Mineria: votemos para decidir

"En base al diálogo y la escucha de los distintos sectores de la sociedad, anuncio la presentación del proyecto de ley para la derogación de la ley 9209" (Rodolfo Suarez por Twitter el viernes 27 de diciembre de 2019).

Las reglas para convivir y desarrollarnos como seres humanos están en jaque permanente. También las formas de definir qué hacer como sociedad para garantizar la convivencia democrática. Eso nos pasa a las mendocinas y mendocinos. Ese es el desafío que subyace después de los traumáticos diez días diciembre. Ocurrió entre el martes 17 del mes pasado, cuando los manifestantes bloquearon la Legislatura exigiendo el archivo de la reforma de la ley 7722 (la "antiminera" o la "defensora del agua"), y el viernes 27, cuando el gobernador anunció la derogación de la modificación de la norma. 

Ese trayecto de tiempo quedó tatuado en este primer mes de la gestión Suarez.

De qué No se habla

A esta altura, dicen los colaboradores inmediatos del mandatario que después de este trance quedó probado que "Mendoza es antiminera y que hay que buscar otros caminos de desarrollo productivo y ampliar la matriz productiva".

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Otros aportantes a la causa gubernamental toman distancia de esa sentencia y  dejan una tenue luz de posibilidades sobre alguna resolución del conflicto que dejó pasmada a la "Mendoza toda", dicho en clave vendimial. Pero a la vez, admiten que "cuando alguien se quema con leche...".

Se nota que han quedado heridas, moretones, tejidos que se restituyen en la soledad de los despachos oficiales. Hay silencios que hablan en Peltier 351 después de este mes. "Son procesos, que hay transitar...", dicen en esos ámbitos.

De lo que Sí se debería hablar

Con ese clima, es que nos proponemos preguntarnos si lo ocurrido, es decir, la ida y la reversa de una idea del gobernante, tenía que resolverse de este modo. Nos proponemos preguntarnos teniendo en cuenta la consecuencia de un gobernador con su figura esmerilada rápidamente, aun habiendo planteado su propuesta minera en la campaña electoral,  y ahora ocupado en retomar la iniciativa política. Todo en una provincia que tiene los mismos problemas sociales y económicos y cada vez más acentuados.

Aprovecho el interrogante retrospectivo del abogado constitucionalista mendocino Ignacio Giuffre que se hizo sobre este entuerto desde Barcelona (allí se capacita en sistemas y métodos de participación directa de las democracias): "¿Es legítimo que normas tan relevantes como la 7722 y su reforma sean abordadas en muy pocos días y aprobadas mediante trámites abreviados?".

Con el resultado puesto, es una obviedad que no es legítimo porque tanto la primera 7722 allá por 2007, como la efímera y reciente 9209 que la reformó,  fueron sancionadas velozmente sin proceso de debate real. Y ni qué decir de la ley 9210 que abolió  la ley minera, para restituir a la antiminera. Es decir, no hubo debate real y todo se dio por presión social o por fuerza de lobby empresario. Es decir, la formalidad se cumplió pero el vacío de representatividad del Poder Legislativo fue evidente.

Qué hizo Suarez

Hay que reconocer que Suarez hizo una correcta lectura de la conmoción que se produjo y enmendó el error con alto costo político propio. Hay quienes lo criticaron con gestos y sin palabras. Son los defensores del procedimiento clásico político partidario que le endilgan falta de decisión y fortaleza para mantener la ley, señalan los defensores de Suarez.

El gobernador también fue fiel a sus compromisos electorales. Nadie podrá decir lo contrario. Puso el tema en debate en campaña y a las 13 horas de su juramento como gobernador, intentó concretarlo.

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Es entendible entonces que nos hagamos estos planteos quienes habitamos esta tierra agreste y cada vez más seca por los efectos del cambio climático y cada vez más necesitada de trabajo genuino por las persistentes crisis argentinas.

Qué quedó claro

También se entendió o por lo menos hay una sospecha colectiva que una sola actividad industrial y extractiva no solucionará por si sola estas debilidades económicas estructurales. Lo advierto porque hay quienes quedaron al borde del pensamiento mágico y ven a la minería como "la desdeñada hada madrina de Mendoza y desterrada por los 'duendes del vino' (es decir los bodegueros)". Imaginen esto dicho con la voz grave del Golondrina Ruiz resonando en el Frank Romero Day (Ruiz es el director del Acto Central de la Vendimia 2020 que no contará con la reina de Malargüe en repudio a la derogación de la ley minera).

