Es uno de los pueblos más castigado por las malas administraciones. Marcos Nuarte, Norma Trigo y otros ex funcionarios deben devolver cinco millones de pesos de sobresueldos al municipio. El dictamen completo.
Otro virus contagia en Santa Rosa: el caso sobresueldos
No cabe la sorpresa. Santa Rosa, muy empobrecida y estado-dependiente desde mucho antes de la pandemia, sufre de problemas institucionales y políticos de forma endémica, sobre todo en los últimos tiempos de Sergio Salgado, quien hasta conoció el frío de la cárcel por irregularidades en su gestión, y también en la administración de Norma Trigo y su mano derecha, el contador Marcos Nuarte. Trigo había sucedido a Salgado como presidenta del Concejo cuando el cacique peronista cayó preso, luego fue electa, y perdió la reelección a manos del peronismo y su candidata María Flor Destéfanis, ahora intendenta del departamento.
La novedad es que la Fiscalía de Estado dictaminó que Nuarte, Trigo y otros ex funcionarios deberán devolverle al municipio cinco millones de pesos, en concepto de sobre sueldos irregulares que se autopagaron sin pasar por el Concejo Deliberante. La norma fue secreta además. Por lo tanto, unos 70 ex funcionarios encabezados por Nuarte y Trigo, deberán devolver el dinero que cobraban a escondidas desde marzo de 2018, hasta que se fueron.
Además, la Fiscalía de Estado ordenó abrir compulsas penales, civiles, del Tribunal de Cuentas, y de Investigaciones Administrativas.
Para los detallistas, aquí van la decisión del fiscal, y el dictamen previo. Además, se pueden descargar aquí, y aquí.
La intendenta actual denunció el caso sobresueldos ante el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado. Antes, en diciembre, nos había contado el enorme descalabro financiero que había en el municipio, sobre todo por falta de documentación de casi todo. Por entonces, Flor Destéfanis estaba tratando de averiguar qué había pasado con unos diez millones de pesos que debían dedicarse a una planta de residuos.
Ex funcionario Marcos Nuarte.
El dictamen de la Fiscalía de Estado es severo. No tanto por el castigo en sí, deberán devolver los cobros irregulares y afrontar investigaciones civiles y penales, sino porque por primera vez un organismo oficial de control da cuenta de lo que pasaba en aquel departamento del Este durante la gestión de Trigo y Nuarte. Este auto aumento no tenía expediente previo, no estaba argumentado, no había dictamen jurídico ni contable que lo sustentase, no fue publicado. Y lo más grave, se arrogaron una facultad del Concejo Deliberante.
Es cierto que la nueva gestión derogó el decreto secreto de aumento, y lo cambió por otro. Pero lo hizo con el aval del Concejo y cumpliendo los pasos legales, antes de congelarse los sueldos.
Nuarte y Trigo fueron señalados más de una vez por irregularidades en la gestión. Incluso concejales de su partido, la UCR, denunciaron la corrupción que había en el departamento. La única respuesta de Nuarte, que fue secretario de Hacienda y luego de Gobierno, fue aprovechar su sitial de funcionario y los recursos públicos para enjuiciar a quienes lo denunciaban, o investigaban, como lo hizo este diario. En su gestión hubo supuestas irregularidades con compra de celulares a nombre de la comuna, con expedientes de "falsas compras" para pagarles deudas a proveedores, con la adquisición de un campo, con contrataciones de personas, con el montaje de una antena municipal para una radio, con una licitación de sonido , con la compra de guantes de trabajo y mayordomía, con una licitación de neumáticos... Una contadora de la comuna renunció por no compartir "por ética" procesos que veía... Luego, la historia de los audios "truchos" para hacerle decir algo a un juez de la Corte... Muchas de estas denuncias quedaron en pedidos de investigación que fueron cajoneados, otras siguieron curso administrativo e incluso penal... Todas fueron publicadas por el POST.
Tales eran la soberbia y la impunidad de la gestión, que poco antes de las elecciones Marcos Nuarte profirió insultos homofóbicos a un joven santarrosino, militante por derechos de las minorías sexuales. También se refirió de modo despectivo e insultante respecto de quien luego sería electa intendenta municipal.
La actuación municipal y la defensa vergonzante que hicieron cuando la nena Leonela Rosales murió electrocutada en una plaza departamental, merece una mención de descrédito aparte. Aunque debe reconocerse que la justicia produjo una condena.
Por suerte, con el tiempo y las investigaciones de organismos de control estatales e independientes, empieza a certificarse la verdad de cuanto ocurría en Santa Rosa.
A modo de aporte. Bien haría la intendente Destéfanis en destinar los cinco millones que recaudará, y que deben devolver los ex funcionarios, a la emergencia social y económica que se vive en el departamento. Los sufridos santarrosinos, estarán agradecidos.
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