía de todo el planeta. En términos políticos, la pandemia ha traído como resultado inmediato la caída del relato liberal que justifica la desregulación estatal y justifica la ley de la selva económica, donde los grandes y poderosos se salvan (con mucha ayuda estatal, y un "socialismo para ricos" y los pequeños se las arreglan solos y como pueden). Los resultados económicos de la pandemia se proyectan devastadores: Unos ciento setenta países (de los ciento noventa y cinco que existen) tendrán un crecimiento negativo en 2020. Una caída económica más profunda y abrupta que la Gran Recesión de 1929. En ausencia de la vacuna, la ciencia ha probado que la mejor medida para contener el virus disponible en todo el mundo es el aislamiento físico social preventivo, lo que tradicionalmente se conoce como "cuarentena". La temprana adopción del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en nuestro país, contribuyó a que, hasta el momento, según la evidencia científica disponible, la Argentina tenga los mejores resultados de Latinoamérica en la contención del coronavirus y su letalidad.

El actual Gobierno busca como objetivo principal llevar adelante la recuperación económica, productiva y social que la Argentina necesita para ponerse nuevamente en camino al desarrollo. Teniendo como base estos principios de gestión, el Gobierno del Frente de Todos, debe elegir sobre qué actores económicos distribuye las cargas de una crisis agravada por la pandemia y causada por el modelo económico liberal fracasado y a qué sectores decide proteger con su accionar. Queda en evidencia que por haber sido el sector bancario el más beneficiado en el anterior gobierno y durante todos los años de gobiernos liberales, desde la dictadura en adelante, es justo y deseable que sea este sector el que deba hacer el mayor esfuerzo para contribuir a mitigar el impacto que la crisis está teniendo sobre pymes y sector productivo.

A lograr este objetivo de distribuir las cargas de la crisis en beneficio de los más débiles apunta la ley de incremento de alícuota de ingresos brutos a bancos e instituciones financieras privadas impulsada por la Senadora Nacional Anabel Fernández Sagasti y presentada por la Diputada Provincial Laura Soto del frente de Todos. La ley consiste en un incremento en la alícuota de ingresos brutos del 100% para bancos e instituciones financieras privadas. La duración del incremento será mientras persista la emergencia sanitaria, social y económica causada por la pandemia del Covid-19. Con este aumento de los recursos podrá financiarse crédito para el sector pyme local y aumentar el consumo de toda la población con política fiscal expansiva, que es la política económica que permitirá recuperar el crecimiento para la economía provincial y así salir de la recesión.