La Coalición Cívica busca que se disponga su reemplazo por la siguiente mujer de la lista respectiva, quien ocupó el 5º lugar en la lista de candidatos por el Tercer Distrito en las elecciones de junio de 2019.
Presentan amparo por el reemplazo de la banca que deja vacante Allasino
En las últimas horas, la Coalición Cívica ARI interpuso una acción de amparo dando inicio a la batalla judicial por el reemplazo de la banca que deja vacante Paula Allasino que asumirá como Contadora General de la Provincia.
"Atento a la renuncia de la Diputada Allasino, el amparo busca que se disponga su reemplazo por la siguiente mujer de la lista respectiva, es decir, por Daniela Stella presidenta de la CCARI Mza quien ocupara el 5º lugar en la lista de candidatos por el Tercer Distrito en las elecciones del 29 de junio del 2019, por lo que se deberá resolver en consecuencia en virtud del art. 37 de la C.N., Art.83 Ley N° 2551/59 y Ley N°9100 Ley de Paridad de género, solicitando, a su vez, medida cautelar para que la Cámara de Diputados se abstenga de tomar juramento a Emiliano Campos hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo", puntualiza la presentación.
Y añade: "La Ley de Paridad de Género del año 2018 reformó la Ley electoral del año 1959, estableciendo la conformación de las listas por hombres y mujeres en un 50%, por binomios, y el reemplazo de los candidatos por los subsiguientes del mismo género hasta el momento de la elección. El espíritu del legislador, fue, justamente, consagrar la igualdad real de mujeres para acceder a los cuerpos legislativos cumpliendo así con los abundantes tratados internacionales en materia de derechos políticos de la mujer suscriptos por nuestro país e incorporados a nuestro bloque de constitucionalidad".
Para Stella, "el problema de la legislación vigente es que deja un vacío respecto de las vacancias que se producen una vez proclamados los candidatos, pretendiendo la autoridad en materia electoral, según trascendidos periodísticos, que se resuelva aplicando lo previsto en la ley electoral de 1959, violando así el principio de progresividad y no regresividad de la ley, pues se pretender llenar un vacío de una ley que amplía derechos, con una anterior que los restringe".
"La justicia es la que debe poner luz en la situación, y llenar el vacío normativo con una interpretación integral del bloque de constitucionalidad de la República Argentina, siendo consonante con la jurisprudencia nacional y de cada provincia donde se han planteado recursos de este tipo. Este será el primer caso en la historia de la provincia que la justicia debe resolver en esta materia. Esperemos encontrarnos con jueces que estén determinados a la protección de los derechos políticos de las mendocinas", finalizó Stella.