La Constitución Nacional establecio que debía reverse el régimen en 1996, pero nunca se hizo
Por qué la coparticipación federal es arbitraria
Luego de que el gobierno Nacional anunciara la quita de un punto de coparticipación al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otra vez la forma en la que se reparte la recaudación de los impuestos nacionales volvió a desatar la polémica.
Durante la gestión de Mauricio Macri, la Ciudad había recibido un porcentaje mayor para afrontar el traspaso de la Policía Federal. Ahora, para quitarlos, el Gobierno dice que la Capital ya cuenta con muchos recursos propios por habitante.
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En paralelo, y a pesar de ser el distrito con más recursos propios, el actual gobierno decidió revertir la política del anterior gobierno y restableció los subsidios nacionales a los servicios públicos del área metropolitana.
Según un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), "este entuerto se produce porque se considera imposible discutir un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos".
Esperando desde 1996
La Constitución estableció que un nuevo régimen de coparticipación debía ser sancionado en 1996, pero ya se está próximo a entrar a un cuarto de siglo incumpliendo con este mandado.
"Lo más pernicioso es que se hacen modificaciones a la coparticipación de manera opaca, discrecional y arbitraria a través de diferentes vericuetos legales y no a través de los canales institucionales", dijeron los profesionales de Idesa.
En el 2019, la distribución automática de impuestos entre la Nación y las provincias fue de 2,7 billones de pesos.
De este monto, el 40% fue a la Nación (que adicionalmente recibe el impuesto al cheque y los recursos de seguridad social y aduaneros) y el 60% se distribuyó entre las provincias.
Entre este 60% que fue a las provincias se observó que: Buenos Aires recibió el equivalente a $21 mil por habitante; la Ciudad Autónoma recibió $28 mil por habitante; el resto de las provincias recibió en promedio $48 mil por habitante, pero con sumas muy diversas.
Por ejemplo, Córdoba, Santa Fe y Mendoza reciben unos $35 mil per cápita, cuando Santa Cruz recibe $66 mil y Tierra del Fuego $108 mil.
Provincias con similar nivel de atraso, como Jujuy y Formosa, reciben $55 mil y $90 mil, respectivamente.
"La arbitraria distribución de la coparticipación es solo una parte de la mala organización del federalismo. La otra fuente de inequidad e ineficiencia es la forma en que se asigna el presupuesto nacional".
En este sentido, explicaron que, si bien la Ciudad de Buenos Aires recibe relativamente poca coparticipación, es la más beneficiada por el gasto público nacional, porque le paga la Justicia, la seguridad (con Gendarmería y Prefectura nacionales), obras de infraestructura (agua, cloacas y calles) y el subsidio al transporte público (trenes y colectivos).
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