El ex testigo protegido protestó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que su integridad corre peligro.
Vandenbroele denunció al gobierno por "ponerlo en riesgo"
Alejandro Vandenbroele denunció al ministerio de Justicia de la Nación y al Poder Ejecutivo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque "ponen en serio riesgo y vulneran mis derechos, fundamentalmente el derecho a mi integridad personal", en el marco de la difusión de su legajo reservado cuando era parte del Programa de Testigos Protegidos.
En su denuncia, el imputado en la causa Ciccone sostuvo que el gobierno de Alberto Fernández y el Poder Judicial atentan contra su integridad: "Desde el poder Ejecutivo y el Ministerio de Justicia y sectores encumbrados del Poder judicial ponen en serio riesgo y vulneran mis derechos (...) fundamentalmente el derecho a mi integridad personal desde que se divulgó mi legajo personal y confidencial en el Programa de Protección de Testigos", según el escrito que difundió el diario Clarín.
El acusado de ser el testaferro de Amado Boudou sostuvo que no cuenta con recursos judiciales adecuados para "protegerme de la acción del Estado en este momento, habiendo denunciado ante el juez que aceptó mi arrepentimiento la situación descripta pero temo una embestida imposible de ser repelida por él".
Por esta situación, Vanderbroele solicitó ante la CIDDHH que intervenga para que con dicho accionar "haga cesar esta situación por parte del estado argentino y requerirle la adopción de otras medidas o acciones estatales para preservar mi integridad física, moral y libertad".
La ex pareja de la mendocina Laura Muñoz había ingresado al Programa de Protección de Testigos de 2017, cuando decidió colaborar con uno de los expedientes vinculados al caso Ciccone. Por esta causa, Amado Boudou fue condenado a cinco años y 10 meses por cohecho y negociaciones incompatibles.