El título de esta crónica inconclusa termina siendo un análisis del estado de situación de la política partidaria local que define el destino de Mendoza.
Suarez puede ser un gobernador sin obra pública
Hace unos días decíamos que había una salida posible para que el gobernador Rodolfo Suarez tenga su primer presupuesto. Decíamos que se iba formando un escenario donde la oposición daría la conformidad para habilitar el refinanciamiento de los vencimientos de las obligaciones para este año, el mentado roll over. Decíamos también que el endeudamiento de 300 millones de dólares solicitado por el mandatario para obra pública quedaría fuera de este debate.
Decíamos que esos fondos podrían ser analizados en discusiones legislativas posteriores. Decíamos que hubo acercamientos entre el oficialismo y el partido provincial Protectora para que todo esto se diera. Y también decíamos que una tendencia acuerdista ponía al peronismo en la obligación de sentarse con ánimo de pactar.
Todo esto lo publicamos hace apenas siete días en una crónica donde se visualizaba un horizonte político para el Gobierno de cierto alivio aunque no renunciaba a tener dentro de la pauta de gastos ese préstamo que le permitiera avanzar en las tres obras que quedaron en la mesa de la negociación del año pasado.
El proyecto de tratamiento de residuos sólidos llamado Girsu (el más resistido de los tres por el PJ), la doble vía entre Junín y Rivadavia y el acueducto productivo de La Paz es el paquete de obras que reclama Suarez para tener "qué hacer" como gobernante. De otro modo será un administrador de la pobreza que nos acecha. Eso es lo que se observa del otro lado de la vidriera política. Es lo que se ve "ciudadanamente", si sirve y existe el término.
Durante este lapso de una semana se han sucedido reuniones de representantes de la Construcción con el Ejecutivo y con los referentes legislativos del peronismo (Lucas Ilardo y Germán Gómez fueron a la sede de la cámara de los constructores). Fue un lobby empresarial a favor del endeudamiento. Esta movida de una pieza "externa" no la tomaron bien desde el PJ y se quejaron de que Suarez mandaba al sector para presionar. Esto hizo que se estancará más cualquier tratamiento de acuerdo posible, de acuerdo a lo expresado por peronistas parlamentarios.
Entonces el peronismo insistió que el mandatario no blanquea el "desastroso" (presunto) estado financiero de la Provincia que le dejó Alfredo Cornejo. Entonces desde el radicalismo con una mueca argumentaron que en realidad no hay trato político sustentable con un negociador "roto" por dentro como es el PJ donde no hay postura uniforme y no hay interlocutores válidos, siempre de acuerdo con lo expresado por radicales parlamentarios.
Pero en contrapartida se ve un Gobierno que se muestra con reparos para exponerse ante la posible crítica pública y no expresa todo lo que piensa. Se retiene como sintiendo todavía el dolor de los moretones que recibió en diciembre pasado con la discusión minera que perdió. Lo digo porque el mismo Suarez se refirió esta semana a ese punto intentando cerrar ese debate y pensando en dar vuelta de página en su recorrido como gobernador.
Vamos al tablero
El actual escenario se ve similar al que desembocó en la ley del Fondo Cíclico del Vino en el gobierno de Alfredo Cornejo previo a la cosecha pasada, donde el sector vitivinícola clamaba por un rescate por el sobrestock vínico y con la uva ya madura en las viñas.
La diferencia es que el peronismo estaba en pleno proceso interno de definición de candidaturas y emergía con fuerza la figura de Anabel Fernández Sagasti quien terminó mostrándose determinante en la resolución de esa norma. Ergo, Fernández Sagasti se consolidó como precandidata a la gobernación y finalmente aspirante del PJ a disputar el poder provincial.
O sea hubo una motivación política partidaria que impulsó ese proceso que terminó favoreciendo a la producción vitivinícola.
En esta oportunidad el peronismo está en un proceso de fragmentación silenciosa. Esto es lo que se observa del otro lado del escaparate. Fernández Sagasti ya no tracciona tanto hacia afuera del peronismo porque la caída de su figura pública ha ido perdiendo legitimidad interna. El devaneo político que significó para ella el debate y la crisis por la reforma frustrada de la ley 7722, restrictora de la minería a cielo abierto en Mendoza la hizo desbarrancarse. La senadora nacional favorita de CFK primero apoyó la reforma de la ley y luego retrocedió al ver la contundente reacción popular contra esta modificación sin respaldo social.
Lo dicho, su figura pública se precipitó en la consideración ciudadana. Una medición no publicada le mostró una foto no deseada. Y su prestigio ante la dirigencia y militancia peronista, no kirchnerista, cayó haciendo un ruido sordo dentro del PJ.
Esa fisura pronunciada es parte del problema, dicen entre dientes peronistas que tratan de explicar su realidad como un efecto de la 7722. Y eso también repercute por ende a la hora presentarse con mensajes y líneas firmes para la negociación política en este caso el presupuesto.
Los intendentes, los legisladores y la conducción nacional del PJ en Mendoza deberían resolver sus dramas internos. Ser representantes del oficialismo nacional y sin dejar de ser oposición con aspiraciones a retornar a ganar la gobernación parece para el peronismo local un espejo roto donde su imagen se fracciona sin remedio.
En ese laberinto puede terminar sin poder salir el presupuesto de Suarez que a lo máximo que puede aspirar hoy por hoy a tener roll over para refinanciar los "pagaré" que tiene que enfrentar este año.
Esta parece ser una crónica inconclusa, con aire de análisis político de fin de semana, pero créanme, es lo que hay.