Josep Luís Trapero será juzgado junto a otros tres altos cargos políticos y policiales por su colaboración en el fallido proceso de secesión de Cataluña de 2017.
Comenzó el juicio a la ex cúpula policial catalana por separatismo
El ex máximo responsable de los Mossos d'Esquadra (policía catalana) Josep Luís Trapero se sentó hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional de España, para ser juzgado junto a otros tres altos cargos políticos y policiales por su colaboración en el fallido proceso de secesión de Cataluña de 2017.
Trapero, el ex director de la policía catalana Pere Soler y el ex secretario general de Interior César Puig, están acusados de rebelión y afrontan un pedido de 11 años de prisión, mientras que la cuarta acusada, la intendente Teresa Laplana, está imputada por sedición, y enfrenta una posible condena de cuatro años de cárcel.
No obstante, en el inicio del juicio, el fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, anunció que valorará la modificación de la "calificación" de los hechos en el "momento oportuno", ya que una reciente sentencia del Tribunal Supremo español desestimó condenar por rebelión a los máximos líderes políticos del proceso de secesión.
Trapero será juzgado por colaborar con el procés.
En su sentencia conocida en octubre, el Supremo condenó por sedición con penas de entre 9 y 13 años, la máxima para el ex vicepresidente Oriol Junqueras, a los políticos y activistas catalanes que orquestaron el plan para celebrar un referéndum de autodeterminación bajo prohibición -que se llevó a cabo el 1 de octubre de 2017- y declararon la independencia de la norteña región, el 27 de octubre del mismo año.
A Trapero, el ex Mayor de los Mossos, la Fiscalía le atribuye un papel activo de colaboración con los planes secesionistas y, concretamente, se analizará sus órdenes ante las protestas que tuvieron lugar frente al Departamento de Economía catalán para evitar un operativo que pretendía desbaratar la logística del referéndum, y durante la jornada de la consulta.
Según la Fiscalía, el ex alto jefe policial tuvo un rol clave en la "pasividad de los agentes catalanes que facilitó la celebración del referéndum ilegal".
El Ministerio Público considera que la movilización de los policías catalanes fue "escasa", además de "inadecuada", y las directrices fueron "ambiguas" y contrarias a la orden judicial que prohibía la celebración del referéndum del 1 de octubre.
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