Un juez hizo lugar al pedido de un anciano que expresó que la medida era discriminatoria.
Declaran inconstitucional la restricción de circulación para mayores de 70
Un juez porteño declaró en la medianoche del lunes la inconstitucionalidad de la resolución del Gobierno porteño mediante la cual se estableció la virtual prohibición de circular en la vía pública a personas mayores de 70 años, durante el aislamiento por el coronavirus, sin autorización previa de la administración de Horacio Rodríguez Larreta.
La medida fue dispuesta por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Lisandro Fastman, quien hizo lugar a un pedido de un particular que se vio afectado por la medida.
El magistrado sostuvo que "la imposición a todo adulto mayor de 70 años de edad de la necesidad de comunicarse con el servicio de atención ciudadana al número 147, previamente a hacer uso de la posibilidad de realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos, resulta una exigencia más gravosa para el colectivo de personas que para el resto de la población".
Las resoluciones de Larreta indicaban que los mayores de 70 años debían pedir autorización para salir de sus casas
Fastman mencionó las normas que protegen la libertad y la igualdad de las personas, como la Constitución Nacional y una reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El juez expuso en los fundamentos que si bien hay "buenas intenciones" en la resolución del gobierno porteño, ello implica "una discriminación en razón de la edad, que vulnera los derechos y las garantías del grupo etario al cual se encuentra destinada", ya que dispone "imponer una exigencia mayor y distintiva del resto de la población".
El juez aseveró que se ve "disminuida la autonomía personal y la capacidad de decisión" de ese grupo de personas "solo en función de la edad", según la resolución distribuida por el sitio iJudicial, de la Justicia capitalina.
Parte de la nota presentada por Lanzieri
La acción de amparo había sido interpuesta por Silvano Lanzieri, un ciudadano residente en el Gran Buenos Aires pero que sintió afectados sus derechos para circular por la Ciudad de Buenos Aires.
El mismo plazo fijó el magistrado para que el gobierno local se expidiera sobre la medida cautelar solicitada por Lanzieri, un jubilado que vive en el conurbano bonaerense pero cuestionó la imposición de obtener un certificado para circular por la Capital Federal.
El demandante, quien manifestó ser abogado y periodista, expuso que la resolución conjunta era "discriminatoria" y le "cercena los derechos constitucionales a trabajar y ejercer toda industria lícita", con "arbitrariedad, incongruencia e irracionabilidad manifiesta".
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