Para el Gobierno y privados es el proyecto de extracción de oro y cobre con más posibilidad de concretarse a corto plazo. Ya presentó la documentación y se disparó el proceso de evaluación ambiental. En ocho meses se llamaría a audiencia pública.
La minera San Jorge podría estar funcionando a fines de 2020
Primero fue el mismo gobernador Rodolfo Suarez quien puso en consideración los datos comparativos del consumo de agua y el rendimiento en cantidad puestos de trabajo a favor del proyecto minero. Allí expuso cuánto de ventajoso sería poner en marcha la mina San Jorge en el distrito lasherino de Uspallata.
Después, el ejecutivo empresarial prominero Laureano Manso explicó por qué el mandatario toma de ejemplo a la minera que piensa extraer oro y cobre en el valle cordillerano. Casi al mismo tiempo advirtió el ministro de Economía, Enrique Vaquié que ese era el proyecto con más posibilidades de ser habilitado para comenzar los trabajos de explotación con uso de procedimiento de lixiviación química.
Ahora se conoce como última novedad que ya comenzó el proceso de evaluación en la Secretaría de Ambiente y se estima que en el segundo semestre de 2020 se llamará a audiencia pública para debatir sobre el proyecto, por lo que se calcula, si no se produce ningún escollo que trabe el proceso, entonces estará la DIA y la posterior habilitación para fines de 2020.
Es decir, Suarez se proyecta a un año de su gestión marcada por la polémica de la incorporación de la minería a cielo abierto a la economía mendocina. Para ese tiempo espera estar en condiciones de mostrar su propósito principal como gobernante que es la generación de trabajo privado.
Por qué San Jorge
"Con el agua que se usa en 10 hectáreas de viñedos podemos desarrollar San Jorge, 10 hectáreas de viña generan un puesto de trabajo. Con San Jorge podemos generar 1700 puestos de trabajo aproximadamente. En Mendoza tenemos el 40 por ciento de la gente bajo la línea de pobreza. Se pueden hacer las cosas bien y lograr que esto no suceda", dijo Suarez apenas terminó la reunión con Alberto Fernández en Casa Rosada el lunes 16.
Después se conoció la conformidad del presidente a la aprobación de la reforma de la ley 7722, ahora identificada en la norma 9902.
"Es uno de los pocos proyectos que está factible. Si aprueban la Declaración de Impacto Ambiental, podría comenzar a trabajar. El gobierno sabe, al igual que nosotros, que es uno de los proyectos que más rápido pueden generar empleo, por eso lo ponen de ejemplo", señaló el delegado empresarial Manso al Post el lunes 23.
Un día después Vaquié ratificó en Radio Nihuil que la minera de capitales rusos, junto con otro proyecto en Malargüe, eran las iniciativas privadas con más chances de concretarse y que el Gobierno buscaría que haya prioridad para el empleo mendocino.
Finalmente el mismo martes 24, Miriam Skalani la directora de Protección Ambiental confirmó que el expediente de San Jorge en el circuito de evaluación ambiental. Pero lo más evidente es que este será el primer proyecto minero que no pase por la Legislatura para su concreción.
San Jorge ya está presentado en Escribanía de Minas y se hizo ya un chequeo de la documentación. El proceso de evaluación ya se inició. Tiene por delante unos seis u ocho meses de evaluación hasta llegar a la audiencia pública.
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Esto quiere decir que rápidamente deben ponerse en funcionamiento los instrumentos de control exhaustivo que impone la norma tan avalada y resistida en la misma proporción. Entre varias medidas se debería poner en línea y a disposición de los ciudadanos el portal informativo para el seguimiento del proceso de evaluación.
Datos dorados y cobrizos
1- El proyecto pertenece desde 2013 a la empresa rusa Aterra Group. Antes era controlada por la canadiense Coro Minning.
2- La mina está ubicada en el Valle de Uspallata.
3- Su potencial mineral es de cobre y oro.
4- Hace seis meses la empresa recalculó el proyecto que presentó en 2008 y volvió a presentarlo con una proyección de inversión de 500 millones de dólares.