Lo hizo el Gremio de Judiciales.
Acusan a Corte de Mendoza de impulsar una reforma judicial "inconsulta"
A través de un comunicado de prensa, la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial, afirmó, tras conocerse la Acordada 29.480, que la Suprema Corte de Mendoza busca impulsar una reforma judicial de forma "inconsulta, antidemocrática y violatoria de los más elementales derechos laborales".
La acordada está firmada por el presidente de la Corte, Jorge Nanclares, y los ministros Omar Palermo y Julio Gómez, y plantea el acompañamiento de la reformas institucionales para "agilizar el servicio de la justicia" a través de la reasignación de recursos humanos y materiales para la implementación.
En ese contexto, la entidad declaró "el estado de alerta y movilización general del conjunto de las trabajadoras y trabajadores judiciales de la provincia, ante el intento de avanzar en una reforma judicial inconsulta, antidemocrática y violatoria de los más elementales derechos laborales".
Nanclares, uno de los firmantes de la acordada
Para los gremialistas referidos, "una decisión como la plasmada en la Acordada 29.489, de fecha 17 de febrero de 2020, no puede ser sino el resultado de un amplio, profundo, calificado y democrático debate de toda la sociedad mendocina. Y eso no ha ocurrido".
El documento advierte que, "a nadie escapa la gravedad de la crisis que atraviesa el sistema judicial argentino, tanto en el orden provincial como nacional. Frecuentemente atravesada por oscuros intereses económicos y políticos, carente de transparencia, y casi siempre lenta cuando no tardía en sus decisiones, la justicia reclama una urgente reforma".
"Pero eso", para la entidad, "no puede ser solamente el producto de tres miembros de la Suprema Corte provincial. El sistema judicial es parte del sistema democrático y su reforma compete a la sociedad toda. No basta con decir que se ha puesto la visión en el ciudadano. La reforma no puede ser el resultado de una elite de iluminados que miran a los mendocinos sino la obra de todos los ciudadanos a través de sus instituciones democráticas, el debate de las organizaciones políticas y sociales, y con la participación especial de las organizaciones vinculadas al sistema judicial, esto es el conjunto de la magistratura, los académicos del derecho, los abogados, los organismos de derechos humanos y los movimientos vinculados al quehacer judicial, y las trabajadoras y trabajadores judiciales sin excepción".
Palermo, otro de los firmantes
La Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial advierte que la Suprema Corte, "al contrario de lo que afirma la acordada en cuestión, no tiene las atribuciones para emprender sola esta tarea. Salvo que lo que se quiera es reproducir los errores cuando no el fracaso liso y llano en la implementación de las reformas ya realizadas, a espaldas de la ciudadanía y las instituciones democráticas".
Finalmente, sostiene que "la Suprema Corte no tiene las atribuciones para modificar las condiciones de empleo y trabajo de los agentes del poder judicial, sino que ello solo puede surgir de una comisión paritaria, tal y como manda la ley, y tal y como lo reconociera el propio Presidente de la Corte en una reunión con esta Asociación Gremial, y en la que se comprometió a poner en funcionamiento, sin que hasta ahora se haya cumplido con tal compromiso."
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