Esta semana los presos de Boulogne Sur Mer realizaron una protesta para exigir el beneficio de prisión domiciliaria en el marco de la pandemia. Más de la mitad de las personas detenidas allí dependen de su juzgado.
Así piensa Sarmiento, el juez mendocino que decidirá las prisiones domiciliarias
Este lunes, y a días del motín en la cárcel de Villa Devoto, la única de Capital Federal, los presos alojados en la cárcel mendocina de calle Boulogne Sur Mer realizaron una protesta para exigir el beneficio de prisión domiciliaria. Los internos condenados por delitos menores o que están en situación de riesgo por la edad o salud, por temor a contraer coronavirus exigen ser llevados a sus domicilios con una pulsera magnética, a través de un hábeas corpus.
Cerca de 200 presos se subieron a los techos de la cárcel a exigir ese beneficio, una cifra relativamente pequeña teniendo en cuenta que la población carcelaria total de casi 3.000 internos.
Sobre este beneficio que exigen los convictos, el gobernador Rodolfo Suarez dijo que no está de acuerdo en que quienes cometieron delitos no estén encerrados.
Sin embargo, serán los jueces los encargados de revisar las demandas de los presos. Uno de ellos es el juez de ejecución penal, Sebastián Sarmiento, y de hecho más de la mitad de las personas detenidas en Boulogne Sur Mer dependen de su juzgado.
En diálogo con el programa Te digo lo que pienso que conduce Ricardo Montacuto por Radio Nihuil, Sarmiento explicó: "Hay grupos de riesgo en esta pandemia, por enfermedades y cuestiones etarias. Esto se replica también dentro de las cárceles. Lo que se ha establecido entre defensa, Ministerio Público y Suprema Corte es que los parámetros a tener en cuenta también tengan que ver con la condena de los delitos. Hay que tener en cuenta el riesgo sanitario, pero también otras cuestiones, como riesgo para la víctima, por ejemplo".
Para el juez, "esos parámetros son si el delito es mayor o menor a tres años, si los delitos son contra la integridad física o la integridad sexual o si la víctima a ha sido un menor. Allí, hay que generar un análisis profundo y puede ser un obstáculo para ese egreso o esa prisión domiciliaria transitoria".
"Se ve el tipo de delito, el informe médico y el informe social. Y si vive cerca o no de la víctima. En el caso de los procesados sin condena, también el riesgo procesal, si puede evadir las reglas de conducta", añadió Sarmiento.
"Los hábeas corpus colectivos que se plantearon solicitaron la prisión domiciliaria de todos, entonces se le explicó que no pueden ser planteados de manera colectiva, sino caso por caso. Le pediremos al servicio penitenciario que genere los informes, pero vamos a resolver caso por caso, y es lo que estamos haciendo", explicó el magistrado.
"Hay 400 expedientes de personas que podrían pedirlo, algunos lo han pedido y otros no. Yo he otorgado 18, de un total de 70 pedidos. La Dra. Gardey otorgó un tanto parecido", detalló el letrado.
Sarmiento contó que entre los pedidos analizados, "hay personas que dan domicilios en su propia casa, cuando cometieron delitos contra su propia familia".
Y ejemplificó un caso de "abuso sexual condenado a 12 años que propuso la casa de su ex esposa donde vive la criatura que abusó, ya adolescente y que sufrió los vejámenes. Además surgió de un informe que la amenazaba para que le siga llevando comida porque si no la denunciaba por abandono de persona".
"Si puede ser tratado dentro del penal y el delito es mayor a tres años, yo personalmente, lo rechazo".
También aportó el caso de "una persona condenada a delitos de violencia de género que tenía una condena de 7 años, llevaba un año, el hecho había sido grave porque la prendió fuego. Eso se rechazó, porque nuevamente se ponía a su expareja en una situación de temor. Además su informe psicológico era absolutamente negativo. Estaba en población de riesgo, pero puede ser tratado dentro del penal. Si puede ser tratado dentro del penal y el delito es mayor a tres años, yo personalmente, lo rechazo".
En ese sentido, Sarmiento agregó: "No le queremos generar a la sociedad un dolor de cabeza más, y merecen de parte de la Justicia una respuesta razonable, que es la que se está intentando dar".
Sobre las palabras de Rodolfo Suarez al respecto de este hecho, Sarmiento dijo: "El gobernador emitió su opinión pero fue respetuoso, dijo que era tarea de la Justicia. Y comparto el criterio".
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