Un plebiscito vinculante serviría para zanjar las diferencias entre las posiciones respecto de la minería. Una actividad segura y controlada, que -en nuestra opinión, será muy buena para Mendoza.
Una solución para el problema minero
La pobreza en Mendoza alcanza a poco más del 38 % de los mendocinos. Esto equivale a casi 400.000 personas en el Gran Mendoza pero podría ser de casi el doble considerando la provincia completa y la pobreza rural. Más de 66.000 mendocinos además son indigentes, pasan hambre, según la última medición oficial correspondiente al primer semestre de este año. La mayoría de ellos son niños desnutridos, de acuerdo al Observatorio de la Deuda Social de la Iglesia, dependiente de la UCA, esas cifras son hoy sustancialmente mayores.
En este contexto de pobreza y falta de trabajo genuino, inserto en el escenario mayor de una economía nacional muy comprometida, la obligación de un gobierno es tratar de ampliar las fronteras productivas, nuestra matriz, con generación de riqueza y trabajo genuino.
Y la minería, una actividad lícita, ofrece a Mendoza tal posibilidad. Por supuesto, con el cuidado del ambiente y del agua en todo su ciclo. Algo que la política mendocina no ha acertado a explicar desde hace varios años y gobiernos. Tampoco en los últimos tiempos hubo una estrategia para avanzar con la actividad, de modo de contar con el consenso social necesario. La única estrategia compartida por el gobierno y la principal oposición fue esta vez la de aprobar la nueva ley.
De todos modos, si el diálogo al que llamo el gobernador Rodolfo Suarez es conducente, hay una oportunidad. La minería terminará siendo buena para el desarrollo de Mendoza si finalmente se aprueba. Luego podría darse inicio a 19 proyectos mineros en la provincia, moviendo recursos por alrededor de 349.234 millones de dólares en valor bruto del mineral. Podrían generarse 17.550 puestos de trabajo durante la etapa de construcción de seis de los proyectos principales, y otros 39.240 en la etapa productiva, entre mano de obra directa e indirecta a través de los servicios.
Protestas e incidentes desde que se sancionó la ley.
En los primeros cinco años con siete minas en producción podrían generarse 1.215 millones de dólares. La estimación adiciona consumos en bienes y servicios por 456 millones de dólares, y otros 342 millones de dólares en producción, por el compre local.
En cuanto a la recaudación del Estado, la carga tributaria directa anual alcanzaría los 114 millones de dólares. Pero la recaudación para la provincia sería de 213 millones de dólares.
Los sueldos de la minería, además, se registran muy por encima de la paga del agro y la agro industria, nuestra principal actividad, o de otras industrias privadas. El consultor Sergio Goldember recluta trabajadores para las mineras. Contó al programa "Te Digo Lo Que Pienso" que el salario promedio de un administrativo junior que recién se inicia en una minera, es de 70.000 pesos. Y de allí hacia arriba. Hemos visto en estos días a muchos dirigentes rurales preocupadísimos por el agua pura, aunque durante los últimos años -en los hechos- no han demostrado tanta preocupación por los salarios dignos y el trabajo informal de los empleados permanentes y golondrinas. A algunos parece que les preocupa más el agua clara que el trabajo en negro, los salarios de miseria y la explotación infantil. Todos estos, fenómenos en nuestros campos.
El trabajo infantil en el campo.
Es cierto que usamos muy mal el agua, pero ello no es responsabilidad de la minería. La flamante ley 9209 que ahora quedó suspendida, contempla la creación de un fondo aportado por las mineras, para mejorar las técnicas y la eficiencia del riego. El 81 % del agua de Mendoza es para riego agrícola. La mitad se pierde por el "riego a manto", en canales sin impermeabilizar, y entre las fincas. Mendoza nunca se va a quedar sin agua por la minería. Esto es simplemente una mentira. La desinformación en este tema ha sido escalofriante. Utilizada malintencionadamente entre muchos militantes antimineros, para confundir y asustar a una parte de la población.
