La Secretaría de Derechos Humanos había pedido prisión domiciliaria para el ex funcionario condenado, y para Martín Báez, por la pandemia. El gobierno se "desmarcó".
Alberto Fernández no "bancó" los pedidos para Jaime y Báez
El presidente Alberto Fernández recibió hoy en la Quinta de Olivos al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, en medio del cortocircuito que se generó entre el Ejecutivo y esa oficina por interceder ante la Justicia a favor de Ricardo Jaime y Martín Báez
Así lo confirmaron a NA fuentes oficiales, luego de que la Casa Rosada se despegara de las presentaciones que hizo Pietragalla, sin haber consultado previamente al Poder Ejecutivo.
El encuentro fue este lunes por la tarde, duró "muy poco", y luego la Secretaría publicó un comunicado, en el que salió a aclarar que nunca se refirió a la "culpabilidad o inocencia" de los acusados.
"Actuó a espaldas del Ministerio", señalaron fuentes del Gobierno a NA, y resaltaron que no estaban al tanto de la decisión de Pietragalla, que tampoco avisó -según las fuentes consultadas- al Ministerio de Justicia que encabeza Marcela Losardo, y a quien responde la Secretaría.
Este domingo se conoció que el secretario se había presentado como "amicus curiae" (amigo del Tribunal) de Ricardo Jaime, para apoyar su reclamo de prisión domiciliaria, en medio de su huelga de hambre, y este lunes se supo de su pedido sobre Martín Báez.
Horacio Pietragalla. Dicen que no consultó "hacia arriba"
"La SDH en ningún momento emitió opinión acerca de la culpabilidad o inocencia del Sr. Jaime, sino que simplemente se pronunció acerca de su derecho a la prisión domiciliaria", aclaró la Secretaría tras el breve encuentro en Olivos.
El caso de Jaime había generado fuerte repudio de la oposición y de los familiares de las 52 víctimas de la Tragedia de Once, por la que el ex secretario fue condenado a 8 años de prisión.
"Todas las presentaciones de la SDH se dan en el marco de sus funciones sobre el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, comunitarios y los derechos de incidencia colectiva en general, como así también la misión de coordinar acciones para la protección de los derechos humanos con el Poder Judicial", afirmó la Secretaría.
El famoso conteo de plata en "La Rosadita".
En un comunicado, agregó: "La SDH siempre actúa teniendo en cuenta que ejerce la representación del Estado Nacional ante los Organismos Internacionales de Derechos Humanos, por lo que debe defender internacionalmente el cumplimiento de los compromisos asumidos a través de los tratados internacionales de derechos humanos. Es por eso que cada presentación realizada -incluida la del Sr. Jaime- es elaborada señalando antecedentes de condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina por casos similares, para evitar que el Estado sea sancionado nuevamente".
Losardo analiza la situación de los presos
En medio de esa polémica y de los reclamos de decenas de presos por salir de las cárceles a raíz del temor de contagiarse coronavirus, Losardo encabezó este lunes a una videoconferencia para "analizar y evaluar" la situación del Servicio Penitenciario Federal en la pandemia.
"En el encuentro se evaluó el impacto de las medidas que impone la cuarentena en las unidades penitenciarias federales", indicó el Ministerio en un comunicado.
En ese marco, precisó que "los participantes intercambiaron opiniones y analizaron de manera conjunta cómo seguir trabajando de forma articulada para atenuar las dificultades que afectan a los internos y al personal del Servicio Penitenciario Federal".
Participaron del encuentro Ángela Ledesma, presidenta de la Cámara Federal Penal de Casación; Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación; Ariel Cejas Meliare y Andrea Triolo, de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
También formaron parte de la conferencia virtual Juan Manuel Irrazabal y Alan Iud del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura; y Paula Lipvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Losardo estuvo acompañada por la Ministra el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, y el subsecretario de Política Criminal, Pablo Barbuto.
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