Los errores que no deberían volver a cometerse

En esta suerte de cruzada nacional sin precedentes que afronta la Argentina en busca de defenderse del avance del coronavirus, el Gobierno, que venía liderado con cierto éxito la misión, trastabilló por primera vez y quedó expuesto a una oleada de críticas.

Las caóticas imágenes registradas este viernes en distintas ciudades del país, con miles de jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales encimados, formando largas filas para cobrar sus haberes o subsidios en entidades bancarias, significaron una voluminosa mácula para la gestión oficial en medio de la pandemia.

El propio presidente Alberto Fernández reconoció en las últimas horas que se molestó al ver lo que estaba sucediendo en la jornada en la que reabrían los bancos a pesar de la cuarentena y evaluó que no "cabe ninguna duda" de que "alguien hizo mal las cosas" para que se produjera semejante descontrol.

Y sí, claro que "alguien" cometió un error que no debería volver a producirse: el Gobierno, que no tomó los recaudos necesarios para evitar que tantas personas integrantes, además, de uno de los principales "grupos de riesgo" del virus Covid-19 terminaran ridículamente expuestas a enfermarse.

Según pudo averiguar la agencia Noticias Argentinas, Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se disgustaron con Alejandro Vanoli, director de la ANSeS, y sobre todo con Miguel Pesce, presidente del Banco Central, al considerar que "subestimó la situación" y resolvió de manera tardía que las entidades bancarias también abrieran sus puertas durante este fin de semana.

"Lo debería haber hecho antes", dijeron las fuentes consultadas, tras la reunión de urgencia convocada en la Quinta Presidencial de Olivos el viernes por la noche, al término de una jornada en la que el Gobierno recibió su primera oleada de críticas verdaderamente fuertes de parte de la sociedad desde que Fernández asumió como jefe de Estado.

Hasta ahora, la labor del presidente había cosechado un amplio nivel de aprobación, a partir de su decisión de tomar "el toro por las astas" frente a la pandemia y ordenar con celeridad medidas sanitarias tendientes a evitar una rápida propagación del virus, por más incómodas que resulten.

En momentos en los que el país transita por su tercera semana consecutiva de aislamiento social, preventivo y obligatorio, el tropiezo del Gobierno de las últimas horas con relación a los jubilados y pensionados animó incluso a otros sectores de la población, vinculados con la matriz productiva, a elevar su voz de protesta en medio de la cuarentena.

Por ejemplo, emprendedores y comerciantes dijeron que los bancos "ocultan" o "niegan" la existencia de los préstamos a tasa subsidiada del 24 por ciento promovidos por Balcarce 50 para que micro, pequeñas y medianas empresas puedan pagar sueldos y lidiar con la crisis por el coronavirus.

Desempleo, en alza

Además, pese al decreto 329/2020 del Gobierno que prohíbe por dos meses despidos y suspensiones "sin causa justa o disminución de trabajo y fuerza mayor", compañías de diversas dimensiones y rubros dejaron cesantes a cientos de empleados, decidieron recortar salarios o pagar los sueldos en cuotas.

Desde grandes automotrices (como General Motors) y constructoras hasta pequeñas pymes e importantes firmas que comercializan electrodomésticos (Garbarino, Musimundo) dispusieron drásticas medidas contra el personal como respuesta a la parálisis económica desatada por la cuarentena.

Es más, hasta guías turísticos del Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires fueron desafectados y ahora piden, con el amparo del decreto firmado por el Presidente -y publicado en el Boletín Oficial-, ser reincorporados.

El Gobierno, que tampoco ha tomado hasta el momento medidas que auxilien financieramente a micro empresas o comercios con apenas un puñado de empleados, como pequeñas tiendas que representan un único sostén económico (familiar) para los que allí trabajan, sin dudas debería robustecer su postura frente a las PyMES y grandes compañías que no cumplen con el decreto referido a suspensiones y despidos.

La Argentina ya venía transitando por una crisis económica, la que incluso jugó un papel preponderante en el proceso electoral del año pasado, pero en medio de esta emergencia sanitaria dejar cesantes a trabajadores y/o privarlos de disponer de sus salarios debería ser penado como un acto de crueldad, más allá de que no se respete una disposición oficial.

De cualquier modo, especialistas advierten que esta pandemia generará mayores dificultades para el país, con un aumento de la recesión, de la tasa de desempleo (era del 8,9% en el cuarto trimestre de 2019) y de la pobreza (que afectaba al 35,5% de la población a fines del año pasado, unos 16 millones de personas, con uno de cada dos menores de 14 años sumido en esa condición), entre otras variables.

Un dato que permitirá ilustrar en dónde estaba parada la Argentina antes de la pandemia se conocerá el próximo martes, cuando se conozca el índice de producción industrial manufacturero de febrero pasado relevado por el INDEC. La inflación de marzo se divulgará el miércoles 15 de abril.

Ya a partir de mediados del mes pasado, todo comenzó a cambiar en el país. Hasta aquel momento, las prioridades de la administración que lidera Fernández eran económicas; en cambio hoy, el principal objetivo de la Casa Rosada es preservar la salud de los 45 millones de argentinos, más allá de su grosero tropezón con los jubilados en los bancos: que no se repita. 

(*) NA, Especial para Mendoza Post