Chile y Australia viven la experiencia de la minería conviviendo con la agroindustria desde hace décadas. Más cerca de Mendoza, San Juan vive la minería desde hace años. En 2006 la economía de nuestros vecinos del norte exportaba por 645 millones de dólares al año. En 2011 lo hacía por más de 2.400 millones de dólares. Fue por el oro de Veladero, la mina que tuvo tres accidentes ambientales en 2016. Más otras dos minas de oro y plata. Por eso, hay que aprender de los errores y reforzar los controles. En 10 años, el estado sanjuanino recaudó más de 500 millones de dólares de aportes de las mineras. Y dieron 16.000 empleos directos. En San Juan la minería cambió la matriz productiva y se convirtió en un factor de desarrollo humano. Hubo problemas ambientales, claro. Como los hay a diario en la agroindustria mendocina, en la contaminación de los acuíferos y de los canales de riego con desagües industriales y en otras tantas actividades. Se trata de prevenirlos, evitarlos, y en caso de que ocurran, contenerlos. Pero está claro que la minería -como en todo el mundo- podría ser una herramienta útil para sacar de la pobreza a miles de mendocinos sumergidos en una situación penosa para ellos y sus familias.
Suarez y Abed reunidos con reinas vendimiales.
El debate actual sobre las modificaciones a la ley 7722 y la sanción de la ley 9209, suspendida ahora por tiempo indeterminado, se dio en un contexto de tal griterío social, que fue imposible atender argumentos. En esa turba de emociones que sacudió la provincia, la política republicana fue la gran derrotada.
La clase política de Mendoza permitió que con métodos poco democráticos, una ley propuesta por un gobernador elegido hace tres meses con el 52 % de los votos, y aprobada por una mayoría abrumadora legislativa, fuera suspendida en medio de una protesta social multifacética, muy mal informada, e influenciada por el miedo y por el accionar de los violentos.
El propio gobernador Rodolfo Suarez dijo ayer que hubo "mentiras" de sectores y dirigentes que se oponen a la minería. "No hay posibilidades de contaminación porque están todos los controles, con cierta tecnología que se está aplicando en ciertos lugares del mundo y nos da seguridad. No somos improvisados, la ciencia nos está diciendo esto" afirmó. Y luego pidió "...a la dirigencia, a los que se esconden en las redes, que no mientan. Jamás vamos a poner en riesgo el agua, la vamos a optimizar".
Todos queremos el cuidado del agua en primer lugar. Sólo que algunos no nos oponemos al desarrollo, sobre todo cuando no aparecen otras respuestas para los miles de pobres y desempleados que viven en nuestra provincia. En particular, es la minería, la que hoy puede mejorar y ampliar nuestra matriz productiva y dar trabajo.
Ahora, la pregunta es cómo se sale de este atolladero social, político, institucional y económico. Y la democracia siempre aporta respuestas. Aunque Suarez dijo ayer que prefería llegar "por consenso" a la aplicación de la ley, probablemente ello no sería posible. Porque el silencio de la propia clase política dio espacio a una crisis de representatividad, que explotó ahora con las modificaciones a la ley 7722.
Hemos vivido semanas tensas, violentas, cortes de ruta, incidentes, represión, y un feroz hostigamiento a personas a través de las redes sociales. Hay que frenar el desborde y el griterío social. Entonces, la salida más democrática, pacificadora, aunque sea para los espíritus democráticos, es la de realizar un plebiscito vinculante. Un referéndum para consultar a toda la población, respecto de la aplicación de la ley 9209. Garantizando a todos, anti mineros y promineros, el derecho de expresarse, con la mayor y mejor información disponible.
Suarez convocó al diálogo.
Ese plebiscito deberá ser absolutamente equilibrado en su publicidad previa. Otorgando amplia información a los ciudadanos, garantizando el acceso a los medios de manera equitativa a quienes promueven la minería, y a quienes están en contra. La consulta deberá ser muy clara en su planteo. Y por supuesto, debe ser vinculante. Para ello, el gobierno sólo debe apelar a la Constitución Nacional, y hacer la convocatoria. Sería una manera seria y democrática de superar esta grieta en la que ha caído Mendoza, muy especialmente, por impericia de la clase dirigente en la conducción de un debate tan urgente como necesario. Como hemos sostenido, un 40 % de pobres no puede esperar debates eternamente.
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