Y como dice el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, dilecto discípulo de Alfredo Cornejo: "Lo que quedó claro es que la 7722 es una ley antiminera y no protege el agua. También quedó claro que no cuidamos el agua para consumo humano ni para el uso agrícola. Y también quedo claro que pasará mucho tiempo para que podamos tener un debate serio y responsable sobre esto".

Los ánimos se tensan cuando los memoriosos recuerdan que las encuestas preelectorales señalaban que la minería tenía un 65 por ciento de aceptación y eso fortalecía el argumento del actual gobernador. En medio del conflicto otra medición de emergencia mostró que el 73 por ciento estaba en contra de la minería.

"Operó el miedo entre la gente común", dicen los promineros. "La gente tomó conciencia del riesgo de la contaminación del agua pura", retrucan los ambientalistas. Por lo que se ve, la "falla" que resquebrajó todo desde 2007 sigue vigente, está en el subsuelo, tapada por lo legal.

La necesidad de saltar el cerco

Pongamos buena voluntad de saltar el cerco de la antinomia y con tiempo para reflexionar y buscar salidas, y no escapes de emergencia. Si decidimos tomar la iniciativa política y no usar una ley como la alfombra que tapa la basura (nuestros miedos), entonces es justificable defender los mecanismos de participación directa de la ciudadanía previstos en la Constitución Nacional. Que además deberían ser incluidos en la próxima, aunque recurrentemente postergada , reforma integral de la Carta Magna mendocina (otra promesa de campaña de Suarez). Esa norma fundamental vigente y emparchada desde hace más de un siglo.

Hablamos del plebiscito, el instrumento de la democracia directa e institucional que es útil para votar en casos en que cualquier gobierno, puede tener proyectos no resueltos por las vías tradicionales del sistema clásico republicano. Ni más ni menos lo que hizo Raúl Alfonsín para definir qué hacer con el tratado del Canal de Beagle.

De hecho hay huellas legislativas mendocinas que muestran intentos de crear  esta herramienta y esos rastros van a dar a los archivos públicos. Es el caso de un proyecto del actual presidente provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff quien en 2014 presentó una iniciativa para crear la figura del plebiscito "que no sería vinculante porque la Constitución de Mendoza no lo permite, pero sí su vinculación sería política", explicó.

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Jaliff presentó ese proyecto por el resurgimiento de la discusión minera por los movimientos a favor de proyectos extractivos y como nada prosperó y no se puso en riesgo la 7722, entonces ese expediente nunca fue tratado. O sea, legislamos a tracción de emergencias y conmociones.

Por eso insisto con la idea aunque resistida por todos los actores de la última contienda. Hay que darse un tiempo para debatir maduramente si la minería puede desarrollarse con los controles (reales y en funcionamiento) o no.  Y  luego que la sociedad puede decidir en un plesbicito qué  camino quiere seguir. 

A riesgo de ser criticado por los dos flancos está claro que este no es el momento de intentar salir de esta encerrona que nos imponen nuestros propios prejuicios. La batalla pública fue dura, pero hay que pensar cuál camino tomaremos como sociedad para las generaciones que nos suceden.

Debatamos y votemos

"Habría que hacer una consulta popular fuera de tiempos electorales para evitar contaminaciones partidistas", afirman algunos que se interesaron con la idea. Poner todas las garantías de transparencia política que podamos asegurar desde los estamentos del Estado y luego votar en un plebiscito, nos daría más dignidad como ciudadanos y ciudadanas,  porque seríamos capaces de resolver nuestras discusiones con racionalidad,  no sin antes debatir con pasión e inteligencias en ámbitos legales y públicos. 

Si esto se produce le daría más contenido y legitimidad al sistema de representación republicana a través de quienes fueron electos para decidir las cuestiones que son de interés público.

La defensa de los recursos naturales y esenciales debe sostenerse. Y crear empleo genuino y dominar el flagelo de la pobreza es la tarea que nos debemos.  Ambos son parte de un mismo cuerpo social que quiere y necesita desarrollarse.  Ojalá que no sea otro grito en el desierto.